El gobierno propone una Empresa Nacional de Alimentos: la polémica y el desafío

Hace una semana el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, lanzó en las redes sociales lo que podría ser el germen de la idea que ahora se discute:

El contador Feletti continuó relatando que sobre esto había charlado ese jueves 10 con el director Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Rafael Klejzer.

En un reportaje radial, Klezjer, que también es referente del Movimiento Popular La Dignidad y de la UTEP esbozó como podría hacerse realidad la iniciativa que propone:

“Una Empresa Nacional de Alimentos, directamente asociada con los productores, permitirá impulsar el rol activo del Estado, en cuanto a la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos, en un mercado que hoy está fuertemente concentrado y en manos de grandes corporaciones”, explicó Rafael Klejzer.

“De esta forma, será posible generar un precio de referencia en los productos de consumo masivo y ponerle freno a la avaricia de las empresas que entienden al alimento como una mercancía y no como un derecho social”.

“Normalmente el aumento de precios de los alimentos está por encima de la media inflacionaria, eso quiere decir que hay un ensañamiento con los hogares argentinos y una enorme transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía”, afirmó el dirigente social.

Ayer, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, la vocero presidencial Gabriela Cerruti, ante una pregunta, no descartó la creación de una Empresa Nacional de Alimentos (ENA) para poder controlar los precios y llegar con alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Cerruti afirmó: “El Gobierno está empeñado en ver de qué manera puede ayudar a los pequeños y medianos productores de hortalizas y verduras, que son los precios que estacionalmente más inciden en la inflación”.

Observaciones de AgendAR:

Esta idea de Feletti ha provocado desde ayer jueves 17 una gran repercusión en los medios, al menos. Pero las reacciones hasta ahora tienen más que ver con el enfrentamiento político que con sus posibles méritos y dificultades de realización.

Lo que está planteado es nada más y nada menos que una distribuidora de alimentos a escala nacional. Los productores sólo le venderían si sus precios igualan o mejoran los de las comercializadoras privadas. Es una cornisa angosta: uno de los riesgos es disparar más inflación alimentaria de la existente.

Ahora, uno de los argumentos politizados que ya se esgrimió en contra es que una empresa similar en Venezuela estaría funcionando mal. Es posible, pero también habría que evaluar los casos de México y de algunos estados de Brasil, donde existen mecanismos parecidos.

En realidad, el desafío que percibimos en AgendAR es que la idea exigirá un talento empresario de primer orden para que funcione bien. Las buenas intenciones no alcanzan.

Hay otro asunto no menor si se decide avanzar con esto: la posición hegemónica o monopólica de una empresa privada en el mercado, en cualquier mercado, le permite extraer un beneficio mayor al que obtendría en condiciones teóricas de competencia perfecta. Pero ese no es el motor principal de la inflación que existe en nuestro país.

En el lenguaje de la gente de a pie «todo sube, porque todo sube». Esa inflación inercial deberá detenerse, si Argentina quiere volver a tener una moneda propia. Y porque somos AgendAR y pro-industria, estamos en contra de hacerlo a fuerza de recesión. De estanflaciones, ya estamos hartos. Algo más creativo, por favor, venimos pidiendo casi a gritos. Y ahora surgió esto.

A revisar también, el grado de federalismo que tendrá dicha empresa. Si bien una excesiva concentración de poder del estado nacional puede multiplicar todo error, diluir la capacidad de compra y ejecución en 24 jurisdicciones desalineadas por política o intereses regionales mataría esta iniciativa en el huevo.

En los tiempos de las empresas y organismos públicos poderosos hubo verdaderas usinas de construir país: el Ministerio de Educación, Fabricaciones Militares, YPF, Gas del Estado, Agua y Energía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Administración Parques Nacionales, por dar pocos ejemplos pero muy variados. No sólo fundaron industrias sino ciudades. Y lo que lograron, se hizo gracias a una administración centralizada: chequera de la grande y decisiones de estado, es decir, que se ejecutan.

En este caso, las consignas de una empresa de alimentos deberían ser dos: pisar los precios de la comida a la baja, y promover buenas prácticas de producción agropecuaria desde la capacidad selectiva de compra del estado. Por ambos «pecados», el supermercadismo de capitales extranjeros (y el nacional también), y el modelo agropecuario imperante, tan poderoso en la llanura chacopampeana, tratarán de degollar este bebé en la cuna.

Lectores: esta propuesta es una especie de Plan Marshall, pero interno. Hay regiones devastadas y bocas que alimentar ahora. Quien dirija esta nueva empresa deberá tener la audacia de un San Martín, la astucia de un Roca y la moral de un Belgrano. ¿Son demasiadas líneas de tren como para confluir en una sola persona? Quizás. Pero como dijo otro general, «todo el arte está en la ejecución».

No nos interesa discutir si la idea de Feletti es buena. Está en otra categoría: para más de la mitad de la población resulta desesperadamente necesaria.

Y no sólo para evitar la aberración actual, de un PBI que crece pero menos rápido que la pobreza, porque a ésta la fogonea la inflación. Esta empresa es realismo político puro. Le sería indispensable a cualquier gobierno de cualquier signo que, en la situación actual, quisiera sobrevivir en las elecciones de 2023.

De modo que el momento para empezar a construir esta suerte de banco nacional de alimentos, lectores, es ayer. Y tiene que debutar ganando batallas. No habrá margen de error.

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