El proyecto fue convertido en ley en Diputados, con 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones, que ya tenía media sanción del Senado. Contaba con el apoyo de provincias gobernadas por partidos opositores, como Jujuy y Corrientes, que ya tienen en marcha emprendimientos productivos cannábicos.
Esta ley crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá como función -entre otras- regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas, de la planta de cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.
Durante el debate en el recinto Mara Brawer, del Frente de Todos puso en relieve que se trata de un proyecto «federal que generará muchos puestos de trabajo, que «en el mundo hay aproximadamente 25 mil usos para la planta del cáñamo, de la cual se utilizan todas sus partes, desde la raíz hasta las hojas» y que «se trata de una industria sustentable con el ambiente«.
Su compañera de bloque, Carolina Gaillard, remarcó que «esta ley de marco regulatorio para el desarrollo productivo del cannabis industrial y el cáñamo industrial no puede esperar, porque garantiza que las familias puedan acceder a un producto seguro y de calidad. En este sentido, viene a complementar la ley 27.350, del uso medicinal del cannabis. Hay miles de familias que están esperando este dictamen, el dolor no puede esperar.
«Además, es una gran oportunidad para Argentina, ya que aporta divisas y genera puestos de trabajo en todas las regiones de nuestro país. Se calcula que puede generar 500 millones de dólares al año en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones anuales», completó.
Por Juntos por el Cambio, el radical Ricardo Buryaile (presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería) remarcó que «aprobar este proyecto no es una carta blanca ni para el consumo, ni para el narcotráfico. Es simplemente iniciar una etapa en la Argentina donde se legaliza lo que es la producción que hoy hacen miles y miles de mamás para sus hijos«.
Recordó que «en 2017 se sancionó la ley 27.350, que establecía un marco regulatorio para la investigación médica y científica del cannabis medicinal y sus derivados, pero era insuficiente para llegar a la sociedad, paso que pretendemos dar hoy. Estamos estableciendo que las etapas de producción y comercialización con fines terapéuticos estén contemplados en la ley, cosa que no sucedía hasta hoy».
«Estamos apostando a la salud pública, a miles de personas a quienes vamos a mejorar el tratamiento, vamos a mejorar su calidad de vida. No es el mejor proyecto, es perfectible, esto es un paso adelante», enfatizó.
En contra de la iniciativa, la diputada Graciela Ocaña, del PRO, justificó que «el aparato burocrático de magnitud -que se crea para implementar la ley- va a traer un gasto enorme y no un beneficio para el tema de la salud, por eso no acompaño el proyecto».
Por Identidad bonaerense, Graciela Camaño, también fijó su rechazo, al advertir que «el Estado no tiene políticas de combate de la droga ni de las adicciones, en ese marco venimos a poner un nuevo commodity bajo el ropaje del cannabis medicinal. Queda claro que lo que viene después es la legalización de la marihuana».
En su articulado, la ley establece mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena. El objetivo que plantea es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.
En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.