300 mil millones de dólares para fines benéficos, y para decidir a qué se presta atención

OpenAI, Anthropic y Elon Musk suman, en papel, cerca de 300.000 millones de dólares comprometidos para filantropía. Es más de tres veces el patrimonio de la Fundación Gates. Y con una masa de dinero así no solo se reparte: también se decide qué problemas merecen atención.

Bill Gates cambió las políticas globales de salud con una fundación que vale menos de un tercio de lo que las empresas de inteligencia artificial prometieron destinar a fines filantrópicos. La semana pasada analizamos en esta columna qué significan para las empresas argentinas el fondo de Anthropic y las acciones de SpaceX que Musk promete regalar a cada chico de Estados Unidos. Esta semana conviene mirar una escala más incómoda. Cuando un puñado de compañías privadas concentra semejante capacidad de financiamiento, la cuestión deja de ser cuánto reparten y pasa a ser quién define de qué se habla. Si la agenda de la transición laboral la van a escribir las fundaciones de quienes fabrican la tecnología, queda planteada la pregunta argentina que nadie está haciendo: ¿quién la está escribiendo acá?

La respuesta corta: nadie con la escala necesaria. Del otro lado, en cambio, los números son difíciles de dimensionar. Anthropic comprometió el 5% de sus acciones a un fondo propio. La fundación de OpenAI tiene una participación en la empresa que la propia compañía valuó en más de 180.000 millones de dólares. Musk promete acciones por unos 11.000 millones. Casi todo eso es riqueza en papel: depende de salidas a Bolsa que todavía no ocurrieron, de valuaciones que pueden caer y, en el caso de Musk, de acciones que siguen bloqueadas hasta junio de 2027. Pero aun descontando el optimismo, el orden de magnitud no tiene antecedentes. Gates, George Soros o los hermanos Koch movieron políticas de salud, de clima y la propia política estadounidense con sumas bastante menores.

Plata que fija agenda

Las críticas más sólidas no vienen de quienes rechazan la tecnología, sino de quienes estudian cómo gobernarla. Sam Manning, investigador del centro GovAI, sostiene que la herramienta central para que esta transición salga bien es la política pública, federal y estatal, y que eso no se reemplaza con dinero filantrópico. Gene Sperling, el economista que supervisó el paquete de ayuda de la pandemia en el gobierno de Biden, va más lejos: regalar acciones de forma masiva puede servir para ganarse el apoyo del público y debilitar cualquier intento de regulación que afecte el negocio.

Anthropic aclaró que su fondo no va a hacer aportes políticos. Es cierto, pero el detalle importa menos de lo que parece, y no solo porque la misma empresa aportó en febrero 20 millones de dólares a un grupo político que impulsa la regulación de la IA. Para influir en una agenda no hace falta financiar campañas. Alcanza con financiar los estudios que después se citan, elegir qué programas piloto se prueban y definir qué cuenta como éxito. Arvind Narayanan, profesor de Princeton, lo resumió en una fórmula: la industria parece suponer que la respuesta es “automatizar y compensar”, cuando las encuestas muestran que la gente quiere un trabajo real, no un subsidio.

El argumento contrario también tiene peso. Brian Galle, profesor de Berkeley, recuerda que la Fundación Ford financió investigación agrícola en los años sesenta y que eso ayudó a desarrollar cultivos más productivos para países en desarrollo, con un efecto que, según él, evitó que miles de millones de personas pasaran hambre. Es un buen ejemplo precisamente porque muestra las dos caras. Cuando una fundación elige el problema, también elige el enfoque, los socios y los países donde aterriza. Puede salir muy bien. Pero la decisión la toma otro.

El lugar vacío

Y para Argentina: Un informe del Ministerio de Trabajo estimó que el 54% del empleo formal privado, unos 3,01 millones de puestos, está en ocupaciones donde al menos la mitad de las tareas podrían ejecutarse con IA generativa. Un estudio reciente de Colossus Lab calcula que las ocupaciones cognitivas representan el 48,6% del empleo y que, en el escenario más extremo, ese empleo terminaría 19,6% por debajo de los niveles de mediados de 2026. El mismo trabajo agrega un dato que explica buena parte del problema: el país paga por propiedad intelectual 6,3 veces más de lo que cobra, y el estudio supone que tres cuartos del capital que atraiga la IA será extranjero.

Frente a eso, el marco local es casi inexistente. En 2025 se presentaron 53 proyectos sobre inteligencia artificial en el Congreso, y solo 11 apuntaban a una ley integral. Ninguno fue aprobado, y la postura del Poder Ejecutivo es no regular el uso de la IA. La iniciativa oficial más visible del año fue en otra dirección: en junio, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para crear “sociedades automatizadas”, empresas que operan mediante algoritmos o IA sin empleados. Mientras en Estados Unidos los propios fabricantes de la tecnología ya presupuestan cómo amortiguar el desplazamiento laboral, acá la discusión pública más concreta es cómo habilitar empresas que no lo necesiten.

El problema no es que puedan llegar fondos extranjeros para acompañar la transición. Es que lleguen y no encuentren del otro lado una agenda propia con la cual negociar.

Lo que se viene

Anthropic anticipó que en los próximos meses va a detallar la gobernanza de su fondo. Brad Gerstner, uno de los impulsores de las Trump Accounts, dijo que cree poder recaudar 100.000 millones de dólares en doce meses para cubrir a todos los chicos de Estados Unidos, y que ya habló con los principales CEOs y fundadores tecnológicos. El primer destino de esta ola de filantropía es claramente el propio mercado norteamericano. Pero Galle ya sugirió otro: cubrir las necesidades humanitarias que quedaron desatendidas tras el desmantelamiento de USAID. Tarde o temprano estos fondos van a mirar hacia afuera. Cuando miren a América Latina, van a financiar lo que consideren prioritario, con quien tenga una propuesta armada.

La discusión sobre quién absorbe el costo del desplazamiento laboral ya empezó. Tiene presupuesto, tiene actores y tiene criterios propios, y se está dando en Washington y en San Francisco entre empresas, fundaciones y gobiernos que saben lo que quieren. En Argentina todavía no tiene ni mesa.

La pregunta es si alguien acá la va a poner sobre la mesa antes de que el impacto llegue, o si la vamos a discutir cuando ya esté decidida en otro lado.

Columna de IA por Esteban Terranova

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