Reproducimos este polemico articulo del portal especializado en temas de energia EconoJournal
En el sector eléctrico coinciden que para evitar un nuevo apagón como el del 1 de marzo es indispensable ampliar la red de transporte. AMBA I es una obra prioritaria que iba a ser financiada por China, pero la negociación está empantanada desde hace más de un año.
¿Es posible evitar que el humo de un incendio produzca el desenganche de tres líneas de 500 kilovolt (kV) que confluyen en un punto neurálgico del sistema, como ocurrió el último 1 de marzo? Los expertos coinciden en responder que no hay manera de evitarlo, pero sí hay forma de minimizar su impacto una vez que la falla se produjo. ¿Cómo? Con una red de transporte eléctrico más grande.
La demanda argentina ha venido creciendo al 2,9% anual durante los últimos diez años. Sin embargo, las obras destinadas a acompañar ese crecimiento no se concretan. En los últimos 10 años las obras de expansión del sistema estuvieron prácticamente paralizadas. El caso más emblemático es el proyecto AMBA I, una línea de alta tensión que unirá Vivoratá – Plomer en el norte de la provincia de Buenos Aires. Tiene un costo de 1100 millones de dólares y se supone que tiene el financiamiento asegurado por parte de China desde hace más de un año, pero el tiempo pasa y, como suele ocurrir con otras tantas obras de infraestructura acordadas con el gigante asiático, no hay ningún avance.
Obra clave
AMBA I reforzará el anillo energético del Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la construcción de un nuevo nodo, la Estación Transformadora (ET) Plomer 500/220/132 kV, dado que las estaciones de Ezeiza y General Rodríguez ya operan al límite de su capacidad en términos de carga. De este modo, ampliará el ingreso de energía eléctrica desde el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante el tendido de más de 500 km de alta tensión en 500kV, 220kV y 132kV. A su vez, ayudará a disminuir las solicitaciones de cortocircuitos en las estaciones de Ezeiza y Rodríguez
La obra fue impulsada por la Secretaría de Energía en septiembre de 2020. A partir de entonces, se trabajó en la preparación de pliegos y documentación general. Toda la información se le entregó al ENRE en julio de 2022. Desde ese momento el organismo regulador está en condiciones de llamar a Audiencia Pública para avanzar en las tramitaciones previas para proceder a licitar, pero aún no lo hizo.
El factor chino
El problema va más allá del ENRE. En enero de 2022, el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, ambos desplazados en agosto de ese mismo año, se reunieron con las autoridades de la empresa China Electric Power Equipment and Technology (CET), y su sucursal CET Argentina, para la conformación del contrato de diseño de ingeniería, suministro y construcción de la obra. “La inversión de más de 1.100 millones de dólares va a ser posible gracias a la colaboración, al trabajo en conjunto y la cooperación entre la Argentina y China”, afirmó Martínez ese día. El proyecto fue encuadrado en el Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre Argentina y China.
Cuando se presentaron los papeles, se estableció que la construcción de la obra estará a cargo de la firma china State Grid, una de las mayores compañías de transporte eléctrico del planeta. La provisión del 65% de los materiales electromecánicos correrá por cuenta de proveedores nacionales y la construcción de la obra civil debería quedar en manos de empresas locales, según precisaron a este medio fuentes al tanto del proyecto. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ningún avance. “El acuerdo comercial y los estudios ambientales ya estás listos. Pero todavía resta negociar el contrato financiero”, aseguró una fuente oficial. Nada más y nada menos que el contrato financiero.
El déficit de infraestructura que enfrenta Argentina en el sector energético es alarmante y los tiempos de las distintas negociaciones que se llevan adelante con China nunca parecieran estar a la altura de esa urgencia. Los contratos para construir las represas de Santa Cruz y una nueva central nuclear son el mejor ejemplo de eso. Pese a la falta de resultados, el kirchnerismo fue quien presionó, a través de Federico Basualdo, para sumar AMBA I al listado de proyectos que debería financiar China. Ahora la obra está atrapada en la telaraña del gigante asiático y nadie sabe cuándo podría comenzar a construirse.
Esto no significa que la responsabilidad de la demora sea de China. Más allá de las presiones del cristinismo, el gobierno nunca se mostró demasiado entusiasmado en avanzar en esa dirección y cuando Sergio Massa desembarcó en Economía la situación no cambió. Un factor que influye son las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos es el principal accionista.
“La mayoría de los acuerdos energéticos que se firmaron con China funcionan como la historia del Perro del Hortelano, que no come ni deja comer. Cuando se inicia una negociación con China y se firma algún tipo de acuerdo o memorando, después es difícil tirar para atrás esas tratativas, porque desairar a una de las dos grandes potencias del mundo tiene un costo, nunca es gratis”, analizó un ex funcionario que estuvo a cargo de gestionar varios de esos contratos (represas de Santa Cruz y la cuarta y quinta central nuclear). En la otra vereda, una fuente energética del Instituto Patria cuestionó esa visión. “Si el gobierno quisiera no avanzar con State Grid y dejar sin efecto el contrato comercial, podría hacerlo sin problemas, sin conflicto alguno. Lo determinante es el contrato financiero”, indicó.
Sistema vulnerable
El informe oficial sobre el apagón del pasado 1 de marzo dejó una conclusión inquietante: los sistemas de protecciones y automatismos funcionaron correctamente y de acuerdo a su diseño. Es decir, la respuesta del sistema fue la esperada para una falla triple en un escenario de alta demanda.
Si hubiera habido un error de Transener, la empresa que realiza la operación y el mantenimiento de las redes de transporte, significaría que si se produce un evento similar éste podría evitarse. Sin embargo, en este caso la única forma de evitar que vuelva a pasar lo mismo es ampliando el sistema de transporte y cualquier obra va a demorar 36 meses como mínimo.
En California, por ejemplo, también suele haber incendios forestales y el humo ocasionalmente afecta a las líneas de alta tensión, pero ellos tienen un sistema de N-3. Esto significa que el sistema de transporte resiste la salida simultanea de tres líneas de alta tensión sin que pase nada. En Argentina, en cambio, cualquier desenganche de una línea de 500 kV en un escenario de alta demanda afecta automáticamente a los usuarios finales.
Alguno podría sugerir que la solución es evitar nuevos incendios, pero no es una tarea sencilla. Las tierras por donde pasan las líneas de alta tensión son propiedades privadas que suelen destinarse al cultivo de cereales, oleaginosas o caña de azúcar. Lo que sí está prohibido es que la vegetación supere los 4 metros de altura para evitar descargas por acortamiento y garantizar la accesibilidad, pero en este caso ese tope se había respetado. Además, lo que provocó la falla no fue el fuego sino el humo que contiene partículas de carbón que convierten al aire en conductor y puede producir un cortocircuito entre los conductores lo que produce la desvinculación automática de la línea.
La alternativa de mantener “tierra rasa” debajo de las líneas tampoco es una solución, no solo por antieconómica sino porque en caso de lluvias la vegetación es el principal resguardo frente a la erosión de la tierra, la cual podría terminar arrastrando a las torres producto de un desplazamiento.
La única solución de fondo es ampliar la red, sobre todo si se tiene en cuenta que, según proyecciones oficiales y privadas, la demanda energética podría crecer un 30% en los próximos diez años. Eso significa que será necesario abastecer 10.000 MW adicionales con un sistema que ya está operando al límite de sus posibilidades.
Fernando Krakowiak y Nicolás Gandini