Frente a la pandemia, las políticas implementadas en todos los países tienen dos ejes centrales: compensar la caída en los ingresos de las familias y evitar la quiebra de las empresas. Con 2 de cada 3 hogares alcanzados por el Ingreso Familiar de Emergencia, Argentina tiene la política de transferencias directas más importante de la América del Sur.
Cada país de la región tuvo su experiencia similar al IFE de Argentina. Se observa que la política implementada en nuestro país resultó ser la de mayor índice de cobertura, alcanzando a un 66,2% de los hogares, e implicando el mayor esfuerzo fiscal, en relación con el PIB (1,07%).
Se otorgaron más de 340 mil créditos a tasa 0 para trabajadores independientes. Combinando estas tres políticas (ATP, Créditos a tasa 0 e IFE), se obtiene que la asistencia estatal ha alcanzado a cerca de 11 millones de personas. Los jóvenes de entre 18 y 29 años, que ostentan tasas de desocupación mayores, son quienes concentraron el 47,5% del total de pagos de IFE.
La implementación de las dos tandas del ATP representó, en total, una erogación de más de 181 mil millones de pesos, alcanzando a más de 230 mil empresas en mayo (sueldos de abril) y a 217 mil empresas en junio (sueldos de mayo), con un total consolidado de 2,3 millones de trabajadores cubiertos. Con este programa se logró dar asistencia al 39,9% de las empresas, llegando a cubrir parte del salario del 39,7% del total de asalariados privados (abril 2020).
Los 3 pagos del IFE implican una erogación de 264 mil millones de pesos que alcanza a 8,8 millones de hogares, destinada a sostener los ingresos de los más de 7 millones de informales y desocupados, evitando que 2,8 millones de personas cayeran en la pobreza y que 1,4 millones cayeran en la indigencia.
El IFE contribuyó a reducir las brechas de género en ingresos en el país, ya que dadas las condiciones de acceso el 55% de los beneficiarios asignados fueron mujeres.
El universo de las beneficiarias femeninas es muy diverso. Un 46% son titulares de la AUH, un 42,3% son trabajadoras informales y/o desocupadas y sólo el 6,3% son monotributistas. Las empleadas de casas particulares representan un 3,7%. Este grupo está compuesto por 189 mil personas, de los cuales, más del 97% (183 mil) son mujeres). Por último, los titulares del PROGRESAR son el 1,7%.
Para adecuar los pagos del IFE al sistema bancario, 4,93 millones de personas que no registraban una cuenta propia tuvieron la posibilidad de abrir una sin costo para recibir el segundo y tercer pago del beneficio. Esto avanza sobre una problemática histórica de la sociedad argentina, y mejora de manera permanente el registro de las personas que ahora tendrán a disposición la posibilidad de realizar sus movimientos sin recurrir al dinero en efectivo. Además brinda la oportunidad de que el Gobierno Nacional implemente nuevos beneficios para este grupo de personas facilitando la aplicación y el pago.
El tercer pago del IFE implica un incremento en los recursos transferidos desde el Estado Nacional hacia las provincias. El carácter “federal” del IFE queda reflejado en que las transferencias tienen mayor peso sobre el presupuesto en las provincias que presentan indicadores socio-económicos más rezagados, especialmente la región NOA y NEA.
La provincia de Santiago del Estero fue la que verificó una mayor inyección de recursos en relación a su presupuesto. Los 3 pagos del IFE representan el 17,5% de los gastos corrientes estimados para todo el año. Le siguen Misiones y Corrientes, con el 12,9% y el 12,3%, respectivamente. Salta, Chaco y Tucumán, completan el podio de las 6 provincias que recibieron mayor ayuda en relación a su presupuesto.
El IFE evitó aumentos de 6 puntos porcentuales en la pobreza y de 3 puntos porcentuales en la indigencia. El programa ATP estuvo orientado a cubrir una mayor proporción de ingresos a aquellos asalariados que menos ganan.
Observación de AgendAR
En nuestra opinión, la realidad que reflejan estos números hace algo ocioso el debate sobre el «Ingreso Universal». Reflejado en varias notas de este portal, es cierto.
El esfuerzo que el Estado ha hecho frente a la pandemia, sirvió, además, para hacer visible la existencia de un sector muy numeroso de la población argentina que está al margen del empleo formal, y también del mundo sindical. Incluso, una parte no está abarcada por los movimientos sociales.
Todo esto se sabía antes, por quienes observaban la realidad de nuestro país. Pero sus dimensiones no eran evidentes. Y, un dato positivo que se señala arriba, la emergencia sanitaria obligó a ampliar los registros, y formalizar esta presencia de los «de afuera».
Más allá de la emergencia, la tarea pendiente es educar y dar trabajo. Esa es la mejor política social, pero llevará décadas. Eso sí, se puede dejar de lado el sueño o la pesadilla de la automatización reemplazando todos los puestos de trabajo. Precisamente, es evidente que hay muchas tareas en educación, en salud, y también en seguridad, que no pueden ser desempeñadas por máquinas.