El sostenimiento de los servicios de salud pública a nivel nacional está en riesgo. Tras conocerse la desvinculación de unos 360 profesionales y especialistas del Ministerio de Salud, esta semana se desarrollaron asambleas y actividades de visibilización sobre la alarmante situación que atraviesa este sector clave para la población de todo el país. Los despidos que se conocieron a fin de enero se suman a los de otras instituciones como el Hospital Nacional en Red “Licenciada Laura Bonaparte”, el Hospital Nacional Posadas y el PAMI. Esta semana, además, se conoció la decisión del Gobierno nacional de retirar al país de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Hay lugares esenciales que se vieron afectados y no hay un plan B. Hay un discurso de reestructuración que en lo único en que se vio concretado es en despidos pero no en cambios de formas de hacer las cosas. Entonces, lo más importante es el mensaje que se le da a la sociedad, del achicamiento de lugares que ya no poníamos en discusión”, sostiene María Victoria Juarez, que hasta la semana pasada se encargaba de gestionar la compra y distribución de vacunas para todo el país, desde la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI), que fue una de las áreas más afectadas del Ministerio de Salud de la Nación.
La Dirección de Vacunación se encarga de distintas funciones que ya no se están realizando. Por ejemplo, el soporte del sistema NOMIVAC, el Registro Nacional de Vacunación, que es ejemplo a nivel internacional ya que pocos países cuentan con un sistema similar. Las tres personas que se ocupaban de esa tarea fueron despedidas, lo que afecta la disponibilidad de los datos de dosis aplicadas en la aplicación Mi Argentina y perjudica al cálculo de coberturas administrativas.
También quedaron en riesgo los procesos de compras de vacunas, ya que el área perdió a dos de sus tres trabajadores, que contaban con más de diez años de experiencia. La adquisición de medicamentos por parte del Estado es una tarea compleja que requiere personal capacitado, ya que existen diferentes fomas de hacerlo, ya sea por compra directa, por licitación o por el denominado Fondo Rotatorio de la OMS/OPS, que permite acceder a precios más convenientes.
Los despidos en esta dirección también pueden afectar a la generación de recomendaciones de vacunas, control de brotes, análisis y monitoreo de estrategias de salud pública a nivel nacional, ya que el área de recomendaciones científicas también ha sido desmantelada: “Nos echaron a cuatro médicas que hacía muchos años que estábamos, una de ellas era la referente en vigilancia de sarampión, rubéola y rubéola congénita, y esa semana confirmaron dos casos en Buenos Aires”, puntualiza Juarez, que es médica, epidemióloga y especialista en salud pública, y ha trabajado en la DiCEI por más de 10 años. También despidieron a la única persona que se ocupaba de la cadena de frío de las vacunas.
“Desarmaron todo un engranaje que funcionaba, éramos 46 personas para cuidar a 46 millones de argentinos. Sin un plan de contingencia, que todo empiece a caer es solo cuestión de tiempo”, dice Juarez, y agrega que “no es poco ni menos importante lo simbólico de la salida del país de la OMS: es sacarnos de integrar ese lugar que ponía en agenda ciertos temas de salud relevantes y que ayudó a apuntalar al programa de vacunación, es todo muy desolador”.
Otra de las áreas más afectadas es la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DRVIHVyT), que ha perdido a más del 40% de su personal, lo que implica que la mayoría de sus funciones no podrán ser desarrolladas, poniendo en riesgo el control de esta epidemia en el país. Entre otras tareas, esta dirección desarrolla estrategias nacionales para prevenir y controlar las infecciones por VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis; también se ocupa de impulsar la prevención y el diagnóstico de estas enfermedades, así como la compra y distribución de medicamentos y el seguimiento de casos para lograr adherencia sostenida a los tratamientos.
“Despedieron a la única hepatóloga que quedaba en el programa, la única neumunóloga que había en el equipo y la coordinadora de tuberculosis y lepra, personas con 20 años de trabajo y que crearon las áreas”, dijo Favio Núñez, que era el coordinador de Derechos Humanos de la DRVIHVyT, durante la sesión informativa en la Cámara de Diputados que se desarrolló el martes por la tarde, y destacó que esta emergencia genera “un doble drama humano: uno que cuesta salud y que va a costar vidas humanas, y otro detrás de cada de las personas despedidas”.
“Esta es la primera puerta para quedarnos sin Ministerio de Salud de la Nación, y el problema de eso no es que no habrá salud pública, sino que la salud pública será desigual, porque cada provincia tiene su ministerio pero si no hay quién regule y marque las normativas, quién baje los costos y que lo haga más eficiente, se rompe la equidad y la justicia social”, sostiene Sergio Martini, que era el coordinador médico de la DRVIHVyT, y recuerda que ya desde el año pasado hay faltantes de reactivos y medicamentos; el proceso de adquisición de estos insumos críticos iniciado en septiembre de 2023, por ejemplo, todavía no ha finalizado.
Disponer de medicación para enfermedades oportunistas es esencial para reducir la probabilidad de muerte en personas que viven con VIH, no solo para lograr la cura sino también para disminuir la tasa de transmisión y controlar posibles brotes. Sin embargo, durante todo el 2024 no ingresaron medicamentos para enfermedades oportunistas ni para ITS, lo que llevó a un agotamiento del stock que medicamentos como Ceftriaxona, Fluconazol, Ganciclovir, Pentamidina y Nistatina. Además, solo se distribuyera el 31% de las serologías planificadas para la detección de VIH e ITS y el 10% de las cargas virales de VIH, necesarias para el seguimiento y diagnóstico. Desde julio del año pasado, las personas con VIH tampoco disponen de reactivos para detección de carga viral, CD4 y estudios de resistencia, lo que afecta el diagnóstico y monitoreo adecuado del tratamiento.
“Desde agosto ya no se entregan cargas virales, solo las tuvieron las provincias que pudieron comprarlas”, afirma Martini y advierte que delegar las responsabilidades del Ministerio de Salud de la Nación en las provincias aumentará el número de casos y hará que haya personas con peores tratamientos o con tratamientos tardíos, y con peor calidad de vida y mayor mortalidad. “Lo más injusto es que, además, todo esto va a ser inequitativo, porque no solamente afecta a muchas personas sino que lo hará en forma desigual, según la clase social y el lugar en el que haya nacido”, lamenta el especialista.
Además, apenas se distribuyó un 5,3% de los preservativos y geles lubricantes proyectados para distribuir en 2024, lo que se correlaciona con el aumento sostenido de casos de sífilis. “La sífilis está creciendo exponencialmente, el dato de los 1.290 chicos con sífilis congénita reportados en 2023 muestra, en verdad, la punta de un iceberg, porque no todos los casos se notifican y para que un bebé nazca con la enfermedad implica que hay una cadena de personas infectadas”, sostiene Martini.
Sin remedios
Otra de las políticas que se ve afectada por los despidos se vincula con la compra y distribución de medicamentos. Según un informe que elaboraron las y los trabajadores de la Dirección de Medicamentos Esenciales, Insumos y Tecnologías, más del 14% de quienes se desempeñaban allí han sido despedidos, muchos de ellos con más de diez años de antigüedad, mientras que los contratos del 45,3% de la planta restante vencen en marzo de este año.
Del mismo modo, está en crisis el programa Remediar, que desde el año 2002 se encarga de adquirir, armar y distribuir botiquines de medicamentos a los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) en todo el país (incluye analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antiarrítmicos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antihipertensivos y antiglucémicos). Los despidos en el sector, sumados a la falta de medicamentos y a la inexistencia de una estrategia de compra pone en duda la continuidad de esta política pública, lo que impactaría en 17 millones de usuarios y dejaría sin botiquines a 7824 CAPS de todo el país. Además, se verían afectadas otras direcciones y programas que a veces son asistidas por este programa, como la DRVIHVyT y la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
“Quienes trabajamos en el Estado somos los que vamos sosteniendo las políticas públicas, con los cambios de gestión“, sostiene Ana Ruiz, que se desempeñaba en la Dirección de Medicamentos Especiales y Alto Precio, en los procesos de adquisición de medicamentos para enfermedades como la fibrosis quística, por ejemplo, que son muy costosos: “Una caja para un mes puede costar 11 millones de pesos, algo que ninguna familia puede pagar”, puntualiza la especialista.
Otras áreas del Ministerio de Salud de la Nación que se vieron afectadas por los despidos, tal vez menos conocidas pero no por eso menos importantes, fueron la de vectores y zoonosis, que perdió a 4 de sus 12 trabajadores, y la de salud bucodental, que se quedó sin el 40% de su personal.
Salud pública en estado crítico
La situación crítica del sector excede al Ministerio. A mediados de enero fueron despedidos 200 profesionales del Hospital Nacional en Red “Licenciada Laura Bonaparte”, lo que dejó a la institución sin el 50% del personal del área niñeces (que recibe 700 consultas por mes), sin el 30% el dispositivo de demanda espontanea (que atiende unas 500 consultas por mes) y sin el 40% de quienes se ocupan de las alrededor de 2200 consultas mensuales que llegan a los consultorios externos. Además, el hospital del día se quedó sin el 30% de sus trabajadores y fueron despedidos 45 médicos de guardia, lo que implica la perdida del servicio casi como tal ya que, por ejemplo, ya no hay médico psiquiatra para la guardia nocturna en internaciones. Asimismo, se redujo en un 60% el personal de la farmacia (que dispensa 3600 recetas por mes) y del área de odontología, mientras que el sector de clínica médica y la línea 0800 de atención a ugencias en salud mental perdieron un 40% de sus especialistas, cada una.
Los despidos también se replicaron en el Hospital Nacional Posadas, que atiende más de 6 millones de personas y adonde se reciben más de 10.000 consultas a diario, y en PAMI, que ofrece asistencia a alrededor de 5 millones de personas jubiladas y pensionadas en el país, adonde se perdieron más de 550 trabajadores, durante el último año.
La situación también es crítica en el Hospital Garrahan, adonde si bien no hubo despidos, se ven en riesgo los tres pilares que sustentan su funcionamiento: un presupuesto que cubra las necesidades de la institución, salarios acordes para profesionales de dedicación prolongada y un sistema de autarquía que permitía una recuperación de fondos, que se reinvertía en el hospital para cubrir necesidades que el presupuesto eventualmente no podía cubrir.
Vanina Lombardi