La diputada nacional Fernanda Vallejos, FdT, economista, presentó un proyecto de ley para tipificar a la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) como un delito. Establece la reclusión o prisión de tres a quince años a quien afectara el ecosistema pesquero y marítimo y la sostenibilidad de las especies en esta área, o sus recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE argentina que se encuentren más allá de las doscientas millas marinas.
También presentó un proyecto de resolución que pide al Ejecutivo nacional la instalación de radares para la ”vigilancia y control” del tráfico irregular de los barcos en la ZEE argentina.
El proyecto de ley modifica el artículo 186 del Código Penal, al incluir las penas por el delito de la pesca ilegal. Entre los delitos, contempla la pesca ilegal no declarada y no registrada (INDNR); el transporte de explosivos o sustancias tóxicas como método de extracción o pesca; utilizar artes de pesca no autorizadas por la Autoridad de Aplicación; impedir o dificultar el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales; y capturar o extraer recursos pesqueros en áreas o épocas de veda.
«Se busca evitar la pesca ilegal que se realiza (alrededor de las islas) Malvinas, donde se otorgan licencias infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales. También, impedir que cientos de buques extranjeros depreden los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sudoccidental. China, España y Corea del sur son los principales países de donde provienen los barcos», indica el proyecto.
Por año, más de 300 buques extranjeros han llegado a pescar hasta 800 mil toneladas de recursos pesqueros (calamar, merluzas, entre otros) fuera de la plataforma argentina, libres de todo control, regulación ni ordenamiento, según un informe de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras). Asimismo, la pesca ilegal y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para el país de entre USD 1.000 y USD 2.000 millones al año, según estimaciones de esta organización civil.
Ambos proyectos cuentan con la adhesión de diecinueve diputados del bloque oficialista: Carolina Yutrovic, Aldo Leiva, María Jimena Lopez, Graciela Landriscini, Liliana Schwindt, Blanca Osuna, Mayda Cresto, Alicia Aparicio Rosa Muñoz, Mabel Caparrós, Claudia Ormachea, Lía Caliva, Alejandra Obeid, María Rosa Martinez, Marcelo Koenig, Claudia Bernazza, Héctor Fernandez, Nancy Sand y Ayelén Sposito.