El ahogo económico extendido por el efecto de la pandemia, que todavía provoca fuertes coletazos en la economía informal, se combina ahora con las señales de ajuste que comenzó a emitir el Gobierno. En particular, la confirmación de que no habrá otra vuelta de IFE (el beneficio, en rigor, caducó en septiembre) pega de lleno en el consumo de los barrios populares.
Cerca de Alberto Fernández saben que deben tomar la temperatura social minuto a minuto, conforme crece el malestar en movimientos sociales e intendentes. Y aunque los más importantes están cercanos políticamente al Frente de Todos, los movimientos sociales comenzaron a alertar sobre el «estado de indefensión absoluta» que tienen los sectores que se quedaron sin el IFE. Atento al clima de disconformidad que se viene gestando, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, convocó el viernes por la tarde a referentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
El funcionario les dijo que está en estudio un bono de fin de año y coordinó una nueva reunión para la semana próxima, con la expectativa de que ese punto esté resuelto. La decisión dependerá de lo que defina el gabinete económico liderado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el nuevo promotor de la reducción del gasto público.
«Quedamos a la espera de una nueva reunión donde podamos avanzar en algunas cuestiones concretas que no dependen solo de Desarrollo Social sino de la decisión económica del Gobierno, como es el bono de fin de año», dijo a la salida del encuentro Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán.
Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Juan Grabois, dijo: «Vemos con una enorme preocupación los anuncios de Guzmán. Venimos haciendo notar que no nos parece una medida correcta sacar el IFE ahora porque, aunque la cuarentena se haya flexibilizado, los sectores populares no volvieron a moverse. Hay una inquietud en los barrios, que todavía no es una tensión. Pero si la situación cruje no es fácil frenarlo». Barrios de Pie, en tanto, lanzará una campaña bajo el nombre «La salida es sin ajuste».
El reclamo no es solo de los movimientos sociales. En un encuentro de intendentes que tuvo lugar en Berazategui semanas atrás, varios intendentes habían reclamado «un IFE a fin de año». La jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza (La Cámpora), dijo: «Creemos que sería conveniente dar continuidad al IFE, o al menos tomar medidas que permitan sostener los ingresos de las familias, ya que se acerca fin de año y la pandemia aún no ha terminado».
El argumento del Ministerio de Economía, de cara a la negociación con el FMI, es que durante la pandemia hubo una expansión de la emisión monetaria y del gasto público que se hace insostenible si se quiere reducir las expectativas inflacionarias.
El Movimiento Evita, la agrupación de mayor capilaridad territorial aliada al Gobierno, hizo en los últimos días una encuesta en el interior de los barrios más vulnerables. Se buscó relevar en qué medida se reactivó la búsqueda de changas y cuánto cedió la necesidad de la olla popular, que fue el sostén principal durante lo peor de la pandemia.
«Es algo que hay que mirar minuto a minuto, porque más allá de que hay un clima de tranquilidad puede haber focos aislados de conflictividad. Hay que tratar de frenarlo y contenerlo», dijo una fuente de la Casa Rosada que sigue de cerca la situación social. «Los intendentes, los movimientos sociales y la Iglesia tienen que seguir muy articulados», agregó.