La industria del software en un momento difícil

La industria del software fue un sector emblemático para Mauricio Macri y sus colaboradores, aún antes de llegar a la presidencia. Por razones y vínculos de coyuntura, pero también porque la acompaña un aura de modernidad que encaja muy bien con la imagen que al dirigente le interesaba mostrar a la sociedad argentina.

El Distrito Tecnológico de Parque Patricios fue una política pública de impulso al sector cuando Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a sus beneficios impositivos a la fecha las 200 hectáreas del lugar contienen a 300 empresas del sector que incluyen, además, locales dedicados a servicios como Megatlon y Starbucks. Construir un polo para startups de base tecnológica era el plan para que otras empresas les hicieran compañía a los “unicornios” locales: Globant, Despegar, OLX y MercadoLibre.

Este apoyo a la modernización de la estructura productiva local rindió sus frutos al momento de llegar a la presidencia. Una de las primeras empresas en anunciar inversiones fue Globant —que en 2016 se comprometió a desembolsar $ 1.200 millones en cinco años—. A escala nacional, otros dos hitos fueron la Ley Pyme –que consiguió aprobar el Congreso Nacional en 2016— y la famosa de Emprendedores que, a escala nacional, incluyeron menor presión tributaria, mayor acceso al crédito, trámites simplificados e incentivos fiscales a la inversión.

Pero no duró. Este año, Larreta disolvió el Ministerio de Modernización porteño y el presidente Macri degradó a su versión nacional. A estas medidas se les sumó el anuncio de retenciones para las exportaciones del sector de los servicios —$ 4 por cada dólar exportado hasta 2020—y que morigera el aumento de competitividad que obtuvieron aquellas firmas locales dedicadas a la exportación producto del salto abrupto en la cotización de la divisa estadounidense.

Otro ítem a destacar es que cada día está más cerca el fin del Régimen de Promoción de la Industria del Software, promulgado en 2004 y cuya última prórroga vence en diciembre del año próximo. Esta incluye un 70 por ciento de las contribuciones patronales, a través de un crédito fiscal intransferible para pagar impuestos nacionales. Una cifra para nada menor cuando se considera que el 80% de los costos de las empresas desarrolladoras y exportadoras de software corresponde a los salarios de ingenieros y desarrolladores. Hay que agregar, también, que la Ciudad de Buenos Aires otorga una rebaja del impuesto a los Ingresos Brutos a aquellas compañías que estén dentro del régimen. Finalmente, cabe mencionar que el otorgamiento los fondos sectoriales de lo que era el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a toda la industria tecnológica (el Fondo Tecnológico Argentino y el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Industria del Software) se encuentra congelado desde marzo.

Existen, entonces, razones para comprender por qué el último informe del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (Opssi) de la Cámara Argentina de Software (Cessi), muestra que las expectativas respecto del crecimiento de las exportaciones cayeron un 45,5% y las expectativas del empleo, 36%. El mismo estudio indica que el volumen total de ventas esperado para este año y respecto de 2017 pasó de un 5% de crecimiento a una caída del 10%. “Es difícil pensar nuevas propuestas, adquisición de equipos o tomar gente cuando en la industria estás trabajando con el 60% de la capacidad productiva”, dice el economista Fernando Peirano.