Los intentos de privatización de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que gestiona las centrales nucleares en el país, son resistidos por la oposición en el Congreso pero los aliados del Gobierno allanan el camino. ¿Cuáles son los motivos para vender una empresa superavitaria y estratégica? «Es preocupante y no hay ninguna ventaja», dice la expresidenta de la CNEA, Adriana Serquis.
En el Senado se impidió la semana pasada un freno a la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que gerencia las centrales nucleares argentinas. El senador José Mayans (UxP), de Formosa, había intentado la semana pasada avanzar con un proyecto para evitar la venta de las acciones de la empresa pero los radicales encabezados por Eduardo Vichi se negaron a que sea tratado sobre tablas, lo que exige que dos tercios de los presentes estén de acuerdo. En cambio, exigieron que primero se tratara en comisiones pero esta semana los senadores aliados del Gobierno, con Carlos “Camau” Espínola a la cabeza, faltaron a las reuniones de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y a la de Ciencia y Tecnología, y así las dejaron sin dictamen. De esta manera, el Ejecutivo gana tiempo para poder avanzar con los trámites y negociaciones para poder vender las centrales.
La expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y hoy candidata a diputada nacional por Río Negro con Fuerza Patria, Adriana Serquis, dijo: “No se entiende la urgencia del Gobierno para privatizar Nucleoeléctrica, ya que es una empresa superavitaria y es estratégica para el desarrollo del sector nuclear porque no se ocupa solo de su mantenimiento y operación, sino también tiene un conocimiento del desarrollo de la tecnología que le permitió hacer reparaciones heroicas como la última de Atucha II. Esta reparación, si hubiéramos tenido que depender de quien diseñó originalmente la central, que fue Alemania, se habría tardado muchísimos años y habría requerido invertir 10 o 20 veces más de lo que costó hacerlo acá. Ahí se ve la importancia de tener a esta empresa. La excusa para privatizarla viene de la necesidad de tener dólares ahora, lo más rápido posible, regalando nuestro patrimonio y capital”.
¿Por qué no privatizar el sector nuclear?
La naturaleza del negocio de las centrales nucleares lleva a que tengan gastos muy altos de construcción. En la Argentina, se estima que las centrales de Atucha I y Atucha II costaron 1300 millones de dólares y 3800 millones de dólares, respectivamente. Esa inversión fue hecha por el Estado nacional y, por lo tanto, pagada por los contribuyentes. Por el contrario, el costo de operación de las centrales es bajo y la energía que inyecta a la red es más barata que la proveniente de las demás fuentes de energía. Esto hizo que Nucleoeléctrica haya tenido una ganancia de 17.000 millones de pesos solo en el primer trimestre de 2025. Este monto es girado al Tesoro Nacional, por lo que se traduce en beneficios para el Estado y para la población que financió la construcción de las centrales.
El otro costo grande que tienen las centrales nucleares es el de cierre y remediación del área de la central, un vez que hayan terminado su vida útil. Se estima que una central puede llegar a funcionar durante unos 90 años. En el caso de Atucha I, esto sería cercano al año 2058. En caso de que un privado gestionara las centrales nucleares, sería importante saber si se haría cargo de gastos de construcción de nuevas instalaciones y de la remediación de su vida útil, y no solamente de absorber las ganancias que conlleva la gestión de inversiones ya realizadas.
Otro aspecto relevante y por el cual la gestión pública es importante es que en una central nuclear siempre la prioridad sea la seguridad, antes que el lucro, ya que los costos que puede conllevar un accidente nuclear son mucho más importantes en dinero y en vidas humanas que cualquier gasto que se pueda recortar.
Las centrales nucleares argentinas producen energía que inyectan al sistema interconectado nacional, para dar estabilidad al sistema y bajos costos a los ciudadanos, y no buscan vender la energía a un actor privado como podría ser un data center. Los planes para instalar en la Patagonia centros de datos de empresas de inteligencia artificial requerirán energía que todavía no se sabe bien de dónde saldrá y los intentos de privatización en el área nuclear podrían ser parte del plan.
El nuevo plan nuclear
El gobierno nacional había presentado un nuevo plan nuclear a fines de 2024. El presidente Milei, junto al jefe de sus asesores, Damián Reidel, y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, anunciaron un plan para construir reactores pequeños para alimentar data centers para inteligencia artificial ubicados en la Patagonia. Estos reactores, con patente de la empresa rionegrina INVAP, no tienen ni siquiera hechos los planos de ingeniería ni un estudio ambiental para emplazarlos, entre otros tantos requisitos que se necesitan. El anunció llegó de la mano de la suspensión de la construcción del reactor modular CAREM, cuya obra está muy avanzada en el predio de Atucha pero está siendo descartada por el Gobierno.
Sobre este plan, Serquis dijo: “El nuevo plan nuclear de Damián Reidel, asesor del presidente, es ridículo, porque promete tener listos cuatro reactores nucleares modulares en el predio de Atucha, adonde estaba prevista la construcción de la Hualong One, de capitales chinos, que ya estaba autorizada por la Autoridad Regulatoria Nuclear. El proceso de llegar a tener un reactor en papel a tenerlo funcionando y andando en cinco años es completamente absurdo. Si mirás los desarrollos de reactores nucleares que hay en el mundo, se puede ver que todos los proyectos tienen de 10 a 15 años. Con la excusa de este nuevo reactor pequeño mataron al único proyecto de reactor que realmente estaba cerca de ser finalizado, el primero en su tipo en el país, que era el CAREM 25. La injerencia de Estados Unidos sobre nuestros recursos estratégicos es tremenda y no sabemos qué condicionamientos se nos imponen. El hecho de seguir tomando deuda nos pone en una condición de extrema debilidad y pérdida de soberanía. Creo que son todas excusas de un país que no quiere que nos desarrollemos. Con un nuevo proyecto matás al anterior y el nuevo nunca arranca”.
Desde muchos sectores se ha cuestionado la decisión de privatizar el sector nuclear en nuestro país y no ha habido defensores públicos de esta decisión. La única explicación posible sería el poder conseguir dólares frescos a cambio de liquidar activos nacionales. “No veo nada positivo de privatizar Nucleoeléctrica. Y me preocupa que luchamos mucho para eliminar el Artículo 8 de la Ley Bases pero solo logramos que se exigiera mayoría accionaria del 51% en manos del Estado. Eso es muy mentiroso porque se reparte en el 20% que tiene la CNEA y un 31% del Ministerio de Economía y un 44% del actor privado que terminaría siendo el socio mayoritario, entonces podría determinar los destinos de la empresa a futuro. Es preocupante y no hay ninguna ventaja. Si se buscaran inversiones privadas sería bueno ponerlas en una empresa nueva, en inversiones en reactores nuevos como el CAREM comercial, adonde hay espacio para inversiones y conocimiento de privados pero con cláusulas claras y con un control de la tecnología, cuidado ambiental y la seguridad por parte del Estado”, explicó Serquis.
La Planta Industrial de Agua Pesada
La Argentina cuenta con la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) más grande del mundo. Fue proyectada durante la última dictadura militar para proveer este insumo a las seis centrales nucleares que se iban a construir con esta tecnología. Hoy, muchos países usan otra tecnología pero Canadá e India siguen construyendo centrales nucleares que usan uranio natural y agua pesada. En 2016, el Gobierno liderado entonces por Mauricio Macri suspendió el plan de construcción de una central nuclear similar a la de Embalse, que iba a usar agua pesada, y por lo tanto detuvo la operación de la PIAP. Según explica Serquis, el nuevo Gobierno tiene planes para esta planta: “Me preocupa mucho cómo las autoridades de la CNEA actuales están entregando la PIAP. Está circulando un expediente adonde se entregarían las acciones de la Nación a la provincia de Neuquén, que es una forma de desprenderse de la responsabilidad para luego poder entregársela a Canadá, que podría ser un buen socio si se contemplaran cuestiones de soberanía y poniendo como prioridad el futuro de nuestro ecosistema nuclear”.
Matías Alonso