Con el 8,4% de la población mundial, América Latina ha sufrido el 28% del total global de muertes a causa de Covid-19.
Así dice el informe «Desigual y letal: Cinco claves para recuperarse de la crisis de derechos humanos que desató la pandemia en América Latina y el Caribe» presentado por Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR).
El reporte expone los factores que explican el número desproporcionado de muertes por coronavirus en la región si se la compara con otras partes del mundo.
“Desigual y letal” concluye que los países con mayor desigualdad y menor gasto público en salud fueron los que más sufrieron durante la pandemia, y que los efectos devastadores recayeron en los grupos históricamente marginados, tales como las mujeres, los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, entre otros.
“El Covid-19 nos dejó una dolorosa lección: la profunda desigualdad socioeconómica en las Américas agravó las consecuencias de la pandemia. Es fundamental reconsiderar las políticas públicas vinculadas a la salud y a la protección social basándose en los derechos humanos para evitar futuras adversidades en nuestra región, la más desigual del mundo. Los gobiernos de América Latina y el Caribe, incluido el de Argentina, deben aumentar el gasto y asegurar una implementación eficaz de las políticas sanitarias”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
A pesar de los altos niveles de pobreza en América Latina y el Caribe, en los últimos decenios los gobiernos no recaudaron suficientes ingresos por impuestos ni combatieron la desigualdad, ni siquiera en épocas de expansión económica, señala el informe. El resultado es un escaso gasto en servicios de atención de la salud y protección social —incluidos desempleo, pensiones y apoyo a la infancia—, que son indispensables para una vida digna y para defender de verdad los derechos humanos.
Aunque muchos países latinoamericanos hicieron transferencias monetarias durante la pandemia, ninguno amplió el seguro médico ni tomó suficientes medidas para implementar mecanismos de seguridad social universal o extender las coberturas a fin de garantizar que las personas más desfavorecidas estuvieran atendidas.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece que debe dedicarse, como mínimo, un 6% del producto bruto interno (PBI) a la salud. Sin embargo, casi todos los países de la región gastan mucho menos en servicios de salud pública. En Perú, por ejemplo, en el decenio que precedió a la pandemia, las autoridades no aumentaron el gasto público en salud a pesar de su crecimiento económico, y sólo invirtieron el 3,3% de su PBI.
Países como México, Brasil y Perú, donde el 1% más rico de la población acapara más del 30% de la riqueza nacional, registraron las cifras más elevadas de muertes por Covid-19 en la región en proporción a su población. Chile, donde el 20% más rico de la población acumula 10 veces más ingresos que el 20% más pobre, también tiene una de las tasas de mortalidad per cápita más altas de la región.
Además, el país comparte con el resto de la región la enorme desigualdad económica. El 20% más rico concentra casi la mitad del ingreso total de los hogares (47%), mientras que el 20% más pobre sólo el 6%, lo que significa que los ingresos del primer grupo son 8 veces mayores que los del segundo. A este panorama desigual se le suma el sistema de impuestos regresivos: 50% de los ingresos por esa vía provienen de tarifas al consumo, como el IVA. “Argentina aún tiene enormes deudas para combatir las desigualdades y el acceso equitativo a derechos. Aun cuando se tengan políticas adecuadas, los gobiernos fallan en la implementación para garantizar el efectivo goce de los derechos humanos”, dice el informe.