En paralelo a la reunión bilateral de Alberto Fernández y Joe Biden en Washington, el Gobierno difundió una mirada muy crítica en términos diplomáticos sobre los alcances del acuerdo por el libre comercio del Mercosur y la Unión Europea. Calificó como «demandas unilaterales» que podrían generar pérdidas millonarias para Argentina y alertó sobre «líneas de acción» que se están tomando para modificar el acuerdo.
No sólo esto. La Argentina sostuvo que los cambios propuestos por la Unión Europea al Mercosur «podrían afectar las concesiones ya negociadas en el Acuerdo» y desechó la posibilidad de que todo esto se vaya a negociar en lo inmediato en la cumbre de jefes de Estado de la Celac-UE en Bélgica en junio próximo.
En la respuesta del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, a la pregunta 44 de legisladores de la oposición que figura en el informe 135 de la Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados que se presentó ayer en el Congreso, aparecen las duras advertencias de la Argentina al acuerdo UE-Mercosur.
«El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que desde el cierre del acuerdo en principio en julio de 2019, la UE ha planteado una serie de nuevas medidas y demandas unilaterales que han demorado el avance de las negociaciones», contestó Rossi en su informe al Parlamento.
Pérdidas millonarias
Entre las medidas mencionadas como «unilaterales» se mencionó el denominado «Pacto Verde», un paquete regulatorio por el que la UE busca implementar reformas en aspectos como la energía, el uso del suelo, la deforestación y las emisiones, entre otros, que al entender del Mercosur «podrían afectar las concesiones ya negociadas en el Acuerdo».
Estas regulaciones con nuevas exigencias, que se aplicarán a las empresas de los países miembros de la UE, también impactarán al resto de los proveedores extra UE, incluidas las empresas del Mercosur, según la advertencia lanzada desde Buenos Aires.
Un ejemplo concreto del impacto del «Pacto Verde» sobre las exportaciones al mercado europeo es el del biodiesel argentino. «De aprobarse la regulación que se encuentra en elaboración por parte de la UE, la Argentina podría perder sus exportaciones de biodiesel a estos países, que el año pasado sumaron US$ 1.850 y representaron el 17% del total exportado por nuestro país a dicho bloque», sostiene el informe 135 del jefe de Gabinete.
Una de las regulaciones vinculadas al tema ambiental es la propuesta de un instrumento común sobre desarrollo sustentable (o «side letter», que también incluye cuestiones laborales y de derechos humanos) de modo adicional a lo acordado en 2019 en el capítulo específico del Acuerdo.
Dudas de la arquitectura
Según Rossi, esta propuesta está siendo analizada en consultas con los Estados Parte del Mercosur para que su texto «contemple los intereses de ambos bloques y una visión compartida sobre el desarrollo sustentable».
También en el informe del jefe de gabinete al Parlamento se destaca que «subsisten dudas sobre la llamada «arquitectura del acuerdo» ahora propuesta por la UE».
Así, remarca, que esas dudas consisten en que no queda claro si el acuerdo de libre comercio sellado entre ambos bloques en el 2016 se tratará de un único Acuerdo como estaba previsto, o será dividido en dos instrumentos.
Finalmente, otro de los aspectos pendientes que mencionó la Argentina es el capítulo de propiedad intelectual, donde aún está abierto el «Anexo de Usuarios Previos» debido a nuevos criterios y «exigencias unilaterales» de la UE.
Al entender del gobierno de Alberto Fernández estos planteos de la Unión Europea «podrían afectar a empresas argentinas que utilizan determinadas indicaciones geográficas para sus productos».
Por último, el informe que emitió Rossi al Congreso dice que la Argentina junto a sus socios sigue de cerca todos estos aspectos y evalúa posibles «cursos de acción a seguir», con propuestas y compensaciones que se trabajan en conjunto con los socios del Mercosur.
Así, se insta a una nueva negociación con la UE de modo que «colaboren de forma efectiva a aumentar el comercio, las inversiones, la creación de trabajo y mejorar la calidad de vida en ambos bloques». Esto podría ser de difícil aplicación porque la normativa de acuerdos comerciales no contempla una reapertura de los documentos firmados.
Cláusula especial
Los cuestionamientos de la Argentina a la Unión Europea por los cambios propuestos para el acuerdo con el Mercosur vienen de arrastre, aunque este último informe parece lapidario en términos de objeciones técnicas.
El gobierno de Alberto Fernández heredó la firma del acuerdo UE-Mercosur desde la gestión de Mauricio Macri. Desde el inicio, la nueva administración vio con cautela y recelo los alcances de ese entendimiento y siempre remarcó que para ponerlo en práctica se debía fomentar un «equilibrio» en el que todos ganen.
Sin embargo, en los últimos tiempos se plantearon más quejas y trabas a las propuestas de la UE. De hecho, en una jugada de alto impacto diplomático y económico, la Unión Europea buscó acercar una propuesta concreta al Mercosur para destrabar de una vez por todas y poner en marcha el acuerdo de libre comercio sellado entre ambos bloques en 2019 y que por diferencias de criterio nunca se pudo empezar a instrumentar.
Rupert Schlegelmilch, el emisario de la Unión Europea para el Comercio y la Agricultura llegó a Buenos Aires hace 20 días y comenzó a desplegar una serie de reuniones con el gobierno argentino y socios del Mercosur de Paraguay, Brasil y Uruguay bajo un claro objetivo: «avanzar de manera firme para hacer del Acuerdo UE-Mercosur una realidad», según adelantó.
En la ronda de negociaciones con el gobierno argentino y los socios del Mercosur, el enviado de la UE estuvo acompañado por el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico. Allí se planteó una hoja de ruta concreta para salir del estancamiento en que se encuentra el acuerdo en el capítulo de comercio por las objeciones sobre el desarrollo sostenible.
El 14 de abril llegará a Buenos Aires la presidenta de la UE, Ursula Von der Leyen para tratar de destrabar estos cortocircuitos. Desde esa línea, la UE busca avanzar en una cláusula de «instrumento adicional» que los europeos tienen en su legislación para destrabar todo el capítulo de desarrollo sostenible y avanzar de una vez con el capítulo de libre comercio del acuerdo con el Mercosur.