Ayer en AgendAR informamos sobre el OxyContin, un analgésico que se vende en Argentina, denunciado por provocar drogadicción. A las pocas horas, tuvimos ocasión de mencionar en las redes sociales que habría 80 pacientes internados en el hospital Fernández por adicción a ese analgésico…
La superficialidad de la mayor parte del discurso público sobre ese tema nos impulsa a reproducir esta columna de dos estudiosos que se han dedicado a analizarlo sin una agenda política partidista: Marcelo Bergman, director del CELIV -Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia- y profesor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y Juan Gabriel Tokatlian, profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella.
Pues la drogadicción y sus secuelas tienen un costo terrible, en lo humano y en lo económico para nuestra sociedad, y no debemos engañarnos con recetas fáciles. Vamos a la columna:
«Recientemente, el gobierno nacional exhibió lo que caracterizó como un gran éxito en la lucha contra el narcotráfico. Con algunas cifras difíciles de corroborar se buscó mostrar que a través de más detenciones de personas y confiscaciones de drogas ilícitas se estaban dando pasos importantes para erradicar el “flagelo de la droga”. Sin embargo, no es claro que haya siquiera indicios de semejante logro. Los firmantes de esta nota que por años venimos estudiando sistemáticamente el tema, llamamos a ser muy cautelosos y a no “cantar victoria”. Es más, creemos que esos mismos datos demuestran el fracaso de la política actual.
El Gobierno, en sus inicios, se propuso un objetivo maximalista: doblegar al narcotráfico. Pero, según sus propias estadísticas, parece haber más drogas ilícitas en el mercado que en 2016. Para demostrar el hipotético éxito, se aduce que el precio por gramo de cocaína creció 153% de 118 a 300 pesos en tres años (un mayor precio estaría indicando una menor oferta como resultados de más confiscaciones y la dificultad de introducir la droga al país). Como se sabe, el precio de la cocaína tiene un reconocido componente internacional por lo que sería preciso estimarlo a valor dólar.
En enero de 2016, 118 pesos eran 8.1 US$, y hoy 300 pesos son 7.5 US$. Por lo tanto, el precio de la droga en dólares no aumentó. Asimismo, los resultados de encuestas indican que los consumidores no tienen dificultad de conseguir la droga que desean.
Es que esto ya se sabe hace varias décadas: cuando hay ganancias importantes se produce un “efecto sustitución”; es decir, cuando un vendedor o transportista es detenido, inmediatamente otro toma su lugar.
Esta política, además, está produciendo otros resultados indeseables–externalidades negativas. El crecimiento de la población carcelaria es explosivo. Y ya sabemos lo que sucede en las cárceles: las “escuelas de delincuencia” aumentan su masa crítica y como todos los presos salen después de algunos años, eso impacta en un crecimiento de las tasas delictivas. Más de 200.000 hijos tienen a algún padre o madre presos produciendo consecuencias individuales y sociales adversas. Asimismo, el costo de cada persona privada de su libertad supera el medio millón de pesos anuales que pagamos con nuestros impuestos. O sea, si hoy tenemos 30.000 presos más que hace 3 años, eso implica ¡un costo adicional de 15.000 millones de pesos cada año!
Pero lo paradójico es que estas consecuencias adversas no resuelven el tema del tráfico. Más aún, si realmente fuera tan peligroso transportar drogas por la frontera norte, debería haber menos y no más personas que pasen drogas. Sin embargo, los mismos datos del ministerio indican que más “mulas” y transportistas han sido detenidos en Misiones o en Salta. Asimismo, no debería ser un orgullo tener casi 100.000 personas presas.
La experiencia internacional y más de 50 años de investigaciones sobre drogas ilícitas nos han dejado muchas lecciones. Primero, medir el éxito o el fracaso de una política pública específica no es tarea sencilla. Hay muchas preguntas implícitas que deben responderse: cual es la razonabilidad, la efectividad, la sustentabilidad, la coherencia, y el propósito de tal o cual iniciativa. Segundo, existe consenso respecto al hecho de que las mediciones convencionales para evaluar la política anti-drogas tienen defectos significativos y han contribuido a perpetuar el problema y no a reducirlo. Tercero, es claro que algunos datos invocados como resultados promisorios tienen solo un valor temporal de eficacia simbólica: esto es, dar la sensación que se está “haciendo algo” cuando en la práctica no hay ningún cambio elocuente o alentador para la sociedad en su conjunto.
Cuarto, aún tomando los indicadores de “éxito” oficiales, ello no necesariamente lo explica. Si se confiscan más drogas, ¿ello significa más eficiencia o refleja que puede estar ingresando cada año más drogas? Si aumenta el número de detenidos, ¿significa que se han reducido los incentivos para que otras personas los sustituyan en el negocio? Si se encarcelan más individuos ligados a la venta callejera de drogas, ¿significa que se han desmantelado más redes criminales sofisticadas? Quinto, cada vez hay un mayor reconocimiento a la necesidad de otras métricas para ponderar el éxito o fracaso de una estrategia anti-drogas.
Por ejemplo, con determinada política ¿se evitan más violaciones de derechos humanos? ¿se garantizan mejor la seguridad humana entendida como una reducción de la violencia y el crimen ? ¿se logra un mejoramiento social tal que impacta en una disminución del abuso de sustancias psicoactivas? ¿se avanza en una mejor política de salud y educación en aras de prevención, tratamiento, etc.?
En síntesis, nuestro argumento es que las métricas utilizadas por el Gobierno muestran en gran medida—y una vez más- una política poco eficaz para la reducción del mercado doméstico de drogas. Estas políticas ya fracasaron pues se libra una cruzada anti-narcóticos y, a pesar de lo cual, la droga es cada vez más barata y accesible.
Evidentemente, los políticos obtienen otros tipos de réditos simbólicos y electorales con estas medidas, hipotecando así la salud social de las futuras generaciones. Argentina hace bien en intentar evitar transformarse en trampolín de la droga latinoamericana (cocaína) hacia Europa o Asia. Ese es realmente un buen objetivo, el combate contra el crimen organizado. No obstante, lo que más destaca el informe oficial es una indiscriminada política de reducción del mercado doméstico que ya fracasó en todas partes.
La coyuntura electoral quizás resulte propicia en algún sentido respecto al tema de las drogas. En vez de proponer más severidad sería aconsejable que los eventuales candidatos a la presidencia y al Congreso coincidan en la urgente necesidad de establecer un conjunto de distintos y nuevos indicadores para evaluar la eficacia de una mejor política contra las drogas. De lo contrario, año tras años tendremos más fracasos exhibidos como éxitos».