El gobierno se está quedando sin tiempo si quiere tomar una decisión drástica para que Atucha I pueda operar en el verano. La central nuclear tiene combustible dentro del reactor para no más de dos meses de operación, por lo que debería salir cuanto antes para reingresar a fin de año. Pero esta posibilidad tiene como principal barrera el vencimiento de la licencia de operación de la central nuclear en septiembre.
La semana pasada, la primera línea del Ejecutivo planteó su necesidad de potencia eléctrica para el verano en una reunión al máximo nivel político con funcionarios de la Autoridad Regulatoria Nuclear que encabezó el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, según pudo saber EconoJournal. La dilatación en el gobierno para definir si le pedirán formalmente algún tipo de excepción al organismo regulador nuclear se explica también por las resistencias e incertidumbre que genera la avanzada del asesor presidencial Santiago Caputo sobre los directorios de las empresas del área nuclear.
La posibilidad de que se registren cortes de luz en los momentos de mayor calor por falta de generación —escenario que planteó Cammesa, la compañía que administra el despacho eléctrico, en un informe publicado en junio— provoca inquietud en el área energética del gobierno. Como informó, Cammesa había comenzado a explorar con Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) la posibilidad de postergar el proyecto de extensión de vida de la central nuclear Atucha I. Pero el problema es que la licencia de operación de Atucha I vencerá el 29 de septiembre, limitando al máximo la posibilidad de lograr una excepción.
La sensibilidad de la cuestión finalmente escaló al nivel político. El directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), el organismo regulador del sector nuclear, fue convocado la semana pasada a Casa Rosada. Por parte del gobierno participaron Francos y también el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el presidente de Nucleoeléctrica, Luis Fasanella. También estuvo presente Daniel González, el virtual secretario coordinador de las áreas de Energía y de Minería en el Ministerio de Economía.
Según una reunión acontecida el lunes de la semana pasada, la Secretaría de Energía y la empresa operadora de las centrales nucleares expusieron los escenarios de demanda y suministro de energía para el verano y la necesidad de disponer de la central nuclear. En cambio, la ARN desaconsejó poner a Atucha I en operación en el verano porque la central ya cumplió su ciclo y debe comenzar la parada de reacondicionamiento para extender su vida útil por 20 años más, una obra que tomará dos años.
La reunión en Casa de Gobierno finalizó sin ningún pedido formal al organismo regulador. Este medio consultó a la Secretaría de Energía si pedirán algún tipo de excepción, pero al momento de esta publicación no obtuvo respuesta.
Ramificaciones de la interna política
Con independencia de la decisión final, el gobierno deja entrever en la búsqueda a contrarreloj para contar con los 362 MW de Atucha I una genuina preocupación por el suministro energético para el verano. Pero en un nivel más profundo exhibe cómo las internas políticas dentro del gobierno se ramificaron al sector nuclear, llevando a dilatar la toma de decisiones.
Santiago Caputo, el principal asesor y hombre de máxima confianza del presidente Javier Milei, concretará esta semana el desembarco de hombres de su confianza en Nucleoeléctrica y Dioxitek para intentar avanzar con su privatización, en una maniobra que tensiona con el perfil más profesional que Francos busca imprimir en la conducción del sector nuclear. «Se esta estructurando una interna entre la gente que responde a Francos y Caputo, pero me parece que ya la ganó Caputo», disparó una fuente conocedora de las internas por el control del sector nuclear.
Las designaciones en los directorios en estas empresas debieron concretarse la semana pasada, pero se vieron retrasadas por los desacuerdos. Esto explica la fallida asamblea para designar autoridades en Dioxitek, la empresa que provee el dióxido de uranio para el combustible nuclear. El presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Germán Guido Lavalle, detonó la asamblea al cuestionar la intención de la Secretaría de Energía y Caputo de ocupar la silla en el directorio que le corresponde al organismo nuclear por ser accionista en Dioxitek, actualmente ocupada por Daniel Marchi.
Mientras tanto, el asesor presidencial promueve en NA-SA las designaciones de Guido Giana y Jeremías Coppola como directores. Giana cobró notoriedad mediática y política en 2020 durante el conflicto por la usurpación y posterior desalojo de un importante predio en Guernica —precisamente por ser dueño, junto con su familia, de esas tierras en el sur de la provincia de Buenos Aires. Fue candidato a intendente en Presidente Perón por el PRO en 2015 y luego fue funcionario del PAMI durante los cuatro años del mandato de Mauricio Macri. Luego de la presidencia de Macri recaló como director de Administración y Finanzas del Sanatorio Güemes, propiedad de Mario Lugones, padre de Ramiro, consejero y amigo del asesor presidencial, con quien trabó una relación de amistad.
Por otro lado, Coppola es un joven licenciado en Finanzas de la Universidad de San Andrés que se enfocó en el negocio de trading de criptomonedas, según se desprende de su perfil en LinkedIn. Ni Giana ni Coppola cuentan con una experiencia previa vinculada al sector nuclear y energético.
Extensión de vida
Por el lado de Nucleoeléctrica, la designación de autoridades se produce en un momento crítico. La empresa debería comenzar con el proyecto de extensión de vida de Atucha I, pero hoy no hay certezas sobre su ejecución. La prioridad del gobierno sería empujar el ingreso de accionistas privados en la empresa generadora o llevarla a un modelo de concesión para que el sector privado financie el proyecto en lugar del Estado. Alberto Lamagna, un doctor en física que trabajó en la CNEA, llegará a la presidencia de la empresa promovido por el titular de la Unidad Ejecutora de Empresas, Diego Chaher, que tiene el mandato de acelerar la privatización o concesión de las empresas que son propiedad del Estado.
Fuentes dentro de la empresa cuestionaron el argumento de la falta de fondos para el proyecto. Nucleoeléctrica licitó tres tramos del fideicomiso NASA IV para la prolongación de vida de Atucha I y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados de Atucha II (ASECG II). El fondeo total logrado fue de US$ 180 millones. El costo global estimado por estos proyectos asciende a US$ 700 millones.
También recordaron que el gobierno le generó un perjuicio financiero a NA-SA al dejarla fuera del esquema de regularización de la deuda acumulada por el Estado con las generadoras eléctricas y productoras de gas natural, instrumentado a principios de año por el ministro de Economía, Luis Caputo. A diferencia del resto de las generadoras, la compañía estatal no recibió bonos del Estado a cambio de la deuda por la energía generada en el primer trimestre del año.
«Si el gobierno necesita fondos podría priorizar el proyecto para que Nucleoeléctrica pueda recibir financiamiento de la CAF (Corporación Andina de Fomento), pero hasta ahora no lo ha hecho», apuntó una fuente. La CAF tiene fondos disponibles para proyectos de infraestructura para la Argentina por US$ 200 millones para el 2025. Por otro lado, el banco público francés Bpifrance aportaría los fondos necesarios para la ejecución del contrato de Nucleoeléctrica con Framatome para la provisión de algunos componentes.
Las asambleas para designar autoridades en Nucleoeléctrica y Dioxitek tendrán lugar hoy y mañana miércoles, respectivamente.
Nicolás Deza