Etiquetado de alimentos: el derecho a saber

El proyecto de ley sobre etiquetado de alimentos ya tuvo media sanción en el Senado y ahora se discute en comisiones de la Cámara de Diputados. En qué consiste la iniciativa, y la experiencia de otros países.

En la Argentina, siete de cada diez personas adultas y cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes tiene exceso de peso. De ese grupo, alrededor de la mitad tiene obesidad y la otra mitad sobrepeso.
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Los datos son de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y se trata de una de las cifras más altas de la región que, además, viene aumentando en los últimos años. Esta tendencia preocupa porque la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.
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Una de las principales recomendaciones de política pública basada en evidencia que impulsan desde hace años entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) es implementar un sistema de etiquetado frontal en alimentos envasados y bebidas sin alcohol donde se consigne información nutricional de forma simple y visible. Esta discusión llegó finalmente al Congreso Nacional y el 29 de octubre el proyecto de Ley sobre Etiquetado de Alimentos obtuvo media sanción en el Senado por amplia mayoría (64 votos a favor y 3 en contra). Ahora, se está discutiendo en cuatro comisiones de la Cámara de Diputados (Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor) pero todavía no hay fecha estipulada para su tratamiento en el recinto.
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“Hoy en día los envases de alimentos presentan información confusa y engañosa. La regulación actual del rotulado de alimentos, que es el Código Alimentario Argentino, no tiene un enfoque de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y se producen vacíos legales. Por ejemplo, las empresas no están obligadas a declarar el contenido de azúcares que presentan los productos. Es por eso que se necesita contar con una ley de etiquetado que funcione como puerta de entrada para un paquete de políticas que en conjunto permitirán mejorar los entornos alimentarios y prevenir esas enfermedades”, afirma la nutricionista Leila Guarnieri, investigadora del equipo de alimentación saludable de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina.
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La iniciativa que se discute en el Congreso busca garantizar el derecho a la salud y a la información, y es el resultado de varios proyectos de ley presentados por legisladores de distintos partidos.
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El objetivo es implementar sellos negros octogonales con letras blancas mayúsculas que adviertan si el alimento contiene exceso de sodio, azúcares, grasas y/o calorías. Según el proyecto, el tamaño de cada sello no puede ser inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase. Además, si el producto contiene edulcorantes o cafeína, el envase debe exhibir también una leyenda que advierta que no es recomendable en niños.
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En el caso de Chile, donde la norma se implementa desde 2016, según los estudios realizados, la población redujo la compra de alimentos y bebidas con nutrientes críticos en exceso.
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La FIC Argentina y la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes, una red que nuclea a más de 50 organizaciones de la sociedad civil de todo el país y cuenta con el apoyo de UNICEF, son dos entidades que vienen impulsando el proyecto de ley de etiquetado y aportando evidencia científica para respaldar el reclamo. En octubre, publicaron un informe sobre “Mitos y realidades del etiquetado frontal de advertencia”, en el que explican las razones por las que la Argentina debería implementar un etiquetado de octógonos negros basado en el Modelo de Nutrientes de la OPS y tratan de desmitificar los argumentos que esgrimen ciertos sectores de la industria para oponerse a esta política de salud.
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“Uno de los mitos más escuchados a lo largo de la discusión es que existen trabas legales para avanzar con un sistema de etiquetado frontal de advertencia y que la Argentina debe promover un sistema que se encuentre armonizado con el Mercosur. Sin embargo, los países son soberanos para poder avanzar en aquellas medidas que brinden protección a la salud de su población y que garanticen la seguridad alimentaria. De todas maneras, es importante destacar que los argumentos que suelen manifestar los representantes de la industria para oponerse al avance de esta política ya han sido refutados con evidencia científica en distintas publicaciones que venimos realizado”, explicó Guarnieri.
Argentina viene rezagada en la implementación de una política de etiquetado de alimentos
Según lo que pudo verse durante el tratamiento del proyecto de ley, tanto en el Senado como ahora en la Cámara de Diputados, algunas entidades que manifestaron su oposición –en general o en particular– fueron la Coordinadora de Empresas Alimenticias (COPAL), el Centro Azucarero Argentino (CAA), la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) y el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación, (CEPEA).

La situación regional

A nivel regional, la Argentina viene rezagada en la implementación de una política de etiquetado de alimentos, a diferencia de países como Chile, México, Perú, Ecuador y Uruguay, que ya tienen legislación al respecto. A partir de la evidencia generada en estos años y de la experiencia de esos países, la OPS presentó esta semana el informe “El etiquetado frontal como instrumento de política para prevenir enfermedades no transmisibles en la Región de las Américas”, en el que compilan los resultados obtenidos con los sistemas de etiquetado implementados y exponen diversas consideraciones legales y económicas relacionadas con la medida.
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Según la OPS, el uso del sistema de semáforo que utiliza la combinación de colores y palabras (rojo para alto, amarillo para medio y verde para bajo) “ha resultado menos eficaz para informar a los consumidores cuándo los productos contienen cantidades excesivas de azúcares, grasas o sodio, en comparación con el sistema de advertencias nutricionales adoptado en Chile, México, Perú y Uruguay”, que es el de los octógonos negros. Además, el sistema de colores demostró ser menos eficaz para influir en la intención y decisión de compra de los consumidores porque genera confusión y demanda más tiempo para determinar si el producto tiene exceso o no de determinado nutriente.
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Según Guarnieri, “las evaluaciones de países que ya han utilizan un sistema de etiquetado indican que la política permite disminuir el consumo de productos con exceso de nutrientes críticos, dando cuenta de la efectividad de esta política como herramienta de salud pública”.
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La investigadora ejemplifica con el caso de Chile, donde la norma se implementa desde 2016. Según los estudios realizados, la población redujo la compra de alimentos y bebidas con nutrientes críticos en exceso, tales como bebidas azucaradas (las compras se redujeron en un 25%), cereales azucarados (en un 14%) y postres envasados (en un 17%). Adicionalmente, la experiencia chilena indica que el 68% de las personas modificaron sus hábitos alimentarios a partir de la implementación de la ley.
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Pese a que la evidencia sobre los beneficios del etiquetado es contundente, la presión ejercida por el lobby industrial es un obstáculo importante para que la Argentina también pueda tener su ley. Por eso, en un principio el proyecto fue girado a seis comisiones, con la intención de demorar su salida. El reclamo de las organizaciones logró que se redujeran a cuatro y actualmente se están realizando reuniones informativas, pero no se sabe si llegará a tratarse en el recinto antes de que finalicen las sesiones ordinarias. “Esperamos que las y los diputados, al igual que las y los senadores, no cedan a la presión de la industria y prioricen el derecho a la salud por sobre cualquier tipo de interés privado”, finalizó Guarnieri.