Sonia Tarragona es economista. Desde hace veinte años participa en las discusiones globales sobre patentes de los medicamentos y forma parte de un comité de expertos en propiedad intelectual y precios justos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue subsecretaria de Medicamentos en el Ministerio de Salud así como directora y docente de la maestría de Farmacopolíticas en la Universidad ISALUD. Días atrás, la ministra Vizzotti la designó como Jefa de Gabinete en el Ministerio de Salud de la Nación.
¿Cuál es la posición de Argentina con respecto a la propuesta de India y Sudáfrica en la OMC para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, medicamentos y tecnologías contra el Covd-19?
El país apoya completamente esta propuesta porque entendemos que la salud pública debe estar siempre por encima de los intereses comerciales. Esta situación inédita, tremendamente grave y difícil como es una pandemia no puede quedar supeditada a las decisiones comerciales de las compañías.
Argentina suscribió y apoyó formalmente a través de su cancillería la propuesta de India y Sudáfrica en la OMC. Dentro de los países del Mercosur, hubo dos declaraciones de ministros donde Argentina vuelve a presentar esa posición mencionando la necesidad de que las vacunas sean consideradas bienes públicos globales. Y también lo hemos presentado en el Consejo Ejecutivo de la OMS en enero, presentando la posición Argentina en la materia.
¿Esto tendría algún impacto directo en el país?
Tendría, pero no especialmente. Argentina ha logrado conseguir vacunas; aunque no todas las que quisiéramos tener; (pero) hay países que todavía no tienen una sola vacuna. Esto no sólo nos beneficiaría a nosotros, sino que es una acción que el mundo necesita.
Nosotros debemos ser solidarios con el resto de los habitantes de este mundo y no sólo cuidar nuestra propia situación. Los países del sur están realmente muy atrás a la hora de acceder a las vacunas, básicamente porque no tienen cómo comprarlas.
¿Y cómo beneficiaría esta medida a estos países más rezagados en la carrera por las vacunas?
La suspensión de las patentes de las vacunas, de los derechos de propiedad intelectual permitirían, en primer lugar, que los precios bajen; y en segundo, que los países con capacidad de producción puedan copiar y aumentar la capacidad de abastecimiento al mundo. Esto no ocurre sólo por la liberación de patentes, porque no es sencillo montar capacidad instalada de producción.
En América Latina, sólo Brasil y Argentina tienen capacidad tecnológica para producir vacunas. Si Argentina pudiera hacerlo, permitiría aumentar la cantidad de vacunas disponibles y poder abastecer a otros países que están a la cola en este tema.
¿Pero Argentina tiene la capacidad para hacerlo?
Argentina tiene dos o tres fábricas que podría utilizar para producir vacunas. mAbxience, que tiene convenio con AstraZeneca y Sinergium-Biotech, donde se producen otras vacunas. Si se concediera la posibilidad, estos y otros laboratorios podrían poner plantas a disposición para incrementar la capacidad de producción; hoy no se ven incentivados a hacer una inversión en esas plantas porque no tienen la licencia para hacerlo. ¿Para qué van a invertir en plantas si no pueden copiar y producir? Esto sería realmente una forma de acelerar el acceso a todos los países del mundo. Brasil lo mismo. Tiene fábricas que puede utilizar y poner a producir, pero no lo va a hacer hasta que no haya una liberación de patentes.
Para tomar dimensión, en Latinoamérica, los países con capacidad de producción de productos farmacéuticos son cuatro: México, Colombia, Argentina y Brasil. El resto importan casi el 100% de esos productos. En términos de vacunas, casi todos los países importan el la totalidad de sus vacunas, menos los que mencioné. Aunque todos puedan copiar, no existe capacidad instalada; los que la tienen, podrían producir más para abastecer a los que no. Este sería un comportamiento solidario, justo y equitativo.
¿Y qué comportamiento tienen hoy entonces la industria farmacéutica y los países centrales?
Es claro: las compañías le venden al que puede pagar. Punto. Fijate la cantidad de países que han comprado más de lo que necesitan sólo para reservarse vacunas. El nivel de inequidad en el acceso a las vacunas es escandaloso.
En ese sentido, distintas especialistas consideran que liberar las patentes sería el mecanismo más ágil para garantizar el acceso universal, evitando perder tiempo para no perder vidas. ¿Esto es así?
Exacto, aunque tampoco es tan rápido. Sería ingenuo pensar que se liberan las patentes y mañana se pone a producir una planta. Hacen falta muchas cosas para poner a punto una planta, pero en seis meses podríamos tener muchos otros jugadores queriendo hacer un aporte a la humanidad.
Esto mismo pasó en 2006, cuando fue el riesgo de pandemia de gripe aviar. El antiviral que se usaba para eso era el Tamiflu. Argentina lo pudo copiar porque no estaba patentado, y funcionó como estamos proponiendo ahora. Argentina empezó a producir y a abastecer a otros países, porque no estaba patentado. Hoy, las compañías iniciaron procesos de patentamiento en todos los países con capacidad de producción.
¿Por qué Brasil se opone incluso si podría aumentar la producción y la venta?
Es muy raro lo que pasa en este momento. Argentina y Brasil siempre tuvieron posiciones similares en materia de propiedad intelectual. Es la primera vez que Brasil rompe con su política de Estado en materia de propiedad intelectual.
¿Chile y Perú no tomaron posición formal con respecto a la suspensión de patentes?
El problema es que los tratados de libre comercio, como el TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que lideran Canadá y Australia y del que Chile y Perú son parte), obligan a estos países a cumplir con los llamados TRIPS Plus, que son condiciones más estrictas en cuanto a la propiedad intelectual que las que existen en la OMC. Por eso, para los países signatarios de estos acuerdos es más difícil decir otra cosa porque pueden sufrir sanciones comerciales. Afortunadamente, Argentina no tiene firmados estos tratados y tiene la libertad de decir lo que quiere decir sin que le cueste una sanción diplomática o comercial.