El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional traerá un complejo escenario de negociación para el Gobierno en 2019 porque se deberán reducir subsidios a las tarifas de energía y al transporte público por un total de entre $70.000 a $80.000 millones, correspondientes a un 0,4% del PBI.
El número final dependerá de la confección definitiva del ajuste fiscal primario que se deberá aplicar el próximo año, y que figurará en el proyecto de ley para 2019 que el Gobierno deberá aprobar en el Congreso.
Por ahora se supone ya que el ahorro aproximado al que deberá llegar el Gobierno en 2019 rondará los $200.000 millones y se dividirá en los siguientes porcentajes, según el compromiso ante el FMI: el 0,6% obra pública y gastos de capital, un 0,3% transferencias a provincias y el 0,1/0,2% salarios y bienes y servicios.
A esto habrá que sumar el recorte más polémico y comprometido que tendrá que negociar el Gobierno cuando discuta el Presupuesto 2019: un 0,4% del ajuste sobre el PBI deberá provenir de una reducción en sus subsidios a las tarifas de los servicios públicos y el transporte. En dinero serían entre $70.000 y $80.000 millones, lo que implicaría un nivel similar a la reducción aplicada para este año, cuando el Presupuesto aprobado por el Congreso comprometía unos $77.000 millones totales.
Se incluyen tanto el dinero destinado al transporte público como a la energía eléctrica, gas y agua.