La CGT evitó tomar una postura formal sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene que debatir el Senado, pero advirtió sobre los “altos costos” que podrían tener las obras sociales para cubrir esa práctica.
«Venimos alertando al Poder Ejecutivo y a los Ministerios de Trabajo y Salud sobre el impacto que la inflación descontrolada imprime sobre las economías de las obras sociales, afectando de manera directa en la compra de insumos, pero por sobre todo los altísimos costos que generan algunos fallos judiciales que obligan a las instituciones a cumplir con procedimientos experimentales que motivaron la necesidad de creación de la AGNET (Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud)», señaló la central en un comunicado.
Así, sin fijar postura institucional, la CGT advierte que las obras sociales no van a poder cubrir la interrupción voluntaria del embrazo si el proyecto se aprueba en el Senado y el aborto se integra al Programa Médico Obligatorio (PMO).
La CGT no quiso entrar en el debate, porque los dirigentes gremiales están tan divididos sobre el tema como el resto de la sociedad argentina. Afirmó en el comunicado: “La discusión toca una fibra tan sensible para la sociedad que excede a la representación colectiva de los trabajadores. Resultaría demagógico y poco democrático esbozar una postura que a la claras no reflejaría de manera uniforme la visión de cada uno de los integrantes”.