Cablevisión-Telecom y el 3° socio “mudo”: el Estado

La semana pasada se desvaneció el último obstáculo a la constitución formal de un nuevo gigante dentro del universo empresarial argentino, una compañía de telecomunicaciones que manejará todos los aspectos del negocio, desde la transmisión de contenidos audiovisuales y datos hasta la telefonía móvil y fija. Y que podrá ofrecer en breve tiempo el “cuádruple play”.

Por la magnitud del asunto, y su inevitable carga política -uno de los socios, el Grupo Clarín, ha sido un actor influyente en el escenario argentino por los últimos 70 años- se han escrito todo tipo de notas, con sesgo favorable y al contrario. AgendAR ha publicado algunas de ellas. Pero en este artículo, redactado con material acercado por los técnicos que trabajaron en la construcción de una infraestructura clave: la Red Federal de Fibra Óptica -la REFEFO- estamos señalando el papel decisivo que ha tenido la inversión estatal en el surgimiento de este gigante:

La fusión de TELECOM y Cablevisión acaba de sortear su último obstáculo: las resistencias de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), hasta el pasado viernes 29 preocupada por tener que darle su aval a un corpus legal que prácticamente la extermina (no quizás a la Comisión, pero sí a la competencia).

Las obligaciones que la CNDC impone al grupo Cablevisión-Telecom son menores. Devolver al estado 80 MHz de espectro telefónico, o desprenderse de 143.434 clientes de banda ancha en 28 ciudades no los afecta: es apenas el 9% de sus suscriptores. No arruina el negocio núcleo del nuevo casi monopolio, que es justamente, serlo. Y serlo adonde paga: en las ciudades de más de 100.000 habitantes.

Lo extraño es que antes de que la CNDC diera el “sí” hubo que incorporar a ley modificaciones sugeridas por el grupo Clarín. Éstas contemplan las demandas de las cooperativas y pymes del interior, fundamentalmente, su negativa a compartir la infraestructura pasiva propia con los grandes jugadores. ¿Desde cuándo un león defiende a las liebres?

La explicación es en parte política y en el fondo, tecnológica.

La estrategia de Cablevisión la dio siempre la nave insignia del grupo, el diario Clarín. Su jefe histórico, Héctor Magnetto, logró que la ley le garantizara el uso exclusivo de su propia red de fibra óptica intraurbana, la de Cablevisión, en los grandes conglomerados urbanos. Retiene el 91% de su clientela. Es su mayor ventaja. La segunda es que la fusión con Telecom le permite al grupo concentrar el 60% del mercado nacional del transporte de información inter-urbano, y en algunas provincias, el 80% (caso de Córdoba).

Hay una tercera ventaja: los precios promocionales, este año de U$ 14 por MHz, con que la empresa mayorista nacional en telecomunicaciones, ARSAT, favorece a unas 1600 cooperativas, cableras y telcos-PyME del interior.

Muchas de ellas fueron compradas por Clarín en los ’90: quebraban porque no podían transmitir fútbol. Otras hace décadas se asociaron de distintos modos a Cablevisión. Las hay de tamaño sub-municipal, las hay grandes e interprovinciales, pero ARSAT tiene la REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, que trata de conectarlas a todas ellas y paga al 100% el despliegue y mantenimiento de la red de cables correctamente sepultados a resguardo de la meteorología, y cuyo ancho de banda rutinariamente duplica –por dar un ejemplo- los de Telefónica.

La REFEFO nació en 2006, está por alcanzar los 33.000 km. de extensión, y es obra pública que incluso el actual gobierno mantiene activa y por ahora, insólitamente, a salvo de recortes.

No de cambios de nombre (la REFEFO fue rebautizada Plan Federal de Internet). Tampoco de atrasos (se proponía llegar a 1300 localidades en 2019, va por las 450). No hay culpa en las demoras: son inherentes a la dificultad técnica y financiera de una obra colosal, como sólo las hace el estado, que además se tuvo que volver experto sobre la marcha.

Si semejante emprendimiento no favoreciera de algún modo “al Grupo”, ¿se continuaría? La pregunta a hacerse quizás es otra: ¿habría siquiera empezado? Con esta autopista de información, hoy se puede ver TN, el noticiero “de bandera” de Clarín, en localidades de Jujuy donde hace una década a lo sumo había unos pocos teléfonos de línea. El plan en esa provincia, para el caso, es llegar a 82 localidades conectadas.

Clarín y Telecom actúan como empresa única desde el año pasado, sin todavía serlo legalmente. Pero tener los papeles en orden les resultaba importante, máxime en el desorden general posterior al “escape” del dólar y previo a las elecciones del 2019. A futuro, ¿quién podría asegurarle al contador Magnetto que el próximo gobierno sea complaciente con “el Grupo”?

En la práctica, dicho grupo ha mostrado más resiliencia y lobby que cualquiera de los gobiernos democráticos desde 1983 a esta parte. “Recargado” por la fusión, los límites a su voluntad se vuelven conjeturales. Todo nuevo presidente sólo podría acatar ese poder o gastar su energía en quebrarlo, y sin garantías de éxito. Alguien que le explique a Thomas Hobbes que su Leviatán, la república, está débil frente a nuevos actores.

Clarín tenía que emprolijar su casamiento con Telecom antes de las elecciones presidenciales, para volverlo un poder tan incuestionable que desalentara toda ilusión de rebeldía de los poderes del estado durante muchos años, independientemente de cuáles sean los partidos, candidatos y programas. Tal vez éste sea un momento clave. Se ha constituido un poder potencialmente tan largo, minucioso y autista como lo fue el militar desde 1930 hasta 1992, sólo que con pantallas y sin tanques (al menos, propios). En la región, sólo la Rede Globo de Brasil logró lo mismo. La historia mostrará si estas cosas pueden durar.

El proyecto original de legislación buscaba equilibrar un poco mejor el mercado argentino con los rivales, Telefónica y Claro. En favor de la firma hispánica hubo un reclamo durísimo del presidente Mariano Rajoy en su última (en todo sentido) visita como mandatario. No se sabe qué fichas movió el mexicano Carlos Slim, dueño de Claro, un hombre prudente que sabe no levantar polvareda en tierras extrañas, pero es claro que las cosas le salieron mejor a su compatriota y rival, David Martínez.

Con los últimos cambios, ahora Telefónica y Claro deberán seguir esperando un poco para vender “cuádruple play” (telefonía de línea y celular, internet y TV HD). La pregunta del millón es ¿podrán hacerlo?

El despegue territorial les va a costar mucho. Para vender cuádruple play, Telefónica y Claro requieren de divisas y “fierros”: hay que desarrollar la “milla final” para llegar a cada hogar, en este caso no tanto con fibra como con decodificadores satelitales, contratar ancho de banda satelital con alguna empresa con “pisada” sobre Argentina, más el equipamiento de “hubs” y antenas que permita inyectar y redistribuir contenidos locales.

Aún con el dólar subvaluado, nunca fue barato hacer eso aquí. Se requería invertir. No se hizo. La Argentina es el octavo país de la Tierra en extensión, y uno de los que tiene la peor demografía territorial: enormes concentraciones de población en 5 megalópolis, y vastos espacios casi vacíos –e incomunicados- en el interior.
Fuera del conurbano porteño, hay centenares de rutas en las 23 provincias donde no alcanza con llevar celulares de 2 compañías distintas si a uno se le rompe el auto: no hay antenas, no hay señal. Pero este mes, para Telefónica y Claro los costos de toda la infraestructura territorial y orbital que deberían construir (que debieron haber construido) se dispararon con el dólar. Y las telcos dan servicio al mercado interno: cobran en pesos.

ARSAT domina la fibra óptica terrestre. Transporta un ancho de banda técnicamente imposible de alcanzar con satélites. Lo vende a un precio difícil de igualar a las cooperativas y pymes de telefonía, TV por cable e internet del interior: las “telefónicas” (con minúscula) y las “cableras”, como se las llama desde siempre en las provincias.
Cada una de ellas tiene su infraestructura construida el siglo pasado, y la vino actualizando como mejor pudo, en muchos casos fibra aérea, que reemplazó al cable de cobre, pero que todavía cuelga de postes y está expuesta a la intemperie. La gigantesca traza subterránea de la REFEFO, ya dispone de contratos con múltiples proveedores de “última milla” mejor equipados, como Fibertel, pero más frecuentemente con centenares de esas mentadas cooperativas locales, donde las hay minúsculas pero también grandes, y en general vinculadas al grupo Clarín.

Telefónica y Claro necesitan transitar “sin pagar peaje” por esos extremos distales de la telaraña telemática nacional. Son tendidos precarios e insuficientes, pero es lo que hay, y ambas compañías jamás pusieron un centavo en esa infraestructura. Siempre trataron de imponer como fuera el “libre uso” de tales recursos ajenos, pero últimamente mucho más, forzados por la devaluación.

Comprensiblemente, cooperativas y cableras no quisieron saber nada, así como tampoco algún gobierno provincial (La Pampa). El contador Magnetto se apoyó en estos aliados de tierra adentro, que suman lobby. Y la capacidad del Grupo Clarín de escribir y reescribir la legislación en este año, tan preelectoral y caótico, ha crecido con cada caída del peso. Telefónica y Claro sin duda tienen poder, pero no sirven como guardaespaldas.

La Ley Corta de comunicaciones reemplazará a la “vieja”, compleja y exhaustiva Ley de Medios, que a fuerza de torpedeo judicial, se hundió en 2015 sin haber podido llegar a puerto. La “Ley Corta”, en contraste, hace honor a su nombre: es brevísima. Deja grandes temas librados a la interpretación de funcionarios transitorios y jueces versátiles, fuente probable de futuros litigios. No son poderes cuyo casi perfecto manejo Clarín ignore.

Su sucinto articulado debe ser interpretado y reglamentado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), ente donde Clarín pisa fuerte. Mientras la CNDC no resignara sus pruritos antimonopólicos, era arriesgado avanzar. Ya no.

A la larga liebres y leones tienen intereses distintos. Pero en lucha de gigantes que acaba de suceder, los que perdieron capacidad de elegir a su proveedor son los ciudadanos, consumidores y clientes que habitan en las 5 megalópolis nacionales o en la traza troncal de ARSAT (la mayor parte de la población). Sólo tendrán la oferta casi única de Cablevisión-Telecom para internet y TV paga, robustecida por productos como el Flow, que da contenidos con movilidad.

Los que habitan en ciudades chicas del interior y la población rural dispersa y agrupada perdieron más. Lejos de la REFEFO, algunas zonas seguirán tan incomunicadas como lo estaban en 1930. Para no dejar ciudadanos afuera, un país de casi 2,8 millones de km2 con 45 millones de habitantes mal repartidos hay que “iluminarlo” desde el espacio con satélites, hubs, antenas y decodificadores. Es lo que hizo Australia, con el triple de territorio y la mitad de población. Cualquier “cattle station” en medio del polvoriento “outback” australiano recibe 20 megabytes de ancho de banda en su antena satelital.

Pero armar una estructura así sale mucha plata. Si Telefónica y Claro no intentaron construirla cuando la economía daba señales de vida, difícilmente quieran hacerlo ahora.

En contraste, el nuevo megamedios (el prefijo “multi” ya no alcanza), ahora con los papeles en orden, puede financiar su crecimiento tecnológico emitiendo obligaciones negociables.

La batalla por el manejo de las comunicaciones, tal vez la más decisiva en este siglo XXI, se seguirá dando, y tendrá muchas vueltas, a pesar de cierto fatalismo que se desprende de los párrafos anteriores.

Pero en AgendAR nos interesa subrayar un aspecto fundamental, que las discusiones ideológicas y políticas frecuentemente pasan por alto. Sólo el Estado puede hacer, en la práctica, las inversiones en infraestructura necesarias para los grandes emprendimientos. Aún en nuestra época, tan globalizada, el Estado es un socio necesario del capitalismo moderno. Depende de quiénes están a su frente, y en última instancia de sus electores, que sea o no un socio bobo.

Abel B. Fernández