El domingo 15 de septiembre, el presidente Javier Milei fue el orador de un acto en un Congreso casi vacío y que fue transmitido en cadena nacional, en el que expresó que los pagos de deuda estarán blindados pero que los gastos que haga el Estado en áreas como educación, jubilaciones o ciencia dependerán de cuánto se recaude y, aunque hay una partida asignada para cada una de estas área, se reduciría en caso de no contar con los ingresos supuestos.
A grandes rasgos, el proyecto espera que la inflación para todo el año 2025 sea de 18,3% y que a diciembre del próximo año el dólar alcance los 1207 pesos. Como parte de estas estimaciones, la Argentina tendría un 5% de crecimiento gracias a un aumento de los ingresos por la recaudación del Impuesto a las Ganancias y un aumento del 100 % en la recaudación por vía de los derechos de exportación.
El presupuesto también suspende leyes que dan un aumento progresivo a la inversión en algunas áreas del Estado, como las leyes de Financiamiento de la Educación, que prevé que ésta debe representar el 6% del PBI, la de Financiamiento de la Ciencia, que establece aumentos progresivos año a año hasta poder alcanzar el 1%, y la de Educación Técnica Profesional, que creó un fondo específico para sostener la inversión en un sector de la educación que fue postergado durante muchos años. En el proyecto presentado se suspende la aplicación de estas leyes durante 2025, por lo que los montos asignados a estas áreas serán sensiblemente menores.
Daniel Filmus fue tanto Ministro de Ciencia como de Educación, por lo que conoce desde cerca las necesidades que impulsaron estas normas, como en el caso de su involucramiento en la aprobación de de la ley de Financiamiento de la Ciencia, que contó con amplias mayorías en el Congreso y se esperaba que fuera una herramienta que pudiera darle previsivilidad al sistema y una política de largo plazo para desarrollar ciencia y tecnología en el país. Filmus dijo: “Este presupuesto lo tiene que votar el Congreso y me imagino que la mayoría de los diputados y senadores no estarán de acuerdo, aunque, en los hechos, es algo que viene sucediendo este año, en el que parece que estas leyes estuvieran suspendidas. Así como se votó la Ley de Financiamiento Universitario, esperamos que también se defienda la educación y no se vaya en contra del desarrollo educativo y científico, porque eso implica perjudicar a los jóvenes, a las familias y a los investigadores”.
En 2022, como porcentaje del PBI, la inversión en la Función Ciencia y Técnica (CyT) del Presupuesto fue de 0,285%, en 2023 fue del 0,302% y este año bajó a 0,213 %. Según las estimaciones que se pueden hacer a partir del Presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo, el año próximo estaría en torno a 0,2%, proyecta el análisis del proyecto de Presupuesto elaborado por el Grupo EPC-CIICTI. Según la Ley de Financiamiento de la Ciencia, la Función CyT 2025 debería estar en 0,45 %. Pese a eso, el monto de inversión previsto para el año que viene es equivalente al que tenía la Argentina en 2002, un año de crisis extrema.
“En algunos organismos como el CONICET hubo un recorte del 40%, en la CNEA es mayor, en el INTI del 30%. Es imposible poder desarrollar ciencia y tecnología con esos recursos. El Ministerio de Ciencia, o lo que queda de él (actualmente con rango de secretaría) tiene un recorte del 70%, y la Agencia I+D+i tiene menos de la mitad de los recursos y es la que financia la ciencia de todo el país. Esto implica la parálisis del plan de ciencia, del plan nuclear, del la biotecnología y demás. La Argentina tiene grandes investigadores pero lo que estamos viendo es que muchos están buscando irse del país, especialmente los jóvenes. Cuando desarrollás tecnología de punta y te retrasás un año, después no hacés tecnología sino historia de la tecnología. La dificultad para después ponerte a tono con los desarrollos es enorme y se pierde la inversión que se ha hecho hasta ahora. El freno al reactor modular CAREM, en el que se viene trabajando hace décadas, va a quedar obsoleto para cuando se retomen las inversiones”, denució Filmus.
La ciencia en nuestro país se financia, principalmente, con dos instituciones diferentes: El CONICET, responsable de los salarios de becarios e investigadores, y la Agencia I+D+i, que financia los proyectos de investigación. La caída presupuestaria en estos dos organismos implica que habrá menos ingresos a carrera y becas pero también que serán de menor monto, salarios que seguirán siendo los más bajos de la región pese a una formación de gran nivel que implicó años de inversión para el país. Este tipo de políticas expulsa a los rescursos humanos argentinos a seguir su trabajo en el exterior o abandonar la ciencia. Muchos ven en esta política una intención de destrucción del sistema científico público y no solo una reducción, como pasó en períodos del menemismo o del macrismo. “Estamos hablando de una cuestión de no retorno y después de esto la ciencia y la universidad argentina no van a ser iguales”, dijo Filmus.
La escuela austríaca y la ideología del ajuste
“A principio de año publicamos un libro que se llama “¡Afuera! El lugar de la ciencia y la educación en el anarcocapitalismo”, en el que varios hemos escrito sobre qué concepciones tiene la escuela austríaca sobre la ciencia y la tecnología, por eso digo que no se trata de una política de ajuste, sino de una que implica que la investigación tiene que ser solo financiada por el sector privado, dando la espalda a lo que pasa en todo el mundo. Se trata de que la educación no tiene que ser escolarización, no creen que tenga que ser obligatoria, lo ha dicho (el diputado) Benegas Lynch: que si un padre quiere mandar a su hijo a trabajar, lo puede hacer. Ellos plantean que la educación estatal solo sirve para el adoctrinamiento y que no tiene que haber educación pública, que es el mercado el que tiene que resolver estos temas y la forma en la que lo quieren hacer es que todo se pueda comprar y vender, así como lo plantearon respecto de los niños o de los órganos. La idea del mercado absoluto queda reflejada en la presentación del presupuesto, cuando el presidente dice que lo que no tiene fondos privados no tiene la necesidad de tener derechos que lo defienda. Pero la Constitución Argentina dice que el Estado debe defender derechos como el acceso a la educación y la salud”, explicó Filmus.
Matías Alonso