Luego de un año y medio de pandemia, la Cámara de Diputados volvió a sesionar de manera presencial. Tras las primeras horas del debate en un ring de cruces y chicanas entre oficialismo y la oposición, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones, los diputados aprobaron el proyecto que ya tenía media sanción en el Senado.
El proyecto de etiquetado frontal tiene como meta que la población cuente con información precisa sobre los productos que consume. El concepto central es promover y concientizar sobre la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.
Está dirigido a fabricantes, fraccionadores y envasadores que distribuyan, comercialicen o importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano, en todo el territorio de la República Argentina.
Para eso, se propone colocar leyendas o sellos de forma octogonal para identificar la información. En ellos se deberá indicar el tipo de ingrediente que contiene. Por ejemplo «Exceso en azúcares», «Exceso en sodio», «Exceso en grasas saturadas», «Exceso en grasas totales», y/o «Exceso en calorías».
El debate en la Cámara:
Al comenzar el tratamiento del proyecto, la presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, afirmó que «el Estado argentino no va a mirar para otro lado» en un contexto de «enfermedades crónicas no transmisibles» como la obesidad, la hipertensión y los problemas cardíacos, que afectan a su población y que se pueden prevenir a partir de la alimentación.
Por eso, marcó la importancia de destacar la información nutricional en las etiquetas de los productos alimenticios, debido a que en la actualidad muchas «son ilegibles». «El 66% de la población argentina tiene exceso de peso, el 32% tiene obesidad, el 40% padece presión arterial elevada, el 30% tiene colesterol elevado y el 41% de los niños y adolescentes tienen exceso de peso», completó.
Moreau explicó que con la ley de etiquetado lo que se busca es «la prevención» en términos de salud y «la garantía de los derechos de todos los argentinos» a acceder a ella con información clara. «El octágono negro es la forma más eficaz de que los consumidores detecten nutrientes críticos en los productos alimenticios», dijo respecto al etiquetado que se propone.
Por su parte, la diputada oficialista Liliana Schwindt, ponderó la ley como un «hito para consumidores y usuarios», pero también «para la producción alimentaria argentina». «Esta ley es poner en lo más alto a los consumidores, que hace años reclaman información clara, precisa y veraz», dijo.
Desde la oposición, la diputada de Juntos por el Cambio Brenda Austin celebró el tratamiento de esta ley que «derriba mitos» y que logró no «haber caído en la grieta», sino que se ponderó la «defensa del derecho a la salud».
«Esta ley es necesaria porque estamos frente a una gran epidemia: la del sobrepeso», dijo y agradeció a organizaciones de la sociedad civil, que «ayudaron a respaldar con evidencia, información y acciones que derribaron mitos».
Desde Juntos por el Cambio, la diputada del PRO, Carmen Polledo, expresó fuertes críticas al proyecto y defendió su propio dictamen de minoría que deja de lado la resolución gráfico del sello octogonal, por considerarlo «estigmatizante».
«Para algunos no sería suficiente con informar, promover y educar sino que directamente pretenden avanzar con prohibiciones y censuras. Ese es uno de los aspectos fundamentales del sistema de los octógonos negros avanzando incluso más allá de lo regulado en otros países que optaron por este modelo como en Brasil y Uruguay que no tienen prohibiciones sobre información nutricional complementaria», cuestionó.
El titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, indicó que «en los países serios del mundo se protege a los consumidores, se cuida la lealtad comercial y a los pequeños productores para que puedan competir con los más grandes. Acá debemos terminar con el acaparamiento y la concentración».
Para el mendocino, «el Estado se tiene que hacer presente para cuidar la salud de los consumidores alimentados por basura» y denunció que existe «un lobby» muy fuerte de «aquellos que no quieren que salga esta ley que son 12 empresas productores de alimentos y seis dueños de cadenas de supermercados», a quienes acusó de querer «acaparar la totalidad de la actividad económica de la producción y distribución de los alimentos».
Entre las intervenciones más curiosas de la noche se encuentra la de la diputada nacional del PRO, Ingrid Jetter, quien cerró su discurso con una ironía sobre las cualidades nutricionales del «choripán», una comida que es símbolo de la argentinidad y de las manifestaciones populares.
«¿Los choripanes que se repartieron ahí afuera o que se reparten en campaña van a tener el octógono»?, preguntó la correntina. Minutos antes, la legisladora macrista había sostenido que «esta ley no es buena, es imperfecta, es inútil ,y puede traer más consecuencias negativas que positivas en la Argentina».
En tanto, la diputada nacional Beatriz Ávila del Partido de la Justicia Social por Tucumán expresó su rechazo al proyecto por considerar que el símbolo «negro remite a la idea de muerte», y que la norma «va a generar más pobreza y desempleo en la región»
«No veo por qué el ataque a la industria azucarera: primero, hace años, con el tema de que era subsidiada, y ahora con este etiquetado negro que remite a la idea de muerte, pretendiendo decir que el consumo del azúcar es equivalente al de la nicotina o al de las grasas saturadas. Lo que me parece es insostenible», sostuvo en la Cámara baja.
La diputada tucumana, que ingresó a la Cámara como aliada del PRO y luego se distanció para volver hace pocos meses a las filas macristas, agregó: «Me pregunto cuáles son los intereses detrás de este proyecto que intenta demonizar al azúcar, porque no hay equilibrio en esta ley».
El diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, avaló la sanción de la ley y advirtió: “Las industrias construyen hábitos y eso es lo que estamos discutiendo. Queremos regular la diferencia entre la información y la publicidad.
“Algunos se la pasaron un año y medio hablando de la libertad pero a la hora de hablar de la libertad del consumidor ni hablan”, planteó Grosso para luego agregar que “escucho a muchos diputados del PRO hablar del hambre y se fueron con este Congreso declarando la emergencia alimentaria, con más de 20 mil comedores en la Argentina”.