El ajuste está generando daños colaterales: se decidió postergar la construcción de la represa Chihuidos, en Neuquén , y esto desencadenó perplejidad y malestar en el gobierno de Alemania , que apadrina a Voith Hydro, una de las empresas que integran el consorcio que pretende hacer la obra.
Hace un año, durante una visita a Buenos Aires , la canciller Angela Merkel había conversado con Macri sobre el proyecto.
La iniciativa era ambiciosa y, desde la óptica macroeconómica, podría ser considerada un anticipo de lo que está por venir en materia de obras públicas. Con un diseño original que data de 1970 y nunca siquiera empezó a concretarse, Chihuidos es una represa hidroeléctrica que requiere de una inversión de 2200 millones de dólares, de los cuales el 85% debería ser aportado por proveedores alemanes e italianos y garantizado por Euler Hermes, la agencia de exportaciones de la administración Merkel, y el gobierno de Italia.
Era también una ilusión de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA): se suponía que la obra iba a incorporar a 3000 trabajadores directos y a 7000 indirectos.
Pero hace unos días Gustavo Lopetegui , vicejefe de Gabinete, comunicó: «No podemos empezar ni una sola obra nueva». Y se explayó en las razones: como los préstamos para la central serán pagados finalmente por el Estado argentino, el país no está en condiciones de sumar gasto público a su compleja situación fiscal.
El origen del enredo es el acuerdo con el FMI. En un principio, algunos funcionarios involucrados en el proyecto habían pensado que tal vez se pudiera incluir la deuda contraída por la represa en lo que en la administración pública se conoce como pasivo «por debajo de la línea». Es decir, no contabilizarlo como gasto ordinario en las cuentas nacionales.
Hasta anteayer, antes de que Lopetegui aguara el entusiasmo emprendedor, el consorcio contaba con unos 1600 millones de dólares garantizados por Alemania y estaba a punto de sumar otros 400 millones que tramitaba con la garantía de Italia. El Estado argentino debía además aportar un 15% del paquete total.
Al llegar al poder, Macri la incluyó entre sus «proyectos de inversión prioritaria», y al caerse la opción rusa se buscó el apoyo de China, que finalmente tampoco prosperó. Pareció estar muy cerca de concretarse el año pasado, durante la visita de Merkel. Pero la corrida cambiaria, la devaluación y el ajuste fiscal de este año volvieron a postergarla. Pocas veces una central eléctrica resulta tan elocuente de un momento económico.
Según algunos comentaristas, el factor de carga del río Neuquén ronda el 31 al 33%, de modo que esos 600 megavatios instalados iban a suministrar la energía anual que te darían entre 220 y 250 térmicos o nucleares. Y es una decisión que empuja a la Argentina a una petrodependencia cada vez mayor.
Eso si, créditos alemán e italiano venían con el compromiso de turbinas europeas. Chihuidos iba a ser una represa «llave en mano», tecnológicamente hablando. Como ha sido denunciado en AgendAR, el Estado argentino no tiene entre sus prioridades asegurar la participación de la industria nacional. Ni siquiera de la emblemática INVAP.
Sin embargo, incluso una compra de este tipo genera, además de un pico transitorio de trabajo y una fuente de potencia confiable, una capacitación tecnológica importante entre los ingenieros, técnicos y obreros que se califican en obra. No sólo se pierden megavatios/hora, se pierden recursos humanos.
Mucho más grave aún, por lo antedicho, resulta la suspensión «sine die» de Atucha III, una central nuclear de 700 MW en Lima, provincia de Buenos Aires, con un factor de carga inicial de entre 95 y 97%. Su construcción debió iniciarse en 2016, es decir antes del ajuste decidido por el FMI. Atucha III costaba U$ 7000 millones, tenía un 75% de financiación china, 8 años de gracia para empezar a pagarla desde su puesta en marcha, una primera vida util estimada de 60 años y el 70% de la central, incluidos los componentes más críticos, era argentino. Desde 1984, la Argentina puede hacer hasta el 100% de este tipo de centrales de tubos de presión, las CANDU.
Entre firmas grandes como Impsa, Pérez Companc, Dycasa, Techint, y otras medianas y chicas, el total de empresas de distintas ramas de la ingeniería asignadas a esta obra sumaba 129, y entre los 5000 puestos de trabajo directo generados, al menos 400 correspondían a ingenieros nucleares que alcanzaron su especialidad en la terminación de Atucha II, en 2014.