El 31,3% de la población urbana – 12.700.000 personas – son pobres, de acuerdo a la medición del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. El criterio es que no tienen ingresos para comprar los alimentos y demás productos de una canasta básica o tienen entre una y tres carencias sobre 6 indicadores básicos: alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo y servicios básicos.
Tomando en cuenta la pobreza rural, puede decirse que un tercio de la población argentina sufre carencias graves. El 31,3% es la cifra más alta en los registros de la UCA desde 2010. En relación a 2017, cuando alcanzó el 26,6%, se agregaron 1.900.000 nuevos pobres. Son de las clases medias bajas, los trabajadores y los sectores más humildes, en un contexto de aumento de la desigualdad social.
La característica de este relevamiento es que va más allá de comparar el ingreso de los hogares con el valor de las canastas básicas, la llamada “pobreza por ingresos” o “pobreza monetaria”. Toma en cuenta y combina con otras carencias básicas de los hogares y por eso se conoce como “pobreza multidimensional”.
Esta medición no es similar a la del INDEC que califica como indigentes o pobres a los hogares y las personas que no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta de alimentos o básica total. Pero las cifras y la tendencia de ambas mediciones son muy coincidentes.
Al dar a conocer el estudio, el Director del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia, explicó “la pobreza es mucho más amplia que la sola falta de ingresos y por lo tanto no puede ser medida por un solo indicador. Significa no sólo insuficientes ingresos corrientes. Ser pobre “multidimensional” significa estar sometido a privaciones y exclusiones sociales que no se limitan al nivel de ingresos”.
El Informe señala que la pobreza estructural – por ingresos y por tener de 3 o más carencias básicas- aumentó del 16,6% al 18,6% de la población: son 7.500.000 pobres estructurales. Desde 2010 esa pobreza estructural tuvo un piso del 15% con saltos en 2014, 2016 y 2018. Por eso Salvia señaló que “la tendencia es hacia un agravamiento de la pobreza estructural”.
Salvia dijo que hubo algunas mejoras en materia de infraestructura, vivienda y hábitat durante estos últimos años. Por ejemplo, desde 2010 hubo una evolución favorable a partir de la inversión pública en los servicios de agua de red y cloacas, aunque todavía el 10,3% de los hogares urbanos carece de agua corriente y el 29,1% no dispone de cloacas. Pero se agravó en alimentación y salud: la “inseguridad alimentaria” –falta de acceso a los alimentos o “privación extrema”- en el último año, subió del 5 al 6% de los hogares y se incrementó del 15 al 17,3% los hogares que no pudieron adquirir los medicamentos. También aumentaron las carencias y pérdida de derechos en empleo y seguridad social: pasó del 26,7 al 28,2% en el último año, por la pérdida de empleos y el incremento de la desocupación. Salvia agregó que la pobreza por ingreso y por carencias básicas “tuvo un fuerte crecimiento en el actual contexto inflacionario y de estancamiento”.