Tras el terremoto político que provocó el “Estallido” social de 2019, Chile ha iniciado una maratón electoral histórica que a lo largo de un año definirá una nueva arquitectura constitucional que reemplace al régimen heredado de la dictadura de Pinochet (1973-90), y renovará el Congreso y la Presidencia.
En Chile se está eligiendo ahora a los 155 constituyentes que redactarán una nueva Constitución, además de 345 alcaldes, 2.252 concejales y gobernadores de las 16 regiones del país que antes eran eran designados por el Ejecutivo, en una doble jornada electoral histórica por sus implicancias institucionales.
Siete meses después, el 21 de noviembre, se elegirá al sucesor del presidente Sebastián Piñera (para 2022-26) y al nuevo Congreso. En 2022, se plebiscitará el nuevo texto de la Constitución. Para entonces, Chile habrá completado uno de los ciclos de transformación política más importantes de su historia, que comenzó con el plebiscito que aprobó la reforma constitucional, en 2020.
Estos comicios se celebrarán, todavía, bajo la persistente crisis sanitaria que plantea la pandemia de COVID-19, y pese a una elogiada campaña de vacunación nacional (53% de adultos con primera dosis y 44% con la segunda).
La pandemia, que se cobró hasta ahora más de 26 mil vidas y obligó a postergar las elecciones dos veces, generó presión social y económica como en otros países. El gobierno respondió con un operativo de vacunación ejemplar y pronto comenzará a inmunizar a personas de entre 35 y 45 años. Sin embargo, el presidente Piñera exhibe un bajísimo índice de aprobación popular (en abril había caído ya al 9%).
Esa debilidad política, sumada a la demanda de respuestas frente a la crisis económica, llevó en abril pasado al Congreso y al gobierno a autorizar otro retiro del 10% de las Administraciones de Fondo de Pensiones (AFP) privado, el tercero en un año, entre reclamos adicionales de asistencia estatal. Los chilenos llevan retirados más de USD 37 mil millones y 2,9 millones de futuros jubilados ya vaciaron sus cuentas.
LOS CONSTITUYENTES
Este fin de semana, unos 14,9 millones de ciudadanos (un millón de ellos de pueblos originarios) estarán en condiciones de elegir por primera vez a los 155 chilenos que estarán a cargo de redactar una nueva Constitución que reemplace a la que ha regido la vida política del país desde 1980 (con 25 reformas posteriores).
En el plebiscito de 1980, cuando los chilenos volvieron a las urnas por primera vez en siete años, se impuso la opción «Sí» a la nueva Constitución, la décima del país y que reemplazó a la de 1925 bajo la que terminó gobernando el derrocado Salvador Allende en 1973. El régimen anunció el triunfo del Sí (67%), pero nunca hubo registros ni controles adecuados para confirmarlo y el texto, que apenas se conocía, fue redactado hasta dos semanas antes por el régimen cívico-militar.
En América Latina, hay antecedentes de reformas constitucionales democráticas durante las últimas tres décadas: desde la de Brasil (1988), Colombia (1991), Argentina (1995) y Venezuela (1999), hasta las más recientes de Ecuador (2008) y Bolivia (2009). Todas procuraron expandir derechos.
Esta elección de convencionales de Chile nació del plebiscito del 25 de octubre de 2020, que con un 78% aprobó la reforma de la carta magna, un año después de las masivas manifestaciones (las primeras motorizadas por estudiantes, unas pocas muy violentas) que durante largas semanas inundaron las calles de Santiago.
Las movilizaciones demandaron cambios políticos, económicos y sociales en un país estable, sólido y en crecimiento y desarrollo, pero caracterizado por una gran desigualdad. En Chile, la nación con el mayor PIB per cápita de Sudamérica, el 1% de la población acumula un 26,5% de la riqueza del país, según la CEPAL
El gobierno de Piñera decidió celebrar simultáneamente varios comicios (locales, regionales y constituyentes) en dos jornadas consecutivas, algo sin precedentes en la historia chilena. Una de las razones fue la pandemia de COVID-19: de hecho, las elecciones se iban a realizar en abril y fueron postergadas un mes para prevenir contagios en plena segunda ola.
Pero también influyó en la novedad de la doble jornada electoral -tramitada y aprobada a través del Congreso nacional- la complejidad de las boletas para el votante, la gran cantidad de candidatos (unos 14.500 en total). Las autoridades estiman que esta vez votar llevará a los chilenos tres o cuatro veces más tiempo que el plebiscito del 25 octubre de 2019.
Los ciudadanos podrán elegir si votan sábado o domingo, pero los sufragios serán contados solamente al final de la doble jornada. Entre uno y otro día, las urnas serán selladas y quedarán bajo custodia de las Fuerzas Armadas, además de la supervisión de apoderados partidarios y autoridades de mesa.
La Convención Constitucional que surja de estas elecciones será paritaria, que por primera vez en la historia del país facilitará que la redacción de una Constitución sea redactada en igual cantidad por hombres y mujeres, además de los cupos reservados para diez pueblos originarios.
LOS PARTIDOS
Los principales partidos políticos de Chile, oficialistas y opositores, adquirieron su protagonismo en el proceso de transformación cuando un mes después de iniciado el “Estallido” social en las calles firmaron, el 15 de noviembre de 2109, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que descomprimió la situación y abrió las puertas a esta inédita sucesión de participación popular en las urnas.
Ese acuerdo entre los grandes partidos chilenos de centroizquierda y centroderecha permitió el plebiscito de 2020. Al votarlo, los ciudadanos les negaron a los legisladores del Congreso la opción de convertirse ellos mismos en Convención.
Pero el acuerdo condiciona también las posibilidades de introducir cambios radicales en la Convención Constitucional (no es Asamblea). Así, cada reforma necesitará dos tercios de la convención, lo cual la limitará como poder constituyente originario. Sin esa mayoría calificada, los cambios deberán pasar por el Congreso Nacional para revalidarse y pasar al plebiscito de 2022, que a su vez sólo confirmará si obtiene mayoría absoluta de los votantes.
Así, la coalición oficialista de derecha Chile Vamos (Renovación Nacional, UDI, los Republicanos y Evópoli) podrán bloquear cualquier cambio progresista con sólo reunir 33% de los votos, una posibilidad cierta. Fuera de ese acuerdo quedaron los partidos Progresista, Humanista, Comunista y parte del izquierdista Frente Amplio.
La oposición ofrece dos grandes listas. Hacia el centro chileno, la Lista del Apruebo, heredera de la Concertación de centroizquierda que gobernó la mayor parte de la etapa democrática post pinochetista, con socialistas, democristianos, radicales y progresistas. Hacia la izquierda, la lista Apruebo Dignidad, liderada por el Partido Comunista, con movimientos sociales protagonistas de las movilizaciones de 2019. En total, unas 70 listas acudirán a las elecciones para la Convención.
Durante al menos nueve meses, con otros tres de prórroga, los discutirán la redacción de una nueva Constitución, a partir de una «hoja en blanco», sin referencias vinculantes con la carta magna de 1980, y con libertad para incluir nuevos derechos, como el del agua. Pero esa condición de los dos tercios dificulta transformaciones radicales en el sistema político chileno.
Los asuntos que abordará la Convención incluyen la posible reforma del actual régimen presidencialista de gobierno, el poder del Estado y su rol económico y social, y el reconocimiento constitucional de derechos clásicos (educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social, consumo) y de segunda generación (medioambiente, no discriminación, participación).
También estará a consideración la posibilidad de crear un Estado plurinacional con una definición específica de derechos para las comunidades originarias.
Fundación Embajada Abierta