Las pasiones no se calmaron con el anuncio del gobernador que no promulgará la norma aprobada en el congreso provincial, y que provocó las movilizaciones más grandes que se recuerdan allí. Una denuncia en las redes sociales advierte que, aunque no se reglamente, está vigente y las empresas mineras pueden ampararse en ella.
AgendAR ha seguido de cerca los sucesos, aquí y aquí. Por nuestro compromiso con las actividades productivas argentinas, y también porque entendemos que los sentimientos de los pobladores ponen límites muy reales a lo que puede hacerse. Y es lo que corresponde. La Tierra es el hogar de nosotros y de nuestros hijos, y debe ser cuidada.
La situación a hoy: El gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, anunció ayer que no hará entrar en vigencia la modificación a la Ley 7722 que flexibiliza la reglamentación vigente y que hubiera habilitado una mayor contaminación del agua. En conferencia de prensa, Suárez declaró: «El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social«.
Suárez también se refirió a los últimos días de protestas sociales y represión policial, y cuestionó a los manifestantes: «Hubo hechos de violencia, cortes de ruta, quejas de ciertos sectores, algunos muy violentos. Los funcionarios recibimos amenazas y hostigamientos«.
Así, parecía cerrarse el tema, ya que la oposición peronista se había desligado del apoyo que en algunos departamentos de la provincia se había manifestado a la reforma. En cuanto a la posición de la Iglesia, el arzobispo Marcelo Colombo, luego de reunirse con el gobernador, insistió en la derogación de la actual reglamentación y la vuelta a la 7.722.
Esta toma de posición puede estar vinculada a una denuncia que empezó a circular en las redes sociales. Afirma que el gobernador sólo quiere ganar tiempo para que no fracase la Fiesta de la Vendimia, prevista para el 7 de Marzo (las anteriores Reinas de la Vendimia ya han pedido que se suspenda, en solidaridad con el reclamo de la sociedad mendocina).
Esto puede tener origen en la fácil suspicacia que florece en las redes, pero esa es la situación legal: las reformas estarían vigentes.
Reproducimos el artículo 219°, inciso II, del Código Procesal, Civil, Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza:
«II.- AMPARO POR AUSENCIA DE REGLAMENTACIÓN: Será igualmente procedente la acción de amparo contra la omisión del Poder Ejecutivo Provincial en reglamentar las leyes dentro de los plazos que éstas determinen.«
Esto significa que una empresa minera podría accionar un recurso de amparo si el gobernador no reglamenta la reforma aprobada. Más allá de las intenciones, nos parece inevitable que todo esto culmine en la derogación de esta desafortunada reforma.
(Actualización: 27/12, 22 hs: Ante la presión social y política, el gobernador Suarez anunció que enviará a la Legislatura provincial un proyecto para anular la ley 9.209 y reponer, en todos sus términos, la ley 7.722).
En otra nota en AgendAR, exploramos las razones de este rechazo tan terminante de los mendocinos a la megaminería y sus prácticas. Rechazo que también existe, pero no tan extendido, en otras provincias andinas.
El punto que debe interesar a todos los argentinos es tratar de encontrar el camino adecuado entre un rechazo total -imposible- a la minería- y lo que un dirigente llamó ayer «el hiperambientalismo fanático». Porque pensar en esos términos también es irreal: la protección del medio ambiente ya es parte de la conciencia de gran parte de nuestros ciudadanos. Y eso está ocurriendo en la mayoría de las sociedades modernas, las desarrolladas y las que han empezado a serlo.
Es necesario que se establezca un cuerpo de normas con vigencia nacional -con participación de las provincias- que dé previsibilidad a las empresas y, sobre todo, tranquilidad a la población que su salud está protegida. Debería ser una tarea del Congreso Nacional en este 2020.