50 de las 51 políticas alimentarias que implementó el Gobierno desde que asumió van, paradójicamente, en contra de la producción local de alimentos. Así lo detalla un relevamiento elaborado por el CELS, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA). Uno de los ejemplos más significativos fue la intervención y el vaciamiento del Instituto Nacional para la Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI), del que fueron despedidos la mayoría de sus trabajadores.
A eso se le suman los despidos y la reducción de personal y presupuestaria que viene sufriendo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), así como la eliminación de programas destinados a ese sector que el instituto venía desarrollando desde hacía más de 30 años. Uno de ellos fue el ProHuerta, que fue discontinuado en abril de 2024, a pesar de que era un programa de referencia a nivel internacional. Un caso similar fue el de Cambio Rural, que jugaba un rol clave para los pequeños establecimientos productivos en todo el país pero fue cerrado en octubre de ese mismo año.
“Durante el año pasado, ya habíamos perdido el 10% de la planta del INTA, alrededor de 300 compañeros se fueron de la institución”, cuestiona Sebastián Fajardo, delegado de ATE en INTA AMBA, y agrega que, en febrero de este año, el Consejo Directivo del instituto votó a favor del cierre de la Agencia Experimental del AMBA, con sus nueve agencias de extensión. “Sería la primera vez en los 70 años de historia del INTA que se cierra una experimental”, destaca Fajardo, y advierte que eso no solo afectará al personal de la institución, sino también a decenas de familias productoras que perderán el acompañamiento y la asistencia que los profesionales y técnicos del INTA les ofrecen desde hace décadas. Además, agrega que la dinámica de ajuste fue “muchísimo mayor” desde que asumió el nuevo presidente en el INTA (que es designado por el Gobierno nacional), Nicolás Bronzovich.
Por todo eso, a fines de octubre, trabajadores del INTA junto a organizaciones de productores del cordón hortícola de la zona del Gran La Plata, Berazategui, Florencio Varela y alrededores realizaron un festival en la ciudad de La Plata, para visibilizar sus preocupaciones y defender no solo sus fuentes de trabajo y el futuro de la institución, sino también el de las unidades productivas de la zona.
“¿Cómo no apoyar al INTA en la situación que está pasando, si para nosotros es una parte principal, nos aporta tecnología y el trabajo de ingenieros que estudiaron y vuelcan su experiencia en nuestros campos, con análisis de agua, de suelo y de nuestros productos?”, se pregunta Luis Pérez, uno de los productores de la Asociación 1610, de Florencio Varela, que en 2009 comenzó a producir de manera agroecológica y trabaja con el INTA desde entonces.
Ahora, Pérez sostiene que no solo carecen de la asistencia que recibían por parte de los técnicos del INTA: también deben afrontar otras dificultades en la producción y comercialización de sus productos, y eso también impacta en toda una cadena que incluye a quienes producen o comercializan los insumos que ellos necesitan, como maderas y otros materiales que ya no pueden reponer debido a la crisis que están atravesando.
“Los productores de la región son principalmente arrendatarios: con costos de alquileres encarecidos, costos fijos altos, problemas comerciales y dependencia de insumos externos dolarizados, es muy difícil sostenerse. Muchos productores están endeudados y cuando ya no sostienen el endeudamiento, se terminan yendo”, advierte Camila Gómez, coordinadora del Proyecto Regional de Ambiente y jefa de la Agencia de Extensión La Plata (recientemente cerrada). Gómez afirma que muchos ya se han ido hacia zonas con más disponibilidad de tierras, en las que el valor de los alquileres no es tan alto, como Magdalena o Brandsen, pero muchos otros directamente no están más porque se dedican a otra cosa, hacen changas o vuelven a sus países de origen.
La especialista agrega que muchas de las personas del INTA que trabajaban en las nueve estaciones experimentales que dependía de la experimental de AMBA fueron trasladadas al Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar (IPAF), donde los objetivos de trabajo son diferentes, lo que les dificulta continuar con sus líneas de trabajo previas. Esto se traduce en un debilitamiento con el vínculo con los productores, a los que, por ejemplo, ya no pueden seguir visitando con la misma regularidad que antes.
“Hay una desvalorización hacia el trabajo destinado a la agricultura familiar en general, no solo en esta región, sino dentro del INTA en general”, cuestiona Gómez, y agrega que desde las agencias de extensión no solo asesoraban a las familias productoras sobre productos y formas de producción más sustentables, sino que también les proveían semillas producidas por el INTA y otros materiales “más versátiles, con menos exigencias de incorporación de insumos externos”, para cultivos como tomate, pimiento y zanahoria. Además, ayudaron con la inclusión de papas y otras hortalizas denominadas pesadas, para diversificar sus producciones.
“También trabajamos mucho, desde la Agencia de La Plata, en la reparación de suelos”, explica Gómez. “Tratamos de trabajar todas estas cuestiones con los productores y las organizaciones, promoviendo prácticas más sustentables y amigables con el ambiente”, agrega. Por ejemplo, menciona procesos como incorporar materia orgánica vegetal, triturar los restos de cultivos e incorporarlos, compostar con restos de cultivo y promover la biofumigación.
La especialista dice que desde la experimental del INTA también estaban trabajando en otras problemáticas sociales, como las que genera el avance de la urbanización sobre zonas más rurales, que terminan rodeadas de grandes barrios cerrados.
“Nos trasladamos cuidando nuestros lugares de trabajo pero seguimos reivindicando que no se cierra la Experimental, así como las tareas que veníamos teniendo en el territorio desde las distintas agencias de extensión, porque si no lo hace el INTA, es una zona vacía”, coincide Fajardo, que trabaja desde hace años con productores de la ciudad de La Plata, y subraya que “esto afecta al cinturón hortícola más importante del país y a un montón de producciones de alimentos frescos que abastecen no solo a la Capital Federal, sino también a muchas ciudades del área metropolitana de Buenos Aires, que es la zona más densamente poblada del país”.
Soberanía alimentaria
La situación del INTA y los productores del cordón frutihortícola del AMBA se repite en distintas partes del país. Así como se visualizó esta situación durante el festival del INTA, tras el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, que fue el 16 de octubre, también se realizaron diversas manifestaciones y eventos para seguir defendiendo el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, y los riesgos que corre hoy este sector.
Ese mismo día, investigadores y especialistas de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (CALISAS) presentaron el último Informe Anual de Soberanía Alimentaria, con indicadores y datos sobre el sector. Además, se refirieron a la relevancia de la lactancia materna como primer alimento, cuestionaron el modelo agroindustrial hegemónico, advirtieron sobre la concentración en la distribución de productos y recordaron que la alimentación es un derecho constitucional en el país desde 1994, cuyo acceso debe ser garantizado.
Al día siguiente, las organizaciones de productores se manifestaron en Plaza de Mayo. Estos colectivos, nucleados en la Mesa Agroalimentaria Argentina, realizaron lo que denominaron un «alimentazo» frente a la Casa Rosada, para mostrar la crítica realidad que viven productores campesinos y cooperativos en todo el país.
Vanina Lombardi