Esta Academia se pronuncia en relación con los recientes cambios en la concepción y misión de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Para ello, historia algunos cambios importantes en la conducción de los organismo de ciencia y técnica en nuestro país:
A mediados de 1996 hubo un cambio significativo en la conducción de la CyT del país con la designación de nuevas autoridades, cambio que no fue ajeno a la tarea desarrollada por la ANCEFN desde 1995.
El nuevo secretario de CyT asumió con un mandato muy específico: reorganizar el CONICET. Se constituyeron grupos de trabajos para discutir el tema en profundidad. De esas discusiones surgieron varias recomendaciones. Una de ellas, la conveniencia de separar los roles de gobierno (la definición de políticas), de la promoción (el financiamiento de los proyectos científicos) y de la ejecución (organismos e institutos).
La promoción, o sea financiar ciencia, era la función principal del CONICET al momento de su creación en 1958 (por iniciativa de la ANCEFN). Luego se creó la carrera del investigador y gradualmente se fueron creando institutos y programas.
En 1994-95 el número de “unidades ejecutoras” había llegado a cerca de 200. Este crecimiento provocó que la mayor parte del presupuesto del CONICET fuera destinado a la operación y mantenimiento de las unidades ejecutoras y a la carrera del investigador y personal de apoyo, restando recursos para financiar proyectos científicos. En esos años, sólo el 1-2% del presupuesto del CONICET iba a este fin. El dinero disponible para este propósito era tan ínfimo que se usaba el método denominado “1/N”, por el cual esos limitados recursos se repartían por igual a todos los grupos. Los subsidios eran del orden de USD 1000 para cada grupo y no se justificaba hacer llamados a concursos.
¿Qué hacer frente a esta situación? Se decidió, por un lado, introducir condiciones para la existencia de nuevas unidades ejecutoras (esto quedó reflejado en el decreto 1661/96) y, por otro lado, crear una agencia cuyo exclusivo fin fuera la financiación de proyectos, sin sustraer nada al CONICET; ni fondos, ni funciones. El CONICET, como todos los otros organismos del sistema de CyT público podrían continuar financiando proyectos, pero la financiación a nivel nacional, igualitaria para todas las instituciones, sería función de una nueva entidad en cuyo decreto de creación, el 1660/96, se establecía la prohibición de financiar institutos y personal científico; sólo podía financiar (promover) proyectos científicos y tecnológicos.
El desafío fue encontrar fondos frescos para financiar esta Agencia sin afectar al CONICET. Estos fondos fueron obtenidos del Programa de Modernización Tecnológica (PMT) que pocos años antes se había gestionado desde el Ministerio de Economía en un acuerdo con el BID. El financiamiento fue dividido en dos fondos: el FONCYT (Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica) y el FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino). En el transcurso del tiempo se agregaron otros fondos como el FONSOFT (promoción de la industria del software) y el FONARSEC (consorcios público-privados para responder a demandas de la sociedad, la empresa y el estado).
Es destacable el impacto que tuvo el FONCYT en el desarrollo científico nacional a través de sus proyectos PICT con distintas modalidades. En el primer concurso (PICT 97), se adjudicaron unos 300 subsidios (30% de las solicitudes) por USD 25 mil por año para proyectos bianuales con cobertura nacional; en los siguientes, este monto se incrementó a USD 50 mil por año para proyectos de 3 años. O sea, un aumento de 50 veces respecto a lo que estaba disponible solo para los investigadores del CONICET en los años anteriores a la reforma.
Vale la pena señalar varios aspectos novedosos que le dieron al FONCYT un carácter innovador. En primer lugar, el sistema de evaluación de la calidad basado en el juicio de pares anónimos internacional (inédito en Argentina). La elección de estos pares quedó bajo la responsabilidad de un científico de prestigio para cada una de las disciplinas quien antes de hacerse cargo firmaba un compromiso de confidencialidad y calidad, y cuya identidad era pública.
En segundo lugar, luego de decidido el orden de mérito por calidad, se realizaba una evaluación de la pertinencia a cargo de comisiones asesoras coordinadas también por gente de prestigio que también firmaban compromisos de actuar éticamente y cuidando la calidad de todas las acciones que se tomaran.
Tercero, el directorio de la Agencia aprobaba los subsidios según la recomendación de los pares y de las comisiones asesoras sin poder modificar el orden de mérito establecido a menos que hubiera habido errores de procedimiento; de otro modo el directorio tenía vedado hacer modificaciones.
Cuarto, los proyectos debían ser presentados por un “grupo responsable”, cuyos miembros se comprometían a no participar en más de dos proyectos con una dedicación mínima de 20 horas semanales. Esto evitaba el extendido hábito del “prestanombre”: incluir en la nómina alguien de prestigio que no tuviera real compromiso de tiempo dedicado al proyecto.
Quinto, los montos de los subsidios (incluían becarios) debían tener relación con la propuesta y una vez otorgados, el recipiendario se obligaba a presentar un informe final para su evaluación la cual se tomaría en cuenta en futuras presentaciones. Se restituía así la buena costumbre de establecer un contrato de cumplimiento mutuo entre entidad otorgante y beneficiario.
Con estas premisas se originó un sistema de CyT federal construido sobre dos pilares: las instituciones y sus recursos humanos, y los proyectos científicos. Los primeros requerían estabilidad, pero los segundos debían estar sujetos al procedimiento de concursos altamente competitivos (asegurando calidad) y renovarse cada 2 o 3 años (lo que durara el proyecto). Esta concepción de la Agencia potenció una actividad científica de calidad en distintas instituciones y en toda la geografía nacional.
A lo largo de los años los PICT se constituyeron en la fuente más importante del financiamiento de la investigación científica de calidad en universidades, institutos de investigación y distintos organismos científicos distribuidos en todo el territorio nacional.
La hibernación de las actividades de la Agencia en los dos últimos años, la anulación de los PICT 2022 y del concurso de los PICT 2023, producirán un daño incalculable en el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país.
Asimismo, el hecho de orientar los programas de la Agencia únicamente a proyectos respaldados por empresas y dirigidos por investigadores probados implica limitar la creatividad de la investigación, y cercena el crecimiento de grupos de jóvenes investigadores. La relevancia de la investigación básica en el proceso de innovación se refleja en el argumento dado por la Academia sueca en el Premio Nobel de Economía 2025 a Joel Mokyr, quien “demostró que, si las innovaciones han de sucederse mutuamente en un proceso autogenerado, no solo necesitamos saber qué algo funciona, sino también tener explicaciones científicas de por qué.”
En virtud de lo expuesto, esta Academia solicita a las autoridades pertinentes que rehabiliten el financiamiento necesario para los proyectos científicos de calidad que se desarrollan en todas las disciplinas y en distintas instituciones distribuidas en todo el territorio nacional.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2025