Preocupa la disolución del Instituto Nacional del Cáncer, que se suma a los despidos y renuncias masivas en el Ministerio de Salud de la Nación. Una solicitada firmada por casi 1200 organizaciones y particulares que circuló esta semana alerta sobre los posibles impactos de esta medida en la salud de la población y sobre todo en los sectores más vulnerables.
La semana pasada, el Ministerio de Salud anunció que absorberá las tareas del Instituto Nacional del Cáncer (INC) tras el despido de un tercio de las y los trabajadores de su planta, a quienes no se les renovaban los contratos desde diciembre de 2024. Estas medidas ponen en riesgo la continuidad de varias líneas de políticas sanitarias que se desarrollan desde este organismo, como las de control, prevención y cuidados paliativos.
Tras conocerse esta noticia, más de 1200 organizaciones y particulares, entre los cuales hay pacientes, médicos, políticos y sindicalistas, publicaron una solicitada en la que manifiestan su preocupación por esta medidas y los posibles impactos que puedan tener en la salud de la población más vulnerable, que es la que mayoritariamente accede a estos servicios, en un país adonde la pobreza alcanza a la mitad de las personas.
“Es una expresión de preocupación y un pedido de que no se cierre el Instituto Nacional del Cáncer, una solicitada que estamos compartiendo con los medios porque no tenemos respuestas y, salvo el propio ministro –de Salud, Mario– Lugones, en este momento no hay una persona designada con quien podamos hablar por cualquier tema referido al cáncer”, afirma Alexis Descourvieres, que integra la Red Unidos por el Cáncer y el grupo de mamás y papás contra tumores cerebrales pediátricos de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA).
Por su parte, Daniel Gómez, que fue director del INC entre 2013 y 2014, advierte que la pregunta central es adónde serán absorbidas las funciones de esta institución dentro del ministerio. “Si es en la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles, se le agregan cuatro capas de burocracia para cada trámite. Ahora, para cada cosa que haya que hacer, se van a necesitar cuatro firmas más por arriba, porque pasan al nivel más bajo de la Administración Pública Nacional y tendrá que pasar por todos los rangos burocráticos: ministro, viceministro, secretario, subsecretario y recién ahí director”, advierte el ex funcionario.
Otra “gran ventaja adicional” que tenía el INC era que los directores y las personas que allí se desempeñaban eran especialistas en oncología. “Ahora, las firmas que se agregan a los procesos no van a ser de oncólogos, pueden ser contadores, economistas o politólogos, que no van a tener la misma capacidad de comprensión de la necesidad y la urgencia que exigen ciertas decisiones en este tema”, se lamenta Gómez.
Incidencia de cáncer en la Argentina
Entre supuestos y acusaciones
En su cuenta de la red social X. el ministro y empresario de la salud, Mario Lugones, argumentó que “esto se dio a partir de detectar irregularidades en la entrega de medicamentos a punto de vencerse, compras ineficientes y programas y estructuras duplicadas”, y aseguró que garantizarán todas las funciones del INC.
“Lo que no dicen es cómo van a hacerlo”, cuestiona Gómez, y agrega que el argumento de las “supuestas” irregularidades detectadas en las compras y otros procedimientos es incongruente: “Para eso hay auditorias y, si se llega a detectar alguna irregularidad, hay que resolverla, y si hay alguien involucrado, se inicia un sumario administrativo o una causa penal, pero no por eso hay cerrar la institución, porque cerrás todo y dejás a la gente sin nada”, subraya.
Desde su creación, por el Decreto 1286/2010 y su consolidación mediante la Ley 27.285, en 2016, como organismo descentralizado y autárquico, el INC ha sostenido programas esenciales de prevención, control, tratamiento e investigación del cáncer. Por ejemplo, el control de los cánceres de mama y colorrectal, el sistema centralizado de test de VPH, el cuidado integral del niño con cáncer, los cuidados paliativos, la vigilancia epidemiológica y el registro oncopediátrico. Además, el INC impulsa la investigación oncológica mediante asistencia financiera a proyectos y becas; capacita recursos humanos en cáncer, asegurando la formación de profesionales en todo el país, y provee material de divulgación e información crucial para equipos médicos y pacientes.
“Además, es la ley de aplicación de la Ley Oncopediátrica”, advierte Descourvieres, sobre esta normativa sancionada en 2023, que establece derechos y coberturas niñas, niños y adolescentes con cáncer. “Es donde se auditan los nuevos diagnósticos de nenes con cáncer y les dan los certificados oncopediátricos que les permiten tener viáticos gratis en caso de que tengan que desarraigarse para atenderse fuera de sus lugares de origen, porque allí no están los equipamientos ni los centros tecnológicos para asistirlos”, ejemplifica el referente, que además hizo un pedido de información pública formal respecto del presupuesto, de quiénes van a ser las autoridades y cuál va a ser el funcionamiento.
El cáncer es la tercera causa de muerte en el país y, según estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), por cada 100.000 habitantes, más de 200 personas son diagnosticadas con algún tipo de cáncer anualmente. Muchas de ellas se atienden en el sector público, cada vez más desarticulado, ya que a la situación en el INC hay que agregar despidos en otras áreas del Ministerio de Salud, que incluso han motivado renuncias masivas de las y los trabajadores, porque no podían garantizar la continuidad de las funciones esenciales que debían realizar.
“Para nosotros es incertidumbre, es dolor y es bronca”, cuestiona Descourvieres, y concluye: “Es la deriva total en un montón de aspectos, como también está pasando con el socorro a las personas de Bahía Blanca: en todo lo que tiene que ver con la intervención estatal, sobre todo a nivel de la Nación, –los gobernantes– se desentienden de los compromisos, argumentando que se tienen que encargar de la macroeconomía y que todo demás depende de las provincias, lo cual es ilegal e inconstitucional porque en nuestra Constitución Nacional incorporamos tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de la Persona con Discapacidad, la Declaración de los Derechos Económicos Sociales y el Pacto de San José de Costa Rica, que están por encima de cualquier otra ley, decreto o resolución ministerial”.
Vanina Lombardi