Las elecciones de eurodiputados, entre el 6 y 9 de junio, parecen encaminarse a un aumento de la representación de la extrema derecha, pero las previsiones anticipan una victoria para los conservadores. La socialdemocracia, que no pasa por su mejor momento, seguirá teniendo un papel en el próximo periodo legislativo, en medio de la probable caída de liberales y verdes. La gran pregunta es si la derecha buscará alianzas con los radicales y hasta qué punto esto puede alterar las identidades políticas sobre las que pivotea la Unión Europea.
Durante los últimos meses, han corrido ríos de tinta sobre el ascenso de las derechas radicales en Europa. No es para menos. En las próximas elecciones para el Parlamento Europeo, del 6 al 9 de junio, los partidos pertenecientes a esta familia política pueden ser la primera fuerza en ocho países, entre ellos dos de las cuatro principales economías de la eurozona: Francia e Italia. Además, también mejorarán sus resultados en otros Estados donde su fuerza era limitada, como Alemania, Rumania o Portugal, lo que aumentará considerablemente el tamaño de sus grupos en la Eurocámara: Identidad y Democracia (ID) y Conservadores y Reformistas Europeos (CRE). El primero congrega a partidos como Hermanos de Italia (de Giorgia Meloni), Ley y Justicia de Polonia, Vox de España, Demócratas de Suecia y el Partido de los Finlandeses. El segundo, a Agrupación Nacional de Marine Le Pen, La Liga de Italia, Alternativa para Alemania y el Partido Popular Danés. Al crecimiento de estos dos bloques hay que sumarle las pérdidas de grupos parlamentarios claves en la agenda europea de estos años como los socialdemócratas, los verdes o los liberales.
Según las pocas encuestas publicadas con estimaciones de escaños, los socialdemócratas obtendrían entre 136 y 145 asientos de los 720 que compondrán este año el Parlamento, entre 9 y 18 menos que en 2019. Seguirán siendo, no obstante, la segunda fuerza y tendrán un papel clave en el tablero europeo, pero los pronósticos son una nueva llamada de atención tras una década en la que sus resultados no han hecho más que empeorar.
Los verdes también llegan tocados a estas elecciones. Por un lado, la reacción agrarista a las políticas de transición ecológica ha hecho que en países como Francia o Países Bajos aumente la hostilidad de algunos sectores sociales hacia estas formaciones. Y por otro, las ambiguas posiciones de algunos de sus miembros frente a la masacre perpetrada por Israel en Gaza aleja a parte de su base social, ya que según reflejan los datos, en la mayoría de países europeos los jóvenes son el grupo más comprometido con la causa palestina.
Tampoco llegan mejor los liberales, a quienes el auge de la derecha radical también les está pasando factura. Si a esto le sumamos el bajo momento de Emmanuel Macron, el principal representante de esta corriente articulada en el grupo Renovar Europa, la desaparición del partido Ciudadanos en España o la complicada experiencia de gobierno del Partido Democrático Libre en la «coalición semáforo» que gobierna Alemania, el 9 de junio se les plantea un panorama muy poco alentador.
El espacio ubicado a la izquierda de la socialdemocracia (La Izquierda), que obtuvo 41 parlamentarios en 2019 (y son actualmente 39), parece resistir (aunque desde una posición minoritaria) gracias a la mejora de los resultados en países como Bélgica, Irlanda u Holanda, pero su situación también es frágil y según algunos sondeos también perdería escaños. Espacios claves en la última década como La Francia Insumisa, Unidas Podemos en España o Syriza en Grecia transitan momentos de debilidad, mientras que, en Alemania, el fenómeno de Sahra Wagenknecht, una escisión de la izquierda con posiciones antiinmigración y antiprogresistas, podría incluso borrar del mapa a Die Linke (La Izquierda), otro habitual en el grupo de la izquierda europea.
Quienes parece que aguantarán mejor la tempestad son los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE), que constituirían la primera fuerza, con unos resultados parecidos a los de 2019 (alrededor de 177 diputados). Este grupo contiene, entre otros, al Partido Popular español, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, Los Republicanos de Francia y el Partido Moderado de Suecia. Los populares tendrán la llave de la gobernabilidad, ya que a la hora de pactar podrán armar consensos amplios con socialdemócratas, liberales y verdes, como han hecho hasta ahora, o mirar hacia su derecha: CRE e ID. Algunas figuras importantes dentro del espacio, como la presidenta de la Comisión Europea y candidata a la reelección Ursula von der Leyen, se han mostrado abiertas a una posible colaboración con el grupo CRE, lo que supondría un paso más en la normalización las derechas radicales.
Ante este panorama, numerosas voces han señalado que estas elecciones podrían suponer un cambio de paradigma en la Unión Europea. Según los más pesimistas, la «gran coalición» entre conservadores y socialdemócratas que hasta el momento ha gobernado la Unión podría verse por primera vez en peligro y dar paso a un pacto de los populares con los grupos de extrema derecha. Este giro supondría un cambio sin precedentes en el continente, pero ¿es en verdad factible este pacto?
Por el momento, hay al menos dos cuestiones que lo dificultan y que hacen que lo más probable sea que el PPE opte por la geometría variable antes que por un pacto cerrado con los ultras. Es decir, que mantenga la gran coalición a la hora de elegir los principales cargos y marcar las líneas generales de la política europea, pero que gire hacia su derecha a la hora de impulsar o frenar determinadas medidas.
La primera cuestión por la que este escenario parece más probable es numérica. La extrema derecha va a aumentar notablemente su peso parlamentario, pero aun así sigue siendo muy complicado que la suma con los conservadores les alcance para lograr una mayoría absoluta. Según las estimaciones de IPSOS y Politico, la suma de las tres derechas (del PPE más los dos grupos radicales) quedaría ligeramente por encima de los 330 diputados. Es lejos de los 361 de la mayoría absoluta y más lejos aún de los 398 que sumaría la gran coalición con socialdemócratas y liberales, que podría aumentar hasta los 450 escaños si se incorporan los verdes.
Además, este acuerdo de derecha no sería tan sencillo, ya que el pacto con el grupo ID, tradicionalmente más radical y euroescéptico que los CRE, sería complicado de digerir para algunos dirigentes populares. Cuestiones como el atlantismo o el apoyo inquebrantable a Ucrania son líneas rojas para el PPE, como ya han señalado dirigentes como Von der Leyen.
Por tanto, aunque en el PPE cada vez son menos quienes tienen reparos en pactar con figuras de los CRE como Giorgia Meloni, el acuerdo entre todas las derechas parece lejano. Tampoco sería plausible excluir a Identidad y Democracia de la ecuación y sumar a los liberales a la alianza con CRE: la semana pasada los liberales firmaron un acuerdo contra la normalización de la extrema derecha en las instituciones del que se ausentó el PPE. Si quieren gobernar Europa con la ultraderecha, los conservadores se encuentran solos y con unos números que de momento están lejos de la mayoría absoluta.
La segunda cuestión es estratégica, y es que probablemente el PPE preferirá no cerrar ninguna puerta y jugar a dos bandas durante la legislatura. Esta geometría variable colocaría a los conservadores en una posición de pivotes, ya que podrían elegir hacia dónde inclinan las políticas europeas, pactando en algunas ocasiones con liberales y socialdemócratas y en otras con la derecha radical. De este modo, los conservadores se convertirían en el actor central de los próximos cuatro años, el único con verdadera capacidad de decidir el rumbo de la política europea.
Pero la presencia de una extrema derecha cada vez más numerosa en el Parlamento Europeo es peligrosa no solo por lo que pueda pactar con el PPE, sino por su capacidad de desplazar hacia la derecha los ejes de la política europea en temas como la política de asilo o la transición ecológica. No se trata tanto de las medidas que el PPE pueda aprobar con sus potenciales socios ultras, sino de la legislación que pueda frenar y del impacto que esto pueda tener en la elaboración de políticas públicas en el seno de la Unión. En un momento en que se necesita decisión y convicción para afrontar los graves problemas ecológicos y sociales del futuro, la presencia de una derecha radical en alza añade incertidumbre y puede torpedear las respuestas de las instituciones europeas a estos retos.
El ejemplo más claro es la normativa en materia de transición ecológica, en la que la competencia entre derecha y extrema derecha por el voto rural podría llevar a un frenazo en la agenda verde europea. El Partido Popular busca seducir a estos sectores a los que la extrema derecha ha conseguido politizar en contra de las medidas para hacer frente al cambio climático y teme que los pactos con socialdemócratas, liberales y verdes en esta materia lo perjudiquen electoralmente. Este es uno de los puntos en los que el equilibrismo de los populares puede tener consecuencias más graves.
No obstante, aunque la derecha radical contará con más fuerza que nunca, la realidad es que la situación después del 9 de junio no será tan distinta a la actual: el PPE ya se ha alineado en varias ocasiones con la extrema derecha. La alianza de populares y radicales ya estuvo a punto de tumbar algunas medidas claves de la agenda verde como la Ley de Restauración de la Naturaleza, que salió aprobada por un estrecho margen. Y en el caso de otras normas, como el Pacto sobre Migración y Asilo, también se ha podido ver cómo se incorporaban algunas demandas de la extrema derecha, a pesar de no contar con su voto favorable por no ser lo suficientemente restrictivo.
En el PPE seguramente se queden satisfechos con el resultado al no tener que enfrentarse –aún– al dilema de elegir entre una alianza con la derecha radical o una «gran coalición». Esa pantalla todavía está lejos, pero la dinámica de cooperación/competencia entre populares y radicales puede terminar causándoles problemas en el mediano plazo. Si el PPE cede al empuje de la derecha radical en temas sociales y ecológicos, y por un puñado de votos legitima el discurso antiinmigratorio o la revuelta antiecologista del agro, este bumerán político puede terminar volviéndose en su contra. Y es que puede haber un momento en el que la gente prefiera el original a la copia.
Probablemente, el nuevo periodo legislativo que comience tras las elecciones europeas no sea el del pacto con la extrema derecha, pero sí el de la consolidación de esta última como actor político en el tablero europeo. El peligro no es tanto que Meloni o cualquiera de sus aliados termine de comisario europeo, sino que las políticas de la Unión se parezcan cada vez más a lo que desea la primera ministra italiana. Ese es el verdadero poder de la extrema derecha: la penetración de sus postulados en la esfera política incluso cuando no es ella quien ostenta el poder.
Jaime Bordel Gil