El gobierno de Cambiemos adjudicó en mayo de 2019 dieciocho áreas «offshore» para la exploración de hidrocarburos, y logró captar el interés de empresas líderes: en total, 13 petroleras comprometieron una inversión de 724 millones de dólares: ExxonMobil, Total, Shell, British Petroleum, Wintershall, Equinor, Qatar Petroleum, Mitsui, ENI, Tullow, Pluspetrol, Tecpetrol y la estatal YPF.
Pero, como explicamos hace poco más de un mes aquí, la oposición de sectores ambientalistas y los cuestionamientos en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -expresados en una audiencias pública en Mar del Plata- demoran los permisos necesarios, las empresas han empezado a hablar de retirarse de la licitación, y en la Secretaría de Energía hay preocupación.
Desde ese sector señalan que el ministerio de Ambiente convocó solo a una de las audiencias públicas previstas y no aprobó ninguno de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que se requieren para iniciar las campañas de prospección sísmica, pese a que ya pasaron más de dos años desde la adjudicación.
Si la inacción oficial continúa, afirman, las empresas podrían verse imposibilitadas de desembolsar esos fondos. Por lo pronto, la falta de aprobación por la cartera que encabeza Juan Cabandié ya retrasó la agenda operativa de las empresas en la contratación de servicios de prospección. sísmica.
Las áreas en juego se encuentran en las cuencas Argentina Norte, Austral y Malvinas Oeste y abarcan una superficie de casi 200.000 kilómetros cuadrados que nunca ha sido explorada.
Las concesiones fueron otorgadas por 4 años y pueden extenderse por otros 4. En ese lapso las petroleras tienen que avanzar con la perforación de un pozo. Si el bloque resulta comercialmente viable, acceden a un permiso de producción por un lapso de 35 años.
Qué dice la ley
La legislación argentina establece que todo titular de un permiso de reconocimiento superficial, permiso de exploración y/o concesión de explotación de hidrocarburos, o proponente de un proyecto offshore debe cumplir, previo a su ejecución, con el procedimiento de EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) y debe obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
La Resolución Conjunta 3/2019 de la secretaría de Energía y la entonces Secretaría de Medio Ambiente, del 26 de noviembre de 2019, aprobó los nuevos procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el ámbito territorial offshore ubicado a partir de las 12 millas marinas.
En la actual gestión, el Ministerio de Ambiente convocó a una audiencia pública para tratar específicamente el impacto ambiental de las prospecciones sísmicas en tres áreas de la petrolera Equinor, localizadas a 307 kilómetros de costa de Mar del Plata y a 433 kilómetros de Necochea.
La norma establece que la Secretaría de Energía y la Secretaría Ambiente son autoridades de aplicación de la Resolución Conjunta y ambas participan en el procedimiento de EIA. La Secretaría de Ambiente es la encargada de la elaboración del Informe Técnico de Revisión Final, teniendo en cuenta las consideraciones hechas por la Secretaría de Energía, pero además es la encargada de emitir la DIA y disponer la aprobación de la realización del proyecto o su rechazo. Ni el ministro Cabandié ni el secretario de Ambiente, Rodrigo Rodríguez Tornquinst, se han pronunciado oficialmente, pero en su ámbito se dice que se iba a tomar en cuenta la postura negativa que predominó en la audiencia y que en función de los acuerdos internacionales de “descarbonización” y transición energética, las exploraciones off shore son cuestionables.
Internas y resistencias
Dice el portal especializado EconoJournal, en una nota con sesgo muy crítico de la demora:
«El ministro Juan Cabandié, que llegó al cargo con el apoyo de una serie de entidades de defensa del medio ambiente que están en contra de cualquier tipo de actividad petrolera, no hizo prácticamente nada para avanzar con este tema en su año y medio de gestión. Hasta el momento, solo realizó una de las audiencias públicas previstas a raíz del pedido de Equinor para avanzar con la exploración sísmica en tres de los seis bloques que se adjudicó (CAN 100, CAN 108 y CAN 114).
La audiencia tuvo lugar a partir del jueves 1 de julio en un ambiente hostil en el que participaron más de 500 oradores, en su mayoría miembros de organizaciones ambientalistas que se manifestaron en contra de autorizar la actividad.
La Secretaría de Energía es la que debería haber defendido la conveniencia de que se lleven adelante estos proyectos que ya tienen inversiones garantizadas, sobre todo en un contexto en el que el gobierno argentino, por ejemplo, elabora un proyecto de ley de hidrocarburos con la intención de atraer inversiones petroleras. No obstante, el Director Nacional de Exploración y Producción, Nicolás Taiariol, quien estuvo presente en la audiencia, no habló en la audiencia.
A un mes de la audiencia de Equinor, todavía no hubo una resolución del gobierno. Fuentes del mercado aseguraron a EconoJournal que el tema no tiene prioridad y ven difícil que pueda haber novedades hasta después de las elecciones. De hecho, el gobierno no convocó a ninguna de las otras audiencias públicas que ya deberían haberse realizado.
Los argumentos de la empresa estatal noruega Equinor
La primera será sobre las licencias CAN 100 y 108, ubicadas a 307 kilómetros frente a la ciudad de Mar del Plata, y la segunda campaña será sobre el área CAN 114, que está a 443 kilómetros de la costa. Equinor, uno de los grandes referentes del desarrollo offshore de petróleo y gas, tiene ocho permisos de exploración distribuidos en el norte y sur del Mar Argentino, donde es el operador en seis y participa en dos como socio.
Hurtado expresó además que la campaña sísmica contará con tres buques donde se desplegará una red de 10 cables de 8.000 metros de largo y 150 metros entre ellos con una anchura de barrido de 1.350 metros. Los cables son sumergidos a 12 metros de profundidad y arrastrados por el buque principal. Por su parte, Nidia Álvarez Crogh, presidenta de Equinor Argentina subrayó: “hacemos entre tres y cinco estudios similares al año en Noruega y en otras partes del mundo”.
La licitación
En octubre de 2018 el entonces presidente Mauricio Macri instruyó a la secretaría de Energía a través del decreto 872 a convocar a un concurso público internacional para la adjudicación de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en áreas offshore.
El 4 de noviembre de ese mismo año, Energía convocó al concurso. La norma establece que las petroleras obtienen una concesión de cuatro años que luego pueden extender por cuatro años más y puede haber una segunda renovación por otros cinco. En el segundo período tienen la obligación de perforar un pozo para saber si se puede comercializar el gas o el petróleo. Si luego de terminar el lapso están en condiciones de desarrollar el bloque, obtienen un permiso de concesión para la producción por 35 años.
Las áreas de exploración se ubican dentro de las cuencas Argentina Norte, Austral y Malvinas Oeste, cerca del límite de la plataforma continental, a 22 kilómetros de la costa. En total son más de 94.800 km2 que nunca se exploraron.
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Cabandié y Rodríguez Tornquist frenaron la aprobación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos offshore.
La cuenca Argentina Norte queda a la altura de Buenos Aires y Río Negro. Con una profundidad que va desde los 200 metros a los 1300 metros y de 1200 a 4000 metros, se la considera de aguas ultra profundas, más difícil de explorar. En esta área se entregaron siete concesiones a las empresas YPF, Equinor, Shell, Qatar Petroleum, Total Austral y BP Exploration.
La cuenca Austral tiene una profundidad de solo 100 metros, y allí fueron licitados dos bloques, que obtuvo Equinor.
La cuenca más demanda fue la Malvinas Oeste, que tiene una profundidad de entre 100 a 600 metros y en la que se explorarán nueve áreas.
La intención del gobierno de Macri era avanzar con un segundo llamado para adjudicar más áreas de exploración, pero no llegó a tiempo. A fines de 2019, el entonces ministro de Gobierno de Energía, Gustavo Lopetegui indicó que dejaban los trámites listos para avanzar con las licitaciones en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández tampoco avanzó con esa segunda ronda.»
Desde AgendAR, que valoramos el desarrollo nacional y la preservación del ambiente, sólo podemos decir que es posible que una batalla importante entre la industria petrolera y la preocupación ambiental se libre en el Atlántico Sur. Después de todo, una similar ya se está librando en estos días en el Mar del Norte.