Se aprobó la ley que otorga protección jurídica a los laboratorios que suministren la vacuna

«Por amplia mayoría, aunque con fuertes advertencias y prevenciones de la oposición por las concesiones que otorga al Poder Ejecutivo y a las farmacéuticas, el Senado sancionó la ley que otorga blindaje jurídico a los laboratorios con los que el Estado contrate para la adquirir la vacuna contra el COVID-19.

La ley, que fue aprobada por 56 votos a favor y 12 en contra, declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de la vacuna y su sanción fue reclamada con urgencia por el Gobierno con el argumento de que es necesario ubicar a la Argentina entre los países con prioridad para acceder a la provisión de la vacuna.

Desde la oposición se escucharon duros cuestionamientos por las fuertes concesiones jurídicas que la norma faculta al Poder Ejecutivo a otorgar a los laboratorios al momento de firmar los contratos.

Los puntos más cuestionados fueron la falta de un valor de referencia de las dosis a adquirir y las cláusulas que blindan jurídicamente a los laboratorios al establecer la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales extranjeros, la garantía de indemnidad patrimonial ante eventuales reclamos por daños o efectos adversos y la confidencialidad sobre los excipientes de las vacunas.

Estas prevenciones expresadas en el debate llevaron a que la oposición votara dividida. Una parte apoyó en general el proyecto y se abstuvo en los artículos más controvertidos. La otra, lo votó en contra y respaldó un dictamen en minoría impulsado por las radicales María Belén Tapia (Santa Cruz) y Silvia Elías de Pérez (Tucumán).

La votación en el Senado fue por 56 votos a favor y 12 en contra

 

El oficialismo cerró apoyó en forma unánime la iniciativa y rechazó los cuestionamientos lanzados desde la oposición.

«Hoy estamos brindando una herramienta al Gobierno nacional para una posible vacuna», afirmó Ana Almirón (Corrientes), quien justificó la urgencia en el hecho de que «de las seis mil millones de unidades que se fabricarían, la mitad ya están reservadas por los países desarrollados».

Además, defendió la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros equiparando la cláusula con las cedidas en la negociación de la deuda y dijo que la indemnidad por daños «no alcanza a terceros afectados, que pueden reclamar ante los tribunales nacionales». También defendió la garantía de confidencialidad, al afirmar que «de ninguna manera esto implica que se va a adquirir una vacuna que no tenga conocimiento tanto de la Anmat como del Ministerio de Salud«.

Respondió de esta manera a las críticas planteadas por el radical Mario Fiad (Jujuy), quien señaló que había «artículos que generan muchísimas dudas e incertidumbres». «Estamos ante un proyecto que consagra excepciones y le suma amplias facultades a un Poder Ejecutivo que ya viene gobernando con poderes de excepción», afirmó el presidente de la Comisión de Salud.

Más crítica aún fue la santacruceña Tapia, quien atacó los aspectos más controvertidos de la iniciativa. Así, dijo que la norma «establece una suerte de blindaje sobre los laboratorios a través de la prórroga de jurisdicción y la renuncia de la inmunidad soberana» y se preguntó «por qué piden los laboratorios estas condiciones y por qué estamos dispuestos a dárselas».

«Estas cláusulas son las resultantes de un mercado internacional en el que, por su propia naturaleza, lo que prima es el lucro y la ganancia, no la salud o el interés general», advirtió Tapia.

Por último, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) fustigó el doble discurso del oficialismo al recordar que «en gobiernos anteriores les fastidiaba la prórroga de jurisdicción. Ahora adhieren tan mansamente a esta transferencia de jurisdicción».

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AgendAR publicó -cuando esta ley tuvo media sanción en Diputados- la advertencia que se hizo desde la Universidad de San Martín «Los costos invisibles de la vacuna contra el coronavirus». Pero corresponde también señalar que, en la emergencia de la pandemia, la mayoría de los países están aprobando legislaciones de excepción. Esto no implica, al contrario, que los contratos que firme el Estado con el o los laboratorios que produjan las vacunas aprobadas no deben ser examinados cuidadosamente. No sólo dinero, sino también vidas están en juego.