A raíz de la denuncia de un caso de violencia sexual en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el jueves 21 de junio, durante el turno noche, volvió a recalcarse la importancia de la aplicación de los protocolos de género en los ámbitos universitarios y la necesidad de reforzar políticas al respecto, como la creación de áreas específicas en las facultades que traten estos temas.
Si bien cada vez existen más casas de altos estudios nacionales que tienen protocolos, aún quedan muchas que no. Son 28 las universidades públicas que cuentan con uno, frente a las 53 que hay en Argentina, según un informe de mayo de 2018 de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias.
“¿Por qué solo algunas instituciones públicas han conseguido dar pasos fundamentales contra las violencias sexistas que se despliegan en su interior en tiempos donde queda en evidencia la necesidad de que existan?”, se pregunta Noelia Figueroa, referente del espacio de Atención a la Violencia de Género de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario.
“Lo que buscan los protocolos es cubrir las situaciones que se dan entre personas que pertenecen a la universidad, sean docentes, no docentes, contratados, temporales, estudiantes, donde exista alguna situación de violencia, de acoso sexual, de abuso sexual, violencia física, psicológica, agresiones verbales”, aclara la referente de Rosario. “Los hechos no tienen que ser necesariamente dentro del edificio de la facultad, sino que puede ser virtual o en otros lugares. Lo importante es que el vinculo que se genera sea personal, académico-educativo, en el marco de la universidad. En esos casos, se le brinda asesoramiento a la persona que viene a denunciar. A veces alcanza con restringir horarios para que no se crucen”, afirma. Según Figueroa, cada caso es singular, pero la idea es cuidar a quien fue víctima de una situación de violencia porque lo que sucedía en general era que las víctimas renunciaban a la carrera o dejaban de ir a la facultad porque se ponía el ojo más sobre ellas que sobre los agresores”.
Más allá de los logros, aún falta mucho por hacer, como advierte Julieta Alcoba, prosecretaria de Géneros y Políticas Feministas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. “Una de las dificultades evidentes de aplicación es el presupuesto, ya que se necesita voluntad política, acompañada de recursos que lo posibiliten. Y después suelen aparecer resistencias internas. Pero por suerte hay grupos organizados feministas que están dando la discusión que exige la aplicación de estas políticas”, explica Alcoba.
En La Plata cuentan con un programa contra la violencia de género y un protocolo aprobado en 2015. Además, a raíz de la mayor presencia en la agenda pública y mediática de las cuestiones de género, en la universidad empezaron a hacer fuerza para aplicar otras iniciativas que trabajen con la política académica, por ejemplo la creación de prosecretarias de género dentro de las facultades.
Por su parte, Julieta Martino, consejera estudiantil del Consejo Superior de la UTN, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Superior hace menos de un mes, cuenta que “la idea rectora es la prevención, capacitación y concientización de todos los sectores de la universidad, sean docentes o no docentes, graduados, para que no se llegue a aplicar una sanción.
El secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ignacio Garaño, relata que en abril de 2017 se aprobó el protocolo, luego de un intenso trabajo en 2016.
“La importancia que tiene este protocolo de intervención ante situaciones de violencia machista, acoso sexual, discriminación por identidad de género y/o vivencia de la sexualidad en el marco de la Undav es fundamental como herramienta para intervenir, como universidad, ante situaciones que se ponen en agenda”, sostiene. El protocolo, agrega, “nos da una herramienta concreta, aprobada por todo el cuerpo del Consejo Superior, para llevar adelante acciones de contención frente a hechos en los que toda la comunidad universitaria considere que sus derechos están siendo vulnerados. Es un trabajo complejo”.
Hasta el año 2014, la única universidad que contaba con un protocolo específico para la prevención, atención y sanción de la violencia de género era la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén y Río Negro). Luego se sumó la Universidad Nacional de Rosario. Y les siguieron, entre otras, la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de General San Martín, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires, UTN, la Universidad Nacional de José C. Paz, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de Avellaneda y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones.