Compartimos esta columna de la profesora Carolina Vera, investigadora del CONICET en cambio climático y vicepresidenta del Grupo I del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), el organismo de las Naciones Unidas que asesora en el tema a los gobiernos del mundo:
El cambio climático es el problema socioambiental de mayor resonancia mundial ya que afecta a todas las regiones. Tiene fuertes relaciones con la desigualdad social y su solución requiere del esfuerzo colectivo internacional. Existen abundantes evidencias científicas de su impacto local, así como también del papel no despreciable que tiene nuestro país en contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero que lo producen.
La ciudad de Madrid será, entre el 2 y el 13 de diciembre, sede de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llamada COP25. Teniendo en cuenta la crisis económica que afecta a la Argentina y el cambio de gobierno inminente, así como la grave situación social y de gobernabilidad que sufren algunos de los países de nuestra región, los debates que se den en la COP25 pueden llegar a verse como alejados o en un plano secundario. Sin embargo, un análisis más profundo nos muestra que la vinculación de los problemas sociales con los ambientales y la articulación entre las políticas nacionales e internacionales pueden facilitar el camino para lograr el bienestar de nuestro país.
Argentina tiene una larga historia en participar en las discusiones multilaterales sobre el tema y, como firmante del Acuerdo de París, se ha comprometido a contribuir a su solución. En este contexto, la COP25 tratará temas relevantes para el desarrollo económico y social de Argentina. Los acuerdos que se logren sobre los mecanismos para promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en un esquema donde todos contribuimos con la solución, podrían permitir soluciones más costo-efectivas para los países, incluyendo Argentina. Aunque esos acuerdos internacionales tienen que reconocer las responsabilidades, capacidades y circunstancias nacionales, evitando que la carga recaiga de modo desproporcionado sobre ciertos sectores, especialmente en países en desarrollo.
La COP25 revisará también los mecanismos sobre las pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático y discutirá sobre el Fondo de Adaptación, que contribuye a que los países en desarrollo puedan progresar en sus planes y acciones de adaptación. Los eventos especiales de la COP25 sobre agricultura, energía, transporte, bosques pueden tener también relevancia en el desarrollo local. Sería deseable, entonces, que la transición hacia el nuevo gobierno nacional contemple la participación en la COP25 a la vez que considere el fortalecimiento de la gestión del ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable.
Es posible lograr el desarrollo económico nacional teniendo en cuenta las dimensiones sociales y ambientales, e integrando las políticas al contexto internacional. Necesitamos contar con políticas nacionales transversales que definan horizontes a corto, mediano y largo plazo que permitan alcanzar el bienestar social, en armonía con la naturaleza, incluyendo la solución al cambio climático.
Esto implica la transición hacia una economía inclusiva y menos dependiente de los recursos naturales, que promueva el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones; la transición a un sistema agrícola-ganadero ambientalmente sustentable y socialmente equitativo; la transición a centros urbanos incluyentes, habitables, justos y sustentables; y la transición a un sector energético ambientalmente sustentable.
Esos nuevos horizontes comunes requieren de una fuerte articulación entre los gobiernos e instituciones de nivel municipal, provincial y nacional, así como del diálogo entre los sectores público y privado, con amplia participación ciudadana. De la construcción e integración de esos lazos dependerá su éxito.