La discusión sobre el rol del Estado alcanzó también al principal organismo de investigación y desarrollo científico nacional. En este artículo, los autores repasan las funciones del organismo y analizan si es posible su gestión por fuera de la esfera pública
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es el principal organismo dedicado a la promoción y ejecución de la Ciencia y la Tecnología en la Argentina. Cuenta con 11.800 investigadores, además de becarios y técnicos distribuidos en centros de investigación de todo el país. Los miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC) son personas con formación universitaria, con años de estudios académicos adicionales, generalmente de especialización o maestría, doctorado y posdoctorado. Ingresar y permanecer en la CIC requiere someterse periódicamente a distintos mecanismos de seguimiento y evaluación internos y externos a la institución.
Los investigadores hacemos muchas tareas: es indispensable investigar y publicar los resultados en revistas con reconocimiento internacional y con arbitraje a doble ciego (evaluadores que no conocen a los autores y viceversa). Además, formamos recursos humanos, coordinamos equipos, dirigimos tesistas de grado y posgrado, integramos jurados de tesis, concursos, evaluamos artículos y proyectos de investigación, realizamos actividades de divulgación de la ciencia en distintos medios, contribuimos al debate y aportamos argumentos a proyectos legislativos, elaboramos informes para organismos públicos y privados y, generalmente, también ejercemos la docencia. Prácticamente todos los países de altos ingresos cuentan con este tipo de organismos.
En el CONICET, existen tres grandes áreas de conocimiento en las que se distribuyen los investigadores que corresponden a las denominadas “ciencias duras”, como Ingeniería, Biología, Exactas, etc. Estos estudian temas de lo más variados. Por mencionar solo algunos pocos ejemplos: “Nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades autoinmunes e inflamatorias”, “Análisis bioquímico de las propiedades de resistencia bacteriana para inactivarlas y tratar infecciones”, “Evaluación de los factores de riesgo que atentan contra el envejecimiento saludable en las poblaciones de América Latina”, “Desarrollo de nuevos fármacos para combatir el mal de Chagas”, “Análisis del aporte de cultivos de servicios a la fertilidad de los suelos”, “Estudios de dispositivos para el ahorro de energía y combustible en automóviles”, entre muchos otros.
A su vez, una cuarta gran área se vincula a las Ciencias Sociales y Humanidades, que ha sido la más bastardeada en esta época de campaña. Quienes nos ubicamos aquí investigamos problemas tales como ¿qué reformas educativas son necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza?, ¿qué incentivos hacen falta para que se desarrolle la industria de un sector determinado?, ¿qué deberíamos producir como país teniendo en cuenta el contexto y las condiciones internas?, ¿qué políticas energéticas son económicamente relevantes y cuáles ambiental y socialmente deseables? En materia socioambiental, por ejemplo, se analiza cómo relocalizar a quienes van a ser afectados por las inundaciones derivadas del cambio climático; qué impactos tendrá la minería sobre los pueblos en donde se desarrolla y cuáles podrían ser lineamientos estratégicos al respecto. Nosotros, en particular, estudiamos cuestiones asociadas a la generación y gestión de residuos como, por ejemplo, ¿qué materiales se están derivando a basurales o rellenos sanitarios y podrían ser objeto de valorización?, ¿para qué materiales aún no existen mercados para su reciclado y en qué condiciones sería posible generarlos?, ¿qué regulaciones podrían establecerse para promover el reciclaje y la inclusión social?
¿Qué cambiaría el pasaje de CONICET de un sistema público a uno privado?
El objetivo último del CONICET debería ser contribuir a hallar los medios para lograr el bienestar de la sociedad. Si el CONICET fuese privatizado, sería el mercado el que impondría los temas de investigación, y dejarían de realizarse estudios sobre diversas problemáticas cuya “utilidad” es significativa y, en otros casos, incierta. Dejarían de pensarse y discutirse modelos de país de mediano y largo plazo. Es improbable que el interés privado, cuyo objetivo primordial es maximizar ganancias, pueda promover estudios cuyo horizonte es mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto, más que ganancias particulares. En este sentido, el CONICET es un organismo estatal que establece alianzas estratégicas con el sector productivo y, al ser un ente autárquico, permite que su misión permanezca en el tiempo y atraviese las distintas gestiones de gobierno.
Organismos estatales como el CONICET son importantes para dar impulso a un modelo de desarrollo de país pensado estratégicamente. Ello sucede, por ejemplo, cuando a través de subsidios, prerrogativas o distintos incentivos, se brinda apoyo a ciertas industrias durante sus fases iniciales. El CONICET y la Agencia de Ciencia y Tecnología dan el marco de contención que permite poner a prueba iniciativas de lo más variopintas. Algunas, luego, con su apoyo, cobran escala y se vinculan al interés público. Esto no suele suceder en el sector privado, en donde el margen de incertidumbre para los ensayos siempre es más acotado, en tanto los beneficios sociales de algunos proyectos (por ejemplo, uno que se dedique a investigar la cura a una enfermedad rara) podrían ser altos, pero no así la rentabilidad financiera.
Además, cuando se plantea el cierre del organismo, tal como se expresa irresponsablemente en el marco de campañas políticas, ¿se han evaluado los costos que ocasionarían al Estado los juicios por la eliminación de puestos de trabajo concursados y en relación de dependencia?
Es cierto que el organismo se debe discusiones a nivel interno acerca de qué temas priorizar, o cuáles son los incentivos que debe establecer para sus investigadores, por ejemplo. Pero, en lugar de proponer cerrar o privatizar el CONICET pueden discutirse algunas estrategias para promover que el organismo cumpla mejor sus funciones. Por ejemplo, hace ya un tiempo el CONICET incentiva investigaciones en torno a “temas estratégicos” organizados en función de grandes problemas de interés nacional, que comprenden cuestiones relativas a demandas sociales (salud, educación, justicia, seguridad, urbanización, vivienda), productivas (energía, industria, agricultura) y ambientales (biodiversidad, calidad del ambiente, impacto ambiental de las actividades productivas, mitigación y adaptación al cambio climático). Se podría potenciar este espacio y promover una mayor articulación entre estos temas estratégicos, ciertos ámbitos de decisión del Estado y el sector privado. En este sentido, la falta de articulación es quizá el mayor desafío: existen informes técnicos que no son leídos por organismos clave de gobierno, proyectos de ley que no son sometidos a la evaluación de cuerpos de científicos, entre otros. Al respecto, se visualizan algunos avances recientes interesantes, como una Oficina Científica creada en la Cámara de Diputados de la Nación, para poner en debate de miembros de la comunidad científica los proyectos de ley, también se observan organismos estatales que solicitan diagnósticos a investigadores. Sin embargo, resta mucho por hacer.
Productividad y desarrollo
Si bien los resultados de las últimas PASO reflejaron un pedido de un cambio por gran parte de la sociedad, aún no parece haber coincidencias en cuanto a las orientaciones y características del rumbo por adoptar. La inflación es el problema más visible y, ante este panorama, la dolarización conjugada con la apertura comercial (libre ingreso de productos desde el exterior), se presenta para algunos como el atajo sencillo para enfrentarla. Es tentador: es cierto que la dolarización operaría tal como lo hizo la convertibilidad de los noventa deteniendo la inflación y la devaluación del peso, pero lo haría de manera más dura. Justamente, la envergadura de esta medida es lo más preocupante, pero lo que menos se advierte.
Tal como en la convertibilidad, con la dolarización se generaría paridad con el dólar (esta vez tan perfecta que ahora solo habría dólares). En los años noventa, eso, junto con la apertura, aportó a una indiscriminada importación y a una caída de nuestras exportaciones, lo que destrozó la producción local e incrementó el desempleo y la pobreza. La situación tuvo otros tantos complementos y aristas, pero lo cierto es que explotó hacia fines de 2001 dando lugar a una formidable devaluación del peso que fue lo que, tras un caos económico y social, volvió a generar condiciones para aumentar nuestras exportaciones y reducir las importaciones, y a mejorar la situación del empleo. Esta clase de retorno no sería factible bajo la dolarización. No existen tampoco experiencias exitosas en la región bajo este régimen.
Lo anterior se agrava si consideramos que somos un país agroexportador que compra productos industriales costosos al resto del mundo: la crisis tiene raíces profundas asociadas a una dependencia estructural. En este marco, la dolarización, al atentar contra nuestras exportaciones, impondría ser más competitivos bajando drásticamente nuestros costos. De allí, en gran parte, la preocupación por la “productividad”: bajar costos para aumentar la productividad. Pero para ser más productivos, es necesario una masa crítica de personas pensando en un plan de desarrollo sólido y sostenible, que involucre promover industrias claves. El fondo de la cuestión es pensar la estructura productiva de nuestro país ya que esta es la que desata por sí misma mecanismos de inflación y devaluación de la moneda, lo que se agrava por la memoria colectiva respecto de la inflación (querer cubrirse) y por recurrentes déficit fiscales, que derivan en políticas monetarias mal usadas.
La dolarización, sin embargo, es una política de shock brutal que no da tiempo a reconvertir nuestra estructura productiva: requiere, igualmente, de reacciones bruscas y rápidas y, la manera de reducir los costos rápidamente, perdida la opción de la devaluación, es únicamente la reducción de costos salariales (vía flexibilización, desempleo e informalidad). Así, con la dolarización nos enfrentaríamos nuevamente a una situación potencial de crisis similar a la de fines de los noventa, dada por la paridad cambiaria. Esto llevaría a una redistribución regresiva de la renta y, desde ya, a la pérdida de lo que queda del Estado de Bienestar (servicios de salud y educación, por los que la Argentina ha sido tan bien ponderada). Cambios que, si se dan, son de muy difícil reversión.
Para desdicha de nuestra sociedad, además, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, se perderían dos instrumentos clave de gestión económica, como la política cambiaria y la política monetaria. Instrumentos usados con poca cautela a lo largo de los años, pero claves para poder revertir una crisis. Eliminar estos instrumentos sería como eliminar un medicamento porque fue mal usado. Eliminarlos implica perder soberanía como país: perder la capacidad de salir de situaciones de crisis como las que se avizoran.
Finalmente, todas estas cuestiones están agravadas por la crisis ambiental: los efectos del cambio climático (sequías, inundaciones), la deforestación y la contaminación, que complican nuestro modelo de país como agroexportadores-dependientes. En este sentido, sostener la actual estructura económica, atada a producir a bajo costo que impondría la dolarización, puede derivar en un mayor daño ambiental y un decrecimiento en términos de productividad, generándose con esto un círculo vicioso. Quizás la dolarización frene la inflación, pero a costa de un alto costo social, económico y ambiental a mediano y largo plazo.
La productividad y el cambio deben ser pensados por otra vía: en primer lugar, un plan de estabilización que atienda el déficit fiscal por caminos difíciles pero aún no explorados, como, entre muchos otros, redefinir el sistema regresivo de subsidios, intervenir las jubilaciones de privilegio, atender casos de evasión o casos de corrupción estatal, entre otros. Asimismo, se debe promover un vínculo fluido entre la ciencia y el Estado (más que desmantelar a la ciencia y al Estado), implementar un plan estratégico de desarrollo industrial y del sector servicios, económica, social y ambientalmente sostenible. Cerrar o privatizar organismos como el CONICET es perder la posibilidad de darle un rumbo posible al cambio, con un plan de desarrollo país.
Mariana Saidon y Pablo J. Schamber
Los autores son investigadores independientes del CONICET (AAP, EPyG, UNSAM y UNQ/UNAJ) y miembros fundadores de la Red de Investigación y Acción en Residuos (RIAR)