Las elecciones del 3 de noviembre les dieron a los demócratas el control de la Cámara de Representantes y del Senado. En el Senado dieron vuelta siete bancas republicanas y, aunque al cierre de esta columna quedaban dos escaños sin definir, ya superan con margen la mayoría. Para la industria de la IA, la noticia no pasa tanto por qué leyes se van a aprobar como por cuál deja de ser posible. Y eso obliga a mirar hacia acá, donde está pendiente la pregunta argentina que nadie está haciendo.
La respuesta: con mayoría demócrata, la anulación de las leyes estatales de IA por vía legislativa queda prácticamente descartada hasta 2029, y Estados Unidos va a seguir con un mapa regulatorio armado estado por estado. La Argentina tiene el mismo dilema y todavía no lo discutió.
Nación contra estados
Para entender por qué importa hay que volver a diciembre de 2025. Ese mes Trump firmó una orden ejecutiva contra las leyes estatales de IA, y en marzo de este año la Casa Blanca le mandó al Congreso un marco de cuatro páginas con un pedido explícito: anular las normas estatales que considere excesivas y reemplazarlas por un estándar nacional mínimo. El argumento es conocido. Cincuenta regulaciones distintas encarecen el cumplimiento y frenan a las empresas. Del otro lado, los estados sostienen que mientras no haya una ley federal alguien tiene que poner reglas. California y Colorado ya tienen normas sobre decisiones automatizadas que entran en vigor el 1 de enero de 2027.
La anulación venía perdiendo incluso con el Congreso en manos republicanas. En julio de 2025 el Senado votó 99 a 1 para sacar una moratoria de diez años del paquete presupuestario, y meses después la idea quedó afuera de la ley de defensa. En junio de este año, un borrador bipartidista de Lori Trahan y Jay Obernolte propuso tres años de anulación y lo rechazaron sindicatos, organizaciones de derechos civiles y la propia comisión de IA de los demócratas en la Cámara. Ahora, con los demócratas a punto de presidir las comisiones, hay incluso un proyecto de un grupo de senadores, entre ellos Brian Schatz, para prohibirla expresamente.
Lo que sí cambia rápido es el tipo de preguntas. Desde enero, las comisiones van a poder citar a los laboratorios, pedir documentos y exigir explicaciones sobre incidentes de seguridad. Las propuestas sobre la mesa apuntan en la misma dirección. El marco de la senadora Maria Cantwell pone al NIST, el organismo federal de estándares, a definir requisitos obligatorios y pide auditorías independientes antes de lanzar los modelos más potentes. La CLAIM Act de Trahan, todavía un borrador, crearía una vía judicial federal para que quien sufra un daño causado por un sistema de IA que no usaba pueda demandar al desarrollador, sin tocar las leyes estatales. Ninguna de las dos tiene la aprobación asegurada: Trump conserva el veto y en el Senado la mayoría de las leyes necesita 60 votos.
Y ahí es donde la conversación se vuelve concreta para Argentina.
El mismo mapa, acá
La Argentina no tiene una ley nacional de inteligencia artificial. Hay proyectos presentados en el Congreso, pero ninguno avanzó. Mientras tanto, las provincias empezaron a moverse por su cuenta. En julio, la provincia de Buenos Aires aprobó con el Decreto 742/2026 un marco para el desarrollo, uso y gobernanza de la IA en su administración pública, con evaluación de riesgos y un registro obligatorio de los sistemas que usan sus organismos, e invitó a los municipios a adherir. La Suprema Corte bonaerense abrió además una consulta sobre un reglamento para el uso de IA en la Justicia. Jujuy incorporó la regulación de la IA a su constitución, y la Cámara de Diputados de Santa Fe creó una comisión especial de gobernanza de la inteligencia artificial.
Por ahora el alcance es acotado. El decreto bonaerense ordena cómo usa la IA el Estado provincial, no a las empresas privadas. Pero el patrón es el mismo que en Estados Unidos antes de la pelea: sin una regla nacional, las jurisdicciones con más capacidad institucional ocupan el espacio, y cada una lo hace con su propio criterio. El problema no es que las provincias regulen. Es que nadie definió todavía qué le toca a cada nivel del Estado.
Para una empresa que vende en varias provincias, o para una pyme que contrata un sistema de IA para atender a sus clientes, esa indefinición tiene un costo concreto, porque no sabe qué reglas le van a aplicar mañana ni quién se las va a aplicar. Es exactamente el argumento que usa la Casa Blanca para pedir un estándar único. Y es también el argumento contrario, porque si la Nación no regula, alguien más lo va a hacer.
Lo que se viene
En Washington, la discusión no termina con la elección. Lo que cambia es el precio. Algunos analistas anticipan que los demócratas podrían aceptar una anulación parcial de las leyes estatales si viene acompañada de protecciones federales reales: estándares exigibles, reporte de incidentes, responsabilidad por daños. La comisión de IA de los demócratas en la Cámara promete su propio marco antes de fin de año, todavía sin texto público. Y en enero entran en vigor las normas de California y Colorado, que van a funcionar como laboratorio para el resto del país.
Estados Unidos llega a 2027 con dos referencias que tiran para lados distintos. De un lado, una Casa Blanca que quiere un estándar nacional mínimo y que los estados se corran. Del otro, un Congreso que ahora se inclina por auditorías, reporte de incidentes y responsabilidad por daños. Hasta ahora la Argentina podía mirar a Washington como un bloque, y eso ya no corre.
Con la referencia estadounidense partida en dos, ¿hacia cuál va a mirar la Argentina cuando decida, si decide, quién regula la inteligencia artificial acá?
Columna de IA por Esteban Terranova
