Con la modestia que cabe a una publicación digital, corresponde decir que AgendAR fue el primer medio no especializado que se esforzó en hacer conocer el tema, el 4 de abril de este año. Y desde entonces hemos insistido en la importancia, económica, tecnológica y geopolítica del asunto, como pueden comprobar usando el Buscador (la lupa, arriba a la derecha). Resumimos nuestra posición aquí: 4° central nuclear argentina: arrancar perdiendo : no objetamos que se compre a China, pero sí la cancelación de la compra previa de una central tipo CANDU, factible de una construcción casi íntegramente nacional, que en la central Hualong-1 la Argentina no use «de movida» elementos combustibles de fabricación local, y por último que la máquina se compre «llave en mano», sin lugar para los técnicos y las empresas tecnológicas argentinas.
Recientemente Infobae publicó una nota de Martín Dinatale, que enfatiza el aspecto geopolítico del asunto. Y hoy lo incluye Clarín en su edición de la fecha. Se ha despertado el interés, en muchos lugares.
«Energía está alistando el contrato para que China construya la cuarta central nuclear, obra estimada en alrededor de US$ 7500 millones para la que se empleará la tecnología de uranio enriquecido, diferente a la que utilizó el país hasta el momento. Esta decisión, que consolidaría al país asiático como un socio de fuste, podría ser anunciada formalmente en la inminente de visita del presidente chino, Xi Jiping, a Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20 y promete animar un fuerte debate sobre sus implicancias científicas y económicas.
La intención de Javier Iguacel es que en ese evento se firme la carta de intención entre los dos gobiernos, iniciativa que lleva semanas de gestiones febriles en esta Capital y en Beijing, con avances concretos pero aún sin consenso cerrado dentro del propio ministerio de Hacienda.
Nicolás Dujovne necesita tener certeza de que la singular fórmula prevista para el financiamiento no comprometa el déficit 0.
Cristina Fernández de Kirchner había rubricado con aquel país un convenio marco que sólo oficiaba de paraguas inicial en el rubro. Luego, las conversaciones apuntaron a contratar bajo el sistema de llave en mano dos centrales por un monto total aproximado de US$14.500 millones. Una se construiría utilizando la tecnología CANDU, sobre la base del uranio natural, recurso que el país dispone. La segunda, en cambio, emplearía uranio enriquecido, insumo más costoso del que China es uno de los pocos proveedores mundiales, junto con Rusia y Estados Unidos.
El criterio para aquella doble contratación mixta fue que comprándoles a los chinos la tecnología que ellos quieren vender sería más sencillo conseguir financiamiento para la otra a través de créditos concesionales por el 85% del valor total del emprendimiento, con desembolsos “pari pasu” en relación con los que haga Argentina por el 15% restante. Pero las restricciones fiscales, entre otras, limitaron la contratación a sólo una.
En los primeros tramos de su gestión, el Gobierno puso énfasis en revisar en detalle los pactos suscriptos por sus antecesores con China y no tuvo apuro por cerrar ninguno. Así se abrió una instancia de frialdad aparente en el vínculo bilateral que, sin embargo, ahora la Casa Rosada tiene necesidad e interés en alimentar.
Si las avanzadas conversaciones se plasman en papel, la central a emplazar en territorio bonaerense sería contratada a la China National Nuclear Corporation (CNNC), firma estatal de primer orden, cuyo presidente es dirigente de alto rango del Partido Comunista. Sería financiada por un consorcio bancario liderado por el ICBC y el Eximbank, que aportará unos US$ 6500 millones a repagar en veinte años, con ocho de gracia y 4,5% por ciento de interés anual.
Otras condiciones sustantivas ya consensuadas son que el 40% de la obra será de integración local —entre obra civil, montaje y componentes— y que se reforzó el nivel de responsabilidad de la contratista china que, según un esquema preliminar de obligaciones, era difusa y acotada sólo al 1% del valor de contrato.
Pero el punto medular es que el préstamo se devolverá con la energía que genere la central. La obra estará a cargo de la estatal Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que tomará la deuda (con el aval del Tesoro) y la cancelará con la venta de la electricidad de la propia usina.
La deudora es NA-SA y al repago aportarán los usuarios de electricidad mediante la tarifa y no todos los contribuyentes como ocurriría si el préstamo hubiese sido otorgado a la Nación. Un cambio de esquema clave respecto al modelo de acuerdo que se había empezado a discutir con el gobierno anterior y que incidirá en los cuadros tarifarios eléctricos, pero dentro de al menos dos mandatos presidenciales.
Para la culminación de Atucha II y la prolongación de la vida útil de Embalse ya se instrumentó una modalidad de contratación diferente a la que prevé la obra pública convencional: NA-SA asume la ingeniería del proyecto y dispone de mayor libertad para elegir a sus proveedores, actuando como sociedad anónima.
Estas usinas utilizan como combustible al uranio natural y al agua pesada. Virar al uranio enriquecido implica abandonar parte del capital que Argentina consolidó con esa experiencia. Pero a decir de los militantes nucleares del Gobierno, no sólo alinea al país con la tendencia mundial más firme sino que ayudaría a desarrollar la tecnología del Carem25, un reactor de menor porte que el país está fabricando con miras a exportar a partir del 2022, cuando esté alistado el prototipo, y en el que se invierten $ 2.500 millones por año, según presupuesto.
Un ex funcionario del área nuclear aseguró que la tecnología china tiene atributos superadores respecto a la de otros países líderes, según coincidieron varios estudios que se hicieron en la órbita pública. Con la construcción de veintiocho centrales,Beijing se consolida como potencia y parece un proveedor confiable.
La nueva central con reactor Hualong One aportaría 1200 megas más al sistema eléctrico local, casi el doble que otra en base a uranio natural. Las dudas surgen en torno a cómo amortizar el alto costo que siempre tienen estos emprendimientos.
Para sus defensores, esa electricidad costaría alrededor de 70 dólares el mega, muy cerca del precio promedio mayorista actual. Pero a ese número sólo se arriba si se hiciera un cálculo de todos los costos e ingresos del sector nuclear en el que hay tres usinas ya amortizadas: es muy caro construir una usina, pero relativamente económico generar luego.
Más allá de la decisión oficial de erradicar subsidios y darles protagonismo a los privados en el rubro, el gobierno de Mauricio Macri descuenta que este es un renglón de inversiones que sólo puede ejecutar el Estado por su magnitud. Este concepto, así como la elección de un proveedor chino, establece un punto de contacto fuerte con la visión del kirchnerismo, que tuvo como prioridad estratégica tender un puente con el país asiático, segundo socio comercial y buen proveedor de financiamiento para infraestructura. Cancillería debería saber a cambio de qué».
Algunas aclaraciones: 40% de participación nacional en la construcción de la Hualong es «llave en mano». Significa que nos toca PARTE de la obra civil (hormigón y ladrillos), que normalmente significa el 50% del costo de la central. Con esa cifra, queda claro que la obra específicamente nuclear se la reserva China. Clarín debería conocer esos «detalles».
Clarín supone asimismo un respaldo unánime de las autoridades nucleares a la suspensión de la compra de una CANDU de uranio natural, moderada por agua pesada. Eso es exclusivo de la dirigencia de la Subsecretaría de Energía Nuclear implantada entre las reparticiones y empresas nucleares públicas y privadas, y el secretario de energía, Javier Iguacel. Los sectores históricos de la CNEA, NA-SA y más de 140 empresas privadas que completaron Atucha II en 2014 y «retubaron» Embalse entre 2015 y 2018, no han renunciado a que, después de este gobierno y con la Hualong-1 en inicios de construcción, la Argentina trate de retomar la construcción de otra central CANDU. Lo que no creen es que encuentren una oferta tan buena como la que CNNC nos hacía hasta mayo de este año, cuando prácticamente nos regalaba la financiación de la CANDU con tal de que dos años después iniciáramos la obra de la Hualong-1.
Asombra la liviandad con que esta dirigencia transitoria condenó la decisión estratégica tomada en 1967 por el uranio natural y trata de imponer el enriquecido, como si fuera una cuestión de moda. Sabemos, sin embargo, que eso no será sostenible. Las centrales CANDU, como dijo Agustín Arbor Gómez, dirigente del empresariado metalúrgico privado del sector nuclear, son:
- Las que podemos hacer sin dependencia tecnológica. Las conocemos al dedillo. Las que permiten una participación de hasta el 100% de proveedores nacionales,
- Las que nos permiten mantener la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, Neuquén, en funcionamiento y ser primeros proveedores mundiales de este insumo,
- Las que no requieren importar uranio enriquecido ni ampliar la pequeña planta de enriquecimiento de Pilcaniyeu (asunto caro y diplomáticamente ripioso).
Las CANDU son una tecnología probada, relativamente barata y segura. Suman 47 centrales activas en Canadá, Argentina, Corea, China, la India y Rumania y tienen una foja impecable en materia de accidentes nucleares. Aunque la Subsecretaría de Energía nuclear insiste en compararlas con el robusto pero «demodé» Ford Falcon, Canadá, Corea y Argentina han hecho procesos de «extensión de vida útil» de sus CANDU para usarlas 30 años más, China tiene hecho desde 2014 el proceso de aprobación regulatoria de 2 CANDU de un modelo nuevo de 1000 MW, el ACR (capaz de usar como combustible los residuos nucleares de su enorme flota de uranio enriquecido), y la India está en vías de construir 12 CANDU nuevas. Por alguna causa que la Subsecretaría no atina a comprender, los canadienses, coreanos, chinos e indios le tienen fe al CANDU.
Ningún dirigente consultado logra entender por qué abandonar el uranio natural nos permitiría construir o exportar mejor la central compacta CAREM argentina, cuya obra empezó en 2011 «a bolsillo propio» y debería haberse terminado en 6 años. Más bien creen que si todavía no está en línea y entregando potencia, es por los bandazos políticos y recortes presupuestarios que afligen al área nuclear desde que el gobierno del ingeniero Macri la puso bajo dirección petrolera.