Las consecuencias de la crisis económica por la pandemia del coronavirus, se estima, afectarían a las familias en el rubro más delicado: la salud. Más de 170.000 afiliados a obras sociales y prepagas en la Argentina pueden tener que pasar al sistema de salud pública debido a quedar desempleados en este año.
Los datos se desprenden de los 310.000 empleos destruidos en el periodo diciembre- abril, según el Ministerio de Trabajo, y de una investigación que realizó el sitio MiObraSocial.com.ar, especializado en coberturas médicas de Argentina, en donde se concluyó que el 55% de los nuevos desempleados no podrían pagar de su bolsillo un plan de salud ni optar por alguna alternativa como el aporte de monotributo.
De los 171 mil nuevos posibles dependientes de la salud pública, un 94% accedía a una obra social con los aportes de su antiguo empleo, mientras un 6% pagaba una diferencia para contar con los servicios de una prepaga.
“Siempre que la persona tenga una antigüedad laboral mínima de tres meses, tendrá derecho a continuar recibiendo su cobertura por otros tres meses desde la fecha de su desvinculación. Una opción para extender ese tiempo es el seguro de desempleo, a través del cual el beneficiario puede obtener una extensión de su obra social actual, entre otras cuestiones, por hasta 12 meses”, explica Ignacio Cámpora, uno de los fundadores de esa plataforma especializada.
Otra fuente -el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA)-, afirma que se registraron 1.050.000 nuevos desocupados durante el primer y segundo trimestre de este año, incluyendo empleo formal e informal. Una cifra similar estima la consultora Ecolatina, que, en un estudio reciente, informó que la tasa de desempleo habría superado el 15% en el segundo trimestre.
Es necesario que el gobierno nacional -que ha tomado medidas de emergencia en otros rubros- encare una solución -al menos por la duración de la emergencia- en este tema clave para las familias argentinas.