El juez Claudio Bonadio -el mismo que lleva adelante con empeño desde hace más de dos años diversas causas contra miembros del gobierno anterior- dispuso detenciones de empresarios y ex funcionarios, en el marco de una investigación por coimas millonarias vinculadas a diferentes empresas constructoras y energéticas.
Las causas por corrupción son una constante en la historia política argentina, y muy rara vez han tenido sentencias efectivas. Sí tienen siempre, gracias a los odios políticos y la desconfianza popular, gran repercusión en los medios.
En este caso ha sido doble o triple de lo habitual, porque un periodista del diario La Nación recibió con exclusividad originales o copias de los cuadernos en los que el chófer del ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, habría registrado de su puño y letra desde marzo de 2005 a noviembre de 2015 coimas que distintos empresarios (también) habrían entregado con destino final a Néstor y Cristina Kirchner. Encabeza esta nota la foto de esos cuadernos que distribuyó La Nación.
Como ya dijimos, estas acusaciones no son nada nuevo. Y no correspondería que se tocaran en un portal dedicado a la actividad productiva (aunque es cierto que siempre han estado presentes, con sordina, en el área de la obra pública). Pero hay un hecho que cambia el panorama. Por esta denuncia se dispuso el arresto de numerosos empresarios, algunos de los cuales estrechamente vinculados a los grupos económicos más importantes de Argentina.
Hasta ahora, son:
Carlos José Mundin: de la empresa BTU SA.
Carlos Wagner: de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Francisco Valenti: de Industrias Pescarmona.
Walter Fagyas: ex presidente de Enarsa.
Javier Sánchez Caballero: ex gerente general de Iecsa.
Gerardo Luis Ferreyra: de la empresa Electroingeniería.
Jorge Neira: gerente de Electroingeniería.
Armando Losón: presidente de Albanesi constructora.
Claudio Glazman: director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A.
Que estos CEOs, algunos de ellos cercanos al gobierno anterior, otros al actual, y la mayoría a ambos, tengan que enfrentar la posibilidad real de ir a la cárcel, acerca lo que sucede en nuestro país al «Lava Jato» brasileño, donde un miembro del Poder Judicial, con algunos apoyos, por cierto, sentenció a prisión a políticos y empresarios poderosos. Esto sería un dato nuevo en la realidad política y económica argentina.