Leemos, sin mucha sorpresa, en el diario La Nación:
«En plena disputa entre el Gobierno y la Corte Suprema, la Justicia dio un primer respaldo al plan de vacunación oficial contra el Covid-19. Rechazó la medida cautelar que pidió un médico para detener las vacunas hasta obtener más certezas sobre su fiabilidad ya que, según el requirente, todavía se encontrarían en fase experimental.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Edgardo Lara Correa, consideró que la petición del médico Eduardo Yahbes, es cuanto menos prematura y conjetural, ya que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) aún no aprobó vacuna alguna y, por tanto, no puede ordenarse una campaña de vacunación.
Yahbes apeló la decisión del magistrado y ahora será la Cámara de Apelaciones del fuero la que deberá evaluar si confirma la resolución de Lara Correa o si, por el contrario, admite la medida cautelar, centrada en un tipo de vacunas, sin importar si son de origen ruso o laboratorios como Biontech y Pfizer.
Basado en un «trabajo de investigación» desarrollado por un grupo al que identificó como «Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios» -cuyos integrantes no identificó-, el médico comenzó en agosto a solicitar información al Ministerio de Salud y otras dependencias del Estado sobre la eventual «inmediata aplicación» de una vacuna que, según el profesional, se encontraría «en fase experimental».
«Se trata de una nueva generación de vacuna con composición genético y distinta a todas las conocidas por la humanidad respecto a su composición y sospechada con fundamento científico sólido de producir efectos adversos y graves para la salud», afirmó Yahbes, basado en lo que sostuvo era «de público conocimiento».
Por ese motivo, Yahbes fue más lejos y, además de pedir información al Estado, pidió que se impida la aplicación de las vacunas contra el Covid-19, aunque afirmó que ya se desarrollan ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3 en el Hospital Militar Central Cirujano Mayor Dr Cosme Argerich.
Tanto el Ministerio de Salud como la ANMAT rechazaron esas afirmaciones al exponer sus argumentos en tribunales. La cartera que lidera Ginés González García planteó que los planteos del médico evidencian falta de precisión y vaguedad, y que se apoyan en meras conjeturas, sin que haya acompañado un informe técnico que sustente sus afirmaciones. Por el contrario, indicó que Pfizer sólo desarrolla estudios clínicos, en fase experimental, cuyos resultados se encuentran sujetos a la aprobación posterior de la ANMAT.
Por su parte, la ANMAT reafirmó que, al momento de presentarse ante el Juzgado, no existía vacuna aprobada en nuestro país, por lo que no se podría prohibir algo que no existe y que una requisitoria individual no puede primar sobre un derecho colectivo -como es el de la salud de la población-, arrogándose una «representación» que ese médico no posee.
La ANMAT precisó, además, que el referido estudio clínico cumplimenta con todos los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria del país y con el consentimiento libre y voluntario de todos sus participantes, por lo cual no se podía impedir su desarrollo.
Puesto a resolver, el juez Lara Correa primero concluyó que el médico, en efecto, carecía de legitimación para arrogarse la representación de toda la población e iniciar un proceso colectivo. Pero, aún así, y «habida cuenta de la urgencia alegada», explicó el magistrado, analizó su petición como si se tratara de una acción individual, que de inmediato rechazó.
Lara Correa consideró que, dado que aún no hay una vacuna contra el Covid-19 ya aprobada y autorizada por el Estado argentino para su uso en la población general, resulta prematuro disponer una medida cautelar. «La sola opinión personal del actor o su temor o aprehensión respecto del/los estudio/s clínico/s o ensayo/s en curso, para la futura aprobación de la vacuna, resultan insuficientes para configurar un riesgo, el que debe ser apreciado en sus posibles consecuencias», argumentó el magistrado.
Revisión por la Cámara
Al apelar la decisión, Yahbes consideró que «no existe nada de conjetural» en su petición, desde que el ministro González García afirmó que la vacunación será obligatoria, lo que desmintió su subalterna, Carla Vizzotti, al tiempo que el Gobierno afirmó que ya reservó 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, «lo que deja a la población en la incertidumbre».
Yahbes también planteó objeciones sobre los programas de vacunación experimental, como así también sobre el verdadero alcance de la aprobación que podría darle la ANMAT a vacunas como la rusa, que todavía no superó todos los procedimientos requeridos. «La vacuna será experimental aún con la aprobación de la ANMAT, que sólo le dará un estatus jurídico que no logrará revertir su condición de ‘experimental’ en términos científicos», adujo.
Ahora será el turno de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de evaluar si los planes oficiales contra la pandemia pueden avanzar o no.»
ooooo
Observación de AgendAR:
Dejando de lado si esta demanda nos parece absurda, y también omitiendo por ahora el dato de su repercusión en los medios -un factor importante- sirve al menos para poner sobre la mesa una pregunta que debemos hacernos todos: ¿Cómo se deben tomar decisiones importantes, que pueden afectar la vida de muchas personas, ahora y en el futuro? ¿Quiénes están capacitados para tomarlas?
Las sociedades desarrolladas han elaborado, a lo largo de la historia, procedimientos y autoridades para decidir. Pero se basan -no puede ser de otra forma- en el consenso mayoritario de los médicos, de los científicos, de los que han estudiado esos temas.
Debemos tener presente que no son infalibles. Los estudios de medicina, como en otras ciencias, no garantizan que se acierte siempre. Pero tampoco lo hacen los estudios de derecho! Poner en mano exclusiva de jueces estas decisiones es menos prudente todavía.