Hace 20 días se publicó en AgendAR un acta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones donde los representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría alertaban sobre el faltante de algunas vacunas. El tema se mantuvo en los medios -aunque con menos repercusión de la que un tema como éste merece. Y ahora un documento oficial pone en números la caída registrada entre 2017 y 2018 en la compra de dosis de varias vacunas, entre ellas las que protegen contra hepatitis A, B y varicela (pediátricas) y la triple bacteriana acelular.
Desde la Secretaría de Salud han reconocido problemas con el suministro de la vacuna antimenigocócica y situaciones puntuales, pero aseguran que el presupuesto está garantizado. “En el año 2018 se dieron situaciones de carácter temporario respecto de algunas vacunas”, se reconoce en un documento de respuesta a la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados. “Las demás vacunas que han presentado demoras en la provisión se han ido restableciendo, como es el caso de VPH, DTPA y varicela. Se estima que sobre el segundo semestre del año se regularizará la entrega de dosis de la mayoría de las vacunas.”
Para el diputado nacional Pablo Yedlin (PJ), vicepresidente de la Comisión de Salud, impulsor de la nueva ley de vacunación, lo más interesante del documento es la tabla que muestra la cantidad de dosis anuales adquiridas entre 2016 y 2019 (de este año se incluyen hasta el 20/5). “La tabla muestra que se compran vacunas de menos. En Argentina nacen 700.000 chicos al año. En 2018, compraron 400.000 de hepatitis A, que requiere una dosis al año. Es decir que quedaron 300.000 chicos sin vacunar. Nosotros en hepatitis A teníamos coberturas muy buenas. Y si cruzás esto con datos de cobertura, ves que en 2018 bajó. ¿Es solamente por esto? No, puede haber otros problemas. Pero el primer hecho para que no baje es contar con las vacunas”.
Para Rubinstein, «el de las vacunas es un tema muy sensible como para politizarlo y meterlo en la campaña. Lo importante es para la que nosotros denominamos ‘población blanco’ la provisión de la vacuna está garantizada.
Según el documento oficial, para una población objetivo de alrededor de 700.000 niños y niñas, de hepatitis B pediátrica, en 2018 se adquirieron sólo 300.000, menos de la mitad de las dosis compradas en años anteriores. De varicela, 550.000 el año pasado y 200.000 en 2017. También hubo caídas en la triple bacteriana acelular (la dTpa, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa), que se aplica en embarazadas y chicos y chicas de 11 años y que cayó de 1,6 millones en 2016 a 900.000 en 2017 y a 980.000 en 2018, por lo que algunas provincias (incluida la Ciudad de Buenos Aires) tuvieron que interrumpir la vacunación en adolescentes para priorizar a las embarazadas. En la pentavalente se pasó de 3,3 millones en 2016 a 1,7 millones en 2017 y 980.000 en 2018.
“La Ley dice que el Estado debe proveer las vacunas y el informe muestra claramente que se compraron menos de las necesarias. Lo que tiene que suceder es que el Estado regularice la provisión de vacunas. Tiene que comprar más para recuperar esquemas de los chicos que se quedaron sin dosis”, señala Carla Vizzotti, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE). “La gestión del programa de vacunación es muy compleja. Por eso siempre hay que tener un trimestre de reserva en stock. Debe contar con prioridad política, presupuesto ágil y una gestión eficiente. Lamentablemente no sucede nada de eso en este momento”, afirma la ex responsable de la Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles.
Argentina cuenta con uno de los calendarios nacionales de vacunación más completos a nivel mundial: 20 vacunas gratuitas y obligatorias para diferentes etapas de la vida. Es el fruto de muchos años de trabajo serio de médicos y sanitaristas. Pero el complejo engranaje que debe ponerse en marcha para que lleguen a cada niño, niña o adulto que tienen que aplicárselas experimenta fallas desde hace más de un año, como faltantes y distribución irregular, según vienen alertando ministros de salud provinciales, vacunadores, sociedades científicas y hasta la Defensoría del Pueblo de la Nación.