En silencio y sin escándalo público, el gobierno de Javier Milei está desarticulando uno de los pilares menos visibles, pero más estratégicos del Estado: el sistema científico-tecnológico argentino.
Desde diciembre, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica —que financiaba buena parte de la investigación en el país— dejó de funcionar. Todos los contratos plurianuales firmados con instituciones públicas y privadas fueron congelados. Sin fondos, cientos de proyectos quedaron paralizados.
Pero no es el único frente. Las universidades nacionales, que ya arrastraban presupuestos insuficientes, están en situación crítica. No pueden sostener sus programas de investigación, y en muchos casos tampoco garantizar el funcionamiento básico de sus laboratorios.
Los investigadores del CONICET no están mejor. Con salarios que no se actualizan frente a una inflación que no cede, los investigadores más jóvenes ganan por debajo de la línea de pobreza. Incluso investigadores con décadas de trayectoria deben buscar trabajos paralelos o resignarse a perder poder adquisitivo. La fuga de talentos se acelera.
Los institutos tecnológicos (INTA, INTI, ANMAT, y otros) sufren el mismo accionar destructor. Toda la infraestructura científica —construida con años de inversión pública— comienza a degradarse. El mantenimiento de equipos sensibles como resonadores magnéticos o espectrómetros de masas está siendo abandonado. Lo mismo ocurre con sistemas básicos de funcionamiento como aires acondicionados, extractores, compresores.
Recuperar capacidades destruidas por falta de mantenimiento lleva años y cuesta mucho más. Recuperar a expertos que se van, puede no suceder nunca.
A todo esto, se suma una señal política contundente: el sistema científico argentino pasó a depender de una subsecretaría sin presupuesto, escondida dentro de una secretaría dedicada a la digitalización de trámites. Un retroceso institucional difícil de justificar.
Lejos de una estrategia de desarrollo, desde el gobierno se transmite un mensaje de desprecio hacia la ciencia. Se ridiculiza a los científicos y se minimiza el valor del conocimiento. A los jóvenes se les sugiere que ya no vale la pena estudiar. En lugar de hablar de formación, trabajo, innovación o tecnología, el discurso oficial promueve la fantasía de la especulación con criptomonedas como salida laboral.
De tecnología no se habla, salvo para diseminar ideas retrógradas disfrazadas de progreso. Se habla de un hub de inteligencia artificial cuando se propone habilitar a corporaciones internacionales la instalación de grandes centros de datos en la Patagonia para que puedan operarlos aprovechando nuestra energía a bajo costo y se chupen nuestra agua.
No hay país desarrollado sin ciencia. La historia mundial lo demuestra. Desde Estados Unidos y China, pasando por Alemania y Corea del Sur: todos hicieron de la investigación y la innovación una prioridad para sostener el crecimiento económico. Argentina, en cambio, desarma y regala lo poco que tiene.
El modelo de los Milei y los Caputo es convertir a la Argentina en una factoría importadora, una maquiladora sin industrias ni tecnologías, proveedora de commodities agrícolas, energéticas o minerales. Se propone como ideal el modelo peruano: estabilidad financiera, caos político, fractura total de la sociedad y un 90 % de la sociedad convertida en clase pobre o media baja, haciendo trabajo no registrado, es decir viviendo al día; una sociedad sojuzgada para evitar cualquier protesta o huelga.
El gobierno -Milei dixit– está dispuesto a aceptar cualquier imposición externa, “readecuando la normativa de tal manera que cumpla con los requerimientos de la propuesta de aranceles elaborada por el gobierno estadounidense, indicando que ya cumplió con “9 de los 16 requerimientos necesarios”
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, viene a negociar la ayuda del FMI. Trae las siguientes propuestas, que afectarán nuestra soberanía y el mantenimiento de nuestro modelo de desarrollo industrial intermedio, ya bastante deteriorado.Aceptarlas significará facilitar las importacionese implicará una mayor destrucción industrial.
Liberar el ingreso al país debienes de capital usados, como maquinaria agrícola, neumáticos, equipos médicos, autopartes, equipos de movimiento de tierra y aparatos de la tecnología de la información y comunicación, equipos electrónicos, vehículos ferroviarios, equipos ópticos y de fotografía, buses y barcos, entre otros.
Modificar la legislación nacional sobre patentes, lograda hace décadas por consenso político, afectará bastante a la importante industria farmacéutica nacional. Como las patentes y las marcas comerciales están íntimamente ligadas al control de los mercados, se pretende accionar para favorecer la libre introducción de fármacos de EEUU, mucho más caros que los nacionales.
Eliminar las normativas que regulan el uso de los bienes importados, su reacondicionamiento en el caso de productos de segunda mano y peritaciones técnicas realizadas por el INTI. Eliminar o reducir la tasa estadística del 3% que grava las importaciones o el pago pago anticipado del IVA a las compras en el exterior, ya facilitado por un “certificado de exclusión” emitido por el fisco.
Ni la industria agropecuaria estará a salvo: pretenden liberar la importación de ganado en pie (vivo) norteamericano, impedido actualmente por ciertas preocupaciones sobre la enfermedad conocida como “el mal de la vaca loca”(EEB). Hasta quieren sacarle los aranceles del 35 % para el whisky. No hay duda de que EEUU defiende con uñas y dientes la industria estadounidense. Milei también. Si lo logra será nominado “el empleado del año”.
El país no solo está perdiendo su presente científico e industrial. Está renunciando a su futuro.
Ricardo Auer y Fernando D. Stefani