Cerrar la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, Neuquén, «para ahorrar», tanto en plata como en energía equivale a cortarse una pierna para bajar de peso, pero está firme en los planes del gobierno nacional. Esta es la conclusión que resulta de lo que se escuchó en el Congreso Nacional en una comisión que presidió el neuquino Darío Martínez.
Se acordó entre varios partidos opositores que se buscará amortiguar los efectos del cierre con previsiones presupuestarias, cuando se trate la ley en el Congreso.
Por ahora sólo hay certezas de que Nación va a comprarle a la Planta un stock de 22,7 toneladas de agua pesada para que se garantice el pago de sueldos y algunas deudas hasta fin de año. Este stock será abonado en 2 pagos, el primero se realizará la semana que viene para que se abonen los sueldos del personal, se cumpla con algunos proveedores y se nivele parte de la deuda de la PIAP, que ronda en más de 300 millones de pesos.
El origen de la deuda: al dar de baja el proyecto Atucha III, el estado canceló la compra de 600 toneladas de este líquido sin el cual las centrales de uranio natural sencillamente no funcionan. Pero además dejó de comprar agua pesada para reposición de las 34 toneladas que se gastan anualmente en las centrales de Atucha I y II y Embalse. Así las cosas, el fluido deberá importarse (a U$ 800.000 la tonelada) pese a que el país puede producirlo a U$ 600.000, ya que la PIAP «tiene escala»: es la mayor unidad del mundo en su tipo. Por eso mismo, detenerla sin que se venga abajo implica un gasto absurdo de mantenimiento.
El segundo pago para desembarazarse de la PIAP y dejarla decaer a chatarra, preferentemente sin que Neuquén «se incendie» en términos sociales se realizará en noviembre aproximadamente. Más de 600 personas, en general de calificación técnica entre alta y muy alta, pierden su trabajo.
“Aclararon que la intención es no incluir en el presupuesto del año que viene las partidas para la compra de las 100 toneladas de agua pesada porque Nación no tiene ese dinero”, afirmaron fuentes de diputados.
El exministro Juan J. Aranguren, tras liquidar Atucha III, tuvo la intención comprar una reserva simbólica de agua pesada para las centrales existentes, y luego venderle las dos gigantescas columnas de fabricación de amoníaco de la PIAP a YPF, que desde 2001 fabrica urea granulada para la agricultura. El resto de la planta, que costó el equivalente actual de U$ 900 millones, quedaría para chatarrear. Pero no lo logró, y aparentemente su sucesor Javier Iguacel y el presidente Mauricio Macri prefieren un aterrizaje más duro para la instalación. Y ya.
- Si el país no produce agua pesada para mantener las centrales nucleares deberá importarla, o perder los únicos 1756 MW del mercado eléctrico con un factor de disponibilidad cercano al 90%, y que no dependen de los bandazos del clima o del precio del petróleo: los nucleares.
El porqué a la producción argentina le conviene, y necesita, contar con la Planta Industrial de Agua Pesada fue desarrollado aquí.