El canciller de Uruguay Francisco Bustillo le envió una carta a su par argentino, Santiago Cafiero, para solicitar información sobre la central nuclear Atucha III que Argentina construirá en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires.
El pedido en la carta se basa en la Convención sobre Seguridad Nuclear del año 1994, realizada en Viena, y aprobada por Argentina y Uruguay –este último a través de la ley 17.588 de 2002.
Específicamente, Bustillo le pidió información a Cafiero basándose en el artículo 17 de la Convención, que sostiene que un país que instale una central nuclear debe «consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las cercanías» y puedan verse afectadas por la construcción, y también «proporcionar la información necesaria» a las partes para «evaluar y formarse su propio juicio» sobre las «probables consecuencias» para la seguridad del país.
En la misiva se menciona al artículo 16.2 del documento, que exhorta al país que construya una planta a que «suministre información pertinente sobre los planes de emergencia y respuesta» a los «Estados que se hallen en las cercanías de una instalación nuclear», cuando sea «probable» que se vean afectados por «una emergencia radiológica» en la instalación.
Hasta ahora, Argentina no ha enviado una respuesta al pedido. En Cancillería aseguran que la situación se encuentra dentro de sus plazos, debido a que el comienzo de la construcción de la central está previsto para finales de 2022 o principios de 2023.
Además, las fuentes dijeron que hay una «buena relación para estos asuntos» entre Bustillo y Cafiero, que también conversaron sobre esta situación en la asunción del presidente de Chile, Gabriel Boric, el 11 de marzo.
La nueva planta será la tercera de Atucha en la localidad de Lima, que tiene 10.000 habitantes y está a 133 kilómetros de Colonia del Sacramento, y a alrededor de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.