Aclaramos en el título de esta nota que el acuerdo que anunció la Casa Blanca ayer, 13 de noviembre, es, en sus líneas generales, el mismo que la administración Trump negocia, al mismo tiempo, con otros países de la región, Guatemala, Ecuador y El Salvador.
Este hecho no niega el peso de la «relación especial» que mantendrían Donald Trump y el presidente de nuestro país, Javier Milei. Ni que Argentina sigue siendo la 3ra. economía de la región, detrás de Brasil y México. Pero esos factores no serían decisivos para las políticas estratégicas de Washington.
Subrayamos este enfoque porque la mayoría de los sectores políticos, y de los comunicadores locales, hablan como si Argentina fuera un caso único en el mundo, para bien o para mal. En AgendAR hemos tratado de tomar con pinzas este mito.
Qué hay, hasta ahora, de concreto en el proyectado acuerdo EE.UU.-Argentina. Y qué falta para que se haga realidad
La administración Trump, anuncia un acuerdo marco (framework agreement) para el comercio recíproco e inversiones con Argentina. No es un tratado de libre comercio completo firmado, sino un marco preliminar que se espera finalizar y firmar en las próximas dos semanas. Este plazo, y los correspondientes anuncios, estarán influidos por las necesidades políticas del presidente Trump, que ya sufrió cuestionamientos de la oposición Demócrata y de productores agrarios estadounidenses en este tema.
Sobre las medidas incluidas en este «acuerdo marco» ya informaron esta mañana extensamente, y con distintos enfoques, los medios gráficos y digitales argentinos. Son tentativos, porque este tratado, como los demás propuestos, deberán pasar por los Congresos de cada país latinoamericano, y en la mayoría de los casos con más dificultad, por el Congreso de los EE.UU.
Igual, ya este anuncio es un paso importante en el plano político interno de nuestro país y en su posicionamiento geopolítico, impulsado por la relación entre Trump y Milei, y la dependencia financiera del actual gobierno argentino del apoyo del Tesoro estadounidense.
Para EE.UU. este paso forma parte de una iniciativa más amplia para reducir barreras arancelarias en la región.
Todos estos futuros acuerdos están en una fase preliminar y se centran, en general, en facilitar el intercambio de productos tradicionales de los países de la región (agrarios y minerales) por manufacturas estadounidenses.
En el caso argentino, hay dificultades especiales: nuestras exportaciones agrarias más importantes compiten con las de Estados Unidos. Y la insistencia de décadas de Washington en que se respeten con rigurosidad sus patentes (medicamentos, semillas) afecta a intereses locales poderosos.
También, ha surgido en la última década una preocupación estratégica a propósito de la economía digital por parte de EE.UU. Pero todavía no está claro lo que puede exigir o imponer.
Vale la pena repasar brevemente el panorama general de los tratados de libre comercio de EE.UU. con países de América Latina:
- Panamá: Firmado en 2012, en vigor desde octubre de ese año. Cubre comercio de bienes, servicios, inversión y propiedad intelectual.
- Perú: Firmado en 2006, en vigor desde 2009. Ha impulsado exportaciones peruanas como textiles y agro productos.
- Colombia: Firmado en 2012, en vigor desde ese año. Similar al de Panamá, con énfasis en manufacturas y agricultura.
Son parte de una red más amplia: EE.UU. tiene seis acuerdos de libre comercio con 11 países latinoamericanos en total (incluyendo México y Centroamérica vía CAFTA-DR). Además, hay Acuerdos de Marco Comercial e Inversiones (TIFAs) con otros, como Brasil o Chile, que sirven de base para futuras negociaciones. Entendimientos, pero en fase de «marco» por ahora.
Las opiniones sobre estos tratados son muy diversas, por ambas partes. Pero el hecho evidente e indiscutible es que no favorecen el desarrollo industrial y tecnológico autónomo de la parte no estadounidense.
Son asimétricos, como inevitablemente lo son todos los que se firman entre un país más fuerte y otro más débil. Como lo era el tratado Roca-Runciman, firmado entre Gran Bretaña y Argentina en 1933.
Pero ese tratado no le impidió a la Argentina la industrialización sustitutiva puesta en marcha bajo Agustín P. Justo. Ni la industrialización mercado internista y el desarrollo tecnológico impulsado por Juan Domingo Perón.
Los países con población educada y alguna base industrial no marchan a la irrelevancia porque las Grandes Potencias los obligan. Serán irrelevantes si sus gobernantes tienen esa vocación.
Abel B. Fernández