El Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) criticó este sábado el fallo de la justicia federal marplatense que suspendió el proyecto de exploración de recursos hidrocarburíferos en el Mar Argentino y aseguró que “ningún procedimiento ni acto requerido por las regulaciones para la aprobación de un permiso exploratorio fue salteado, minimizado ni dejado de lado”.
“En el fallo, se hace mención a la falta de consulta previa, estudios de impacto ambiental incompletos y falta de publicidad sobre los términos, lo cual demuestra un preocupante desconocimiento de los procedimientos por parte de quienes decidieron la prohibición”, indicaron en un comunicado.
El estudio desarrollado por la Consultora Serman & Asoc. S.A. para la Compañía Equinor Argentina implica un Registro Sísmico 3D en el Mar Argentino, más específicamente en las Áreas CAN_100, CAN_108 y CAN_114, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte de la Plataforma Continental Argentina.
Además, calificaron la resolución judicial como “una injusticia tanto con nuestra industria, como con las decenas de instituciones técnicas, científicas, académicas, cuyos profesionales de gran prestigio trabajaron en el permiso durante meses”.
También aclararon que el permiso para explorar tres áreas de la Cuenca Argentina Norte “siguió puntillosamente cada uno de los pasos que exigen las nuevas regulaciones argentinas, consideradas entre las más estrictas del mundo” y cuestionaron que el Municipio de General Pueyrredón, que conduce el dirigente del PRO, Guillermo Montenegro, haya rechazado participar.
“El Municipio de General Pueyrredón, cuya capital es Mar del Plata, no lo hizo por decisión propia. Nadie impidió su participación ni tampoco puede aducir que no estaba enterado (¿Cómo se enteraron, entonces, cientos de personas e instituciones que sí participaron?)”, explicaron.
El IAPG, que reúne a 700 empresas de hidrocarburos, remarcó que los permisos otorgados para la exploración “no son un simple trámite, sino un trabajo científico técnico integral, que aborda el tema desde un sinnúmero de aspectos e involucra gran cantidad de profesionales de numerosas disciplinas. Requiere de meses –a veces años- de trabajo”.
“Por otra parte, la ciudad de Mar del Plata no puede pretender sentirse dueña de decidir sobre un recurso que pertenece a todos los argentinos; que, de existir, se encuentra a más de 300 kilómetros de distancia, y en una jurisdicción que no le corresponde”, agrega el comunicado.
“Estamos convencidos de que la exploración de los recursos offshore hacen a nuestra soberanía y constituyen una oportunidad única y auspiciosa para un país al que hoy no le sobran oportunidades de este tipo y, por el contrario, debe lidiar con un sinfín de carencias”, concluyeron.
El Gobierno nacional anunció ayer por la noche que apelará el fallo de la justicia marplatense. El secretario de Energía Darío Martínez expresó que el Gobierno es «respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada», y se manifestó «convencido que la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina».
«Por el contrario, genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad», afirmó Martínez en declaraciones difundidas por su Secretaría.
El titular de la cartera energética, adelantó que en consecuencia «se apelará la medida y que los abogados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía y la Procuración, están analizando el fallo, y preparando la presentación judicial correspondiente».