Las exportaciones mineras argentinas registraron, en los primeros nueve meses del 2021, un monto acumulado de US$ 2.191,8 millones. Por su parte, Chile apuntó un intercambio comercial de US$ 64.732,4 millones durante los primeros cinco meses del año. La distancia entre los países que comparten la misma cordillera es muy significativa y se explica porque la actividad minera en nuestro país continúa atravesada por la escasez de consenso con una parte de la sociedad que se opone a su desarrollo.
Con el objetivo de encauzar la discusión respecto de la licencia social, es decir la aprobación necesaria que debe otorgar la comunidad para llevar adelante la minería, representantes de la ONU, autoridades provinciales y directivos empresariales participaron del “Foro MOMENTUM: hacia una minería impulsora del desarrollo sostenible”, desarrollado hace diez días en el Hotel Intercontinental, en Buenos Aires.
La petición del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterrez, en la que incita a transformar a las industrias extractivas en impulsoras de los objetivos de sostenibilidad, funcionó como el principal disparador de los distintos paneles.
Sobre este punto, el coordinador de la ONU en Argentina, Roberto Valent, expresó: “El progreso económico debe vincularse con el medioambiente y con el respeto a las comunidades aledañas. Es necesario evitar potenciales conflictos, sobre todo porque las empresas extractivas han jugado un papel clave en la definición de la agenda de desarrollo sostenible”.
En la misma línea, Valent aseguró que “las empresas, la sociedad civil y el Estado deben cumplir un rol de monitoreo para que los recursos que generen las industrias extractivas se gestionen de manera sostenible, inclusiva y equitativa y que dejen de beneficiar solamente a las élites”.
La visión de las provincias
“Cuando llega la minería, también llega el desarrollo”, dijo Carlos Astudillo, secretario de Minería de San Juan, y agregó: “En la provincia pensamos cómo generar una mejor distribución de la riqueza a partir del beneficio impositivo minero y el porcentaje de regalías. Se trata de desarrollar obras de infraestructura necesarias para la comunidad local a partir de la actividad minera”.
La herramienta del fideicomiso que consta de un acuerdo para que las empresas otorguen un porcentaje de su producción a la provincia (el 1,5% en el caso de San Juan) permite construir, por ejemplo, nuevos hospitales y escuelas. En sintonía, Astudillo señaló: “la minería llevó la electricidad a las comunidades”.
Para describir otros beneficios de la actividad extractiva en el país, —discurso que funcionó como denominador común durante toda la jornada—, el director provincial de Minería de Neuquén, Carlos Portilla, resaltó que “Neuquén no tiene una minería de gran escala y se caracteriza por el aprovechamiento de sustancias de segunda y tercera categoría conforme a la clasificación del Código Nacional de Minería. No obstante, estos minerales constituyen el soporte para cada una de las fundaciones sobre las que se asienta la industria hidrocarburífera sobre todo en Vaca Muerta”.
Desde Santa Cruz, la ministra de Producción, Silvina Córdoba, afirmó que “la provincia es la primera exportadora de oro y plata de Argentina. Es una actividad sumamente importante, (a modo de ejemplo, el distrito patagónico generó US$ 117 millones por la compra de productos en empresas radicadas en la provincia)”. Y añadió: “veo posibilidades de crecimiento en un marco de desarrollo sostenible, pero ese objetivo se hará realidad solo si tenemos licencia social de las comunidades para avanzar en armonía y no desestabilizar las inversiones”.
Comunicación y licencia social
Al cierre del evento, la abogada y mediadora judicial comunitaria, Andrea Polizzotto, sostuvo que “la comunicación es lo único que hará posible la inclusión entre la minería y la sociedad. Además, no hay que dejar de lado a los grupos de interés que van por el mundo sembrando incertidumbre y desconocimiento. Hay que traerlos a la mesa, escucharlos y construir un camino”.
“Hay muchos minerales estratégicos que no se pueden desarrollar porque no tenemos licencia social. Hablamos de la agenda 2030 y no nos estamos preocupando por la licencia social y sin licencia social no vamos a tener transición energética”, advirtió Polizzotto y remarcó que “las energías renovables son caras y necesitan del cobre y del litio”.
“Europa se dio cuenta que las renovables encarecieron la energía. Alemania se desnuclearizó y tuvo que volver a quemar carbón. Un centímetro cúbico de energía nuclear son 250 camiones con 100 acoplados de carbón. ¿Eso es descarbonizarnos?”, se preguntó la especialista y concluyó: “Mendoza no tiene licencia social y el proyecto más grande de plata en Chubut, tampoco. Entonces, primero produzcamos los minerales que tenemos. Primero, busquemos la licencia social”.
La visión de las empresas
El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Franco Mignacco, indicó que “la inversión social en minería dio un salto muy significativo pasando de 406 millones de pesos en 2009 a 1800 millones en 2018 que se refleja en un incremento de más del 340%”, y apuntó que “somos el primer país en Sudamérica en implementar el programa de validación de proyectos HMS”.
Desde la óptica corporativa, el director legal de la empresa de litio LIVENT, José Ignacio Costa, puso en valor la existencia de los recursos naturales en la región: “América Latina tiene el 65% de las reservas mundiales de metales y minerales y es una fuente muy importante de ingresos fiscales. Bolivia, Chile y Argentina, el famoso triángulo del litio, contienen las reservas más grandes de litio cuya demanda crecerá en un 40% para el año 2040”.
En paralelo, Andrea Vítori, gerenta de Sostenibilidad de la minera Mansfield —que pertenece al grupo canadiense Fortuna —, destacó el diferencial del proyecto de la firma en Salta, que entró en operación en 2020. “La sostenibilidad se insertó desde el comienzo de la operación y forma parte de nuestro ADN. Nos posicionamos con una filosofía distinta, entendiendo la sustentabilidad como la creación de valor económico, social y ambiental a largo plazo. Y eso es muy importante para la comunidad y para toda la cadena de valor”, concluyó la licenciada.
José Kirby, el presidente del Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes (CIFAL), organismo que depende de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones; y el director de CIFAL Argentina, Rodolfo Tarraubella, fueron los anfitriones desde el inicio hasta el fin de la jornada.