El Gobierno austríaco ha anunciado que a partir del 1 de febrero se aplicará la vacuna obligatoria contra el coronavirus a todos los residentes mayores de 18 años de edad, es decir, para unos 7,4 de los 8,9 millones de habitantes del país centroeuropeo. Una medida que ha generado fuerte controversia y protestas en el país.
Tras una fase inicial de transición e información, la policía austríaca empezará el 16 de marzo a realizar controles aleatorios sobre el estatus de vacunación de las personas. A partir de ese momento, los residentes en Austria no vacunados podrán ser multados con 600 euros (685 dólares), hasta cuatro veces por año.
Las autoridades enviarán además una carta recordatoria a todas las personas no vacunadas, precisa ley acordada por los gobernantes partidos conservador y ecologista en negociación con dos partidos opositores (socialdemócratas y liberales).
Si no se alcanza un nivel satisfactorio de vacunación, se aplicará una tercera fase de la ley, con una cita obligatoria para vacunarse y en caso de ignorar a las autoridades se aplicará de forma automática una multa, dos veces por año, con un monto máximo de 3.600 euros (4.100 dólares) por año.
En estos momentos, un 74% de la población austríaca se ha vacunado con la pauta completa (dos o tres dosis) contra el coronavirus, que desde el estallido de la pandemia ha causado casi 14.000 muertos en el país.
menores de 18 años, mujeres embarazadas y personas con ciertas patologías estarán exentas de la vacuna obligatoria.
«Cada uno es responsable de su salud y toma sus decisiones. Pero nosotros somos una comunidad y cuando se trata de la seguridad de la comunidad, entonces todos tenemos responsabilidad», explicó el canciller federal, el democristiano Karl Nehammer, ante la prensa al presentar la ley.
Controversia y manifestaciones
Pese al amplio respaldo en el Parlamento, con cuatro de los cinco partidos a favor, la vacuna obligatoria ha causado controversia en Austria.
El partido opositor ultranacionalista FPÖ, y su polémico líder, Herbert Kickl, rechaza la ley con vehemencia y apoya desde hace meses en Viena y otras ciudades manifestaciones contra la gestión de la pandemia y contra la vacunación obligatoria.