Los costos invisibles de la vacuna contra el coronavirus

Ante la necesidad de contar con vacunas apenas estén disponibles para enfrentar la pandemia y frente a la presión de las farmacéuticas proveedoras, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción un proyecto de ley que cede soberanía y exime de responsabilidades a la industria, para otorgar herramientas jurídicas que faciliten las compras públicas de estos insumos.

Agencia TSS – Con 230 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones, durante una sesión extraordinaria, el miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto denominado “Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19”, que ofrece una “prórroga de la jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero” e indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones.

Es decir, que exime de responsabilidad a los laboratorios y permite que los posibles juicios vinculados con contratos impulsados en el marco de la pandemia para la adquisición de vacunas para la COVID-19 se realicen bajo leyes extranjeras.

“Son los requisitos que la industria farmacéuticas impone y es responsabilidad del Ministerio de Salud llevar adelante estas contrataciones”, reconoció durante el debate el diputado tucumano Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud y Acción Social de Diputados e impulsor de este proyecto, que había sido elaborado y aprobado por unanimidad en 48 horas durante la sesión de la semana pasada. Tras la media sanción, el proyecto ahora debe ser tratado en la Cámara de Senadores.  De ser aprobado, deberá ser sea ratificado por el presidente Alberto Fernández.

“Este proyecto de ley permite que el Estado incorpore, dentro de los contratos con las farmacéuticas, específicamente para la compra de vacunas para COVID, la capacidad de demandar al Estado en el arbitraje en el caso de que haya pérdidas, especialmente pensando que estas vacunas todavía no están probadas. Cuando se descubra que alguna de estas vacunas no cumple con los efectos beneficiosos que supuestamente iban a tener y los Estados cancelen la contratación, las farmacéuticas van a tener la capacidad de demandar a los Estados por finalizar el contrato de compra”, dijo la investigadora del CONICET y especialista en relaciones internacionales Luciana Ghiotto, y aclaró que este mecanismo de solución de controversias se utiliza generalmente para la inversión pública, “pero acá se están cubriendo para la compra pública de vacunas y, según lo que se dijo la semana pasada en la Comisión de Salud, las farmacéuticas lo están exigiendo en muchos países, como en el caso de Perú”.

Según datos de OPS/OMS, al 2 de octubre de 2020 existen 193 posibles vacunas en fases de estudio preclínico y ya hay 42 en distintas etapas de investigación clínica. Entre ellas, hay diez más avanzadas, que ya están en la tercera fase de investigación, la última antes de poder ser aprobada para salir al mercado, que busca evaluar la eficacia y la seguridad de la inoculación. “Normalmente, se necesitan de tres a cinco años de investigación para el desarrollo de vacunas, pero esto no va a ocurrir ahora, por eso los laboratorio requieren regulaciones especiales, por posibles juicios o complicaciones. Tenemos que otorgar una dosis de confianza absoluta, al Ministerio (de Salud) en este caso, para la industria farmacéutica”, consideró el diputado Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, y sostuvo que “el país tiene que plantearse hacer convenios y preconvenios con todos los países del mundo. Tenemos que abrir el juego porque no vamos a depender de un solo proveedor”.

La Argentina ya estableció alianzas y acuerdos para poder acceder a vacunas una vez que se confirme que son seguras y eficaces. En este sentido, por ejemplo, estableció un acuerdo de fabricación de la vacuna que Astra Zeneca está desarrollando junto con la Universidad de Oxford, algo que hará a través del trabajo conjunto entre al laboratorio argentino mAbxience, del grupo Insud (que fabricará la sustancia activa de la potencial vacuna), y el laboratorio mexicano Liomont (que completará el proceso de acabado y empaquetado).

Además, se hizo un convenio con Pfizer, que desde agosto está realizando pruebas clínicas de su vacuna en 4500 personas, lo que no le garantiza al país prioridad en el acceso pero podría facilitarlo, y ANMAT aprobó la realización de ensayos clínicos de tercera fase de la vacuna desarrollada por el laboratorio Sinopharm Group, de China, para lo cual se asoció a nivel local con el Laboratorio Elea Phoenix, que entre sus accionistas incluye a Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud.

La Argentina también se inscribió en Covax, una iniciativa impulsada por la Alianza de Vacunas (GAVI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Coalición de Innovación y Preparación contra Epidemias (CEPI), que busca garantizar un acceso global equitativo a vacunas para COVID-19, a través de la entrega de 2.000 millones de dosis hasta fines del 2021 mediante donaciones de países con mayores ingresos a otros de ingresos bajos.

“La Argentina participa en este fondo mundial que busca facilitar el acceso a las vacunas por parte de los países con más dificultades, pero eso no será suficiente y se prevé que la mayoría de las vacunas provenga de contratos bilaterales con las empresas”, afirmó Yedlin durante la sesión. Otra de las demandas de los potenciales proveedores de vacunas es que haya “cláusulas de confidencialidad sobre cómo está elaborada la vacuna: la industria quiere protegerse en ese sentido, en un mercado que ya es competitivo”, agregó el diputado.

“Este proyecto lo tenemos que hacer porque si hay algo que no está demostrando el mundo es solidaridad. Muchos países tendrán dificultades para acceder, lo veremos en los próximos meses y quizás la Argentina sea uno de ellos”, lamentó el diputado justicialista por la provincia de Buenos Aires Eduardo Bucca durante la sesión, y recordó que hay países (por ejemplo, Brasil) que ya adquirieron millones de dosis sin tener evidencia científica sobre el funcionamiento y la eficacia de esas vacunas. Además, a diferencia de lo que ocurrió con la pandemia por H1N1, que era estacional, COVID-19 demostró que se propaga en cualquier estación del año, lo que generará una demanda continua de vacunas.

Una de las preocupaciones centrales que podría suscitarse como consecuencia de este proyecto de ley de cesión de soberanía es que las empresas, ante la comodidad de poder ser juzgadas en la jurisdicción de su conveniencia y en un marco de eximición de responsabilidad civil, dejen de lado la rigurosidad de los ensayos clínicos y terminen vendiéndonos una tecnología inapropiada, poco segura y con muy baja efectividad”, dijo la abogada especializada en derechos de propiedad intelectual Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.

Pérdida de soberanía

Luciana Ghiotto

“La Argentina ya tiene una vasta experiencia en ceder soberanía legal yendo a estos tribunales privados de justicia, porque es el país más demandado a nivel global: tiene 63 demandas y ha tenido que pagar mas de 8000 millones de dólares en estas demandas que presentan las empresas. El país ya sabe cómo funciona el sistema y, sin embargo, está aceptando, y parece que es una orden del Poder Ejecutivo, porque el Ministerio de Salud está trabajando con esto y el Frente de Todos está apoyando esta iniciativa desde la Comisión de Salud en Diputados”, dijo Ghiotto, que es parte de La Plataforma América Latina Mejor Sin TLC, desde donde están elaborando un rechazo a este proyecto.

“La renuncia a la inmunidad soberana es una barbaridad, porque se reconoce que si hay que reclamar el laboratorio dice dónde se hace el juicio. Pero, además, no está claro quién se hará cargo si hay fallas o consecuencias secundarias en la aplicación de vacunas que se están acelerando y que los mismos científicos advierten que pueden tener problemas”, cuestionó Romina del Plá, del Frente de izquierda y los Trabajadores, que junto con Nicolás del Caño, del PTS Frente de izquierda Buenos Aires, fueron casi los únicos representantes que se opusieron a este proyecto. “No hay nada más negado por esta ley que la soberanía sanitaria. No se está votando una ley de producción nacional ni de promoción a la industria, sino para que los laboratorios multinacionales, que están haciendo un negocio fenomenal previo incluso a tener la vacuna, tengan todos los reaseguros para no hacerse cargo de pagos de indemnizaciones ni controlar los procesos previos a la comercialización”, destacó la diputada.

A pesar de esto, la mayoría de los y las legisladoras aceptaron avanzar con este proyecto, del que se cuestionaron los artículos 8 y 9, ya que fueron modificados luego de haber sido aprobado el proyecto inicial en la Comisión de Salud. “Veo con precaución las modificaciones que se introdujeron ayer a la orden del día del tratamiento, firmada por todos los integrantes de la comisión, entre ellas el artículo 8, que modifica el registro de vacunas autorizadas por ANMAT (establece que las vacunas deben ser presentadas a ese organismo y autorizadas por el Ministerio de Salud en un plazo máximo de 30 días), y el artículo 9, que autoriza la vía rápida para las vacunas, algo que se autorizó en varios países pero se debe garantizar la evidencia científica y bioética, así como comprobar su seguridad y eficacia”, sostuvo la diputada Graciela Ocaña, del Bloque PRO Buenos Aires.

“En el contexto actual se está generando una situación de aguas revueltas en la que las farmacéuticas, por estar muy asociadas con la esperanza de poder encontrar herramientas para poder frenar la pandemia, están utilizando esta arquitectura jurídica internacional a su favor”, afirmó Ghiotto, y advirtió que esto es un problema en un país como la Argentina, adonde no hubo una revisión de sus tratados bilaterales de inversión ni un balance sobre las 63 demandas de inversores que fueron posibilitadas mediante este mecanismo. “Es una deuda grande de esta democracia porque no revisa este mecanismo que genera una pérdida de soberanía y duplica espacios judiciales hacia una instancia judicial extraterritorial y privada”, concluyó Ghiotto.