Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo, está ahora tratando de impulsar un objetivo que el gobierno de Macri quiso lograr desde el primer momento. Como otros gobiernos antes que él: Tratar de flexibilizar las condiciones laborales argentinas. Que es una forma de decir que la mano de obra sea menos gravosa para el empleador.
Pero Sica parece ser un estudioso de Liddell Hart: «la estrategia de la aproximación indirecta». Ha empezado por fijarse metas puntuales y paulatinas, y negociarlas en cada caso: Reducción de las jornadas de trabajo de 8 a 6 o a 4 horas en industrias en crisis, promover un fondo de cese laboral en actividades temporales para sustituir la indemnización, y habilitar cada vez más acuerdos por productividad, son los tres ejes de la acción del ministro en esta área.
Es inevitable: los retoques de los convenios colectivos de algunas actividades son un atajo ante el rechazo del Congreso a los proyectos de reforma laboral que el Ejecutivo envió en 2017 y 2018. Este año, el oficialismo probará por tercera vez, con una iniciativa más acotada: únicamente del tramo sobre blanqueo de trabajadores, que prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus empleados.
Pero esos fracasos en el Congreso no impidieron cambios profundos en algunos sectores. La Unión Obrera Metalúrgica aceptó modificar su convenio con una flexibilización en la cantidad de horas de la jornada de trabajo. En 2018, hubo 13 empresas que activaron un esquema de reducción horaria y de suspensiones de hasta 10 días por mes. Se trata en su mayoría de empresas autopartistas o vinculadas a la construcción.
Dante Sica siguió de cerca el proceso de la UOM y validó la maniobra como una salida para evitar despidos masivos. Un dato: Sica fue asesor del gremio metalúrgico durante más de diez años y conserva una aceitada relación con el secretario general Caló, y, sobre todo, con Francisco «Barba» Gutiérrez. El ministro pretende ampliar el caso de la UOM a otros sectores en los que se acumulen suspensiones y haya personal inactivo. Lo exploraría con los mecánicos de SMATA y con la industria textil.
El funcionario también desea replicar el fondo de cese laboral que se aplica en el ámbito de la construcción. El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.
El fondo de cese laboral podría ser aplicable a trabajos temporales, como el de los peones rurales de la UATRE o el de los taxistas. Algunos abogados laboralistas, sin embargo, consideran que es inconstitucional, pues un convenio colectivo no puede suplantar una ley de orden público, como lo es la que contempla la indemnización.
Otra de las ideas que el Gobierno pone seguido sobre la mesa en las negociaciones con los sindicalistas y empresarios son los acuerdos por productividad y la necesidad de reducir costos laborales. El caso testigo fue el de los petroleros, que en 2016 aceptaron eliminar las denominadas «horas taxi» (beneficios por movilidad) a cambio de dinamizar la llegada de inversiones. Se repitió hace unos meses por un pacto inédito: Petroleros aceptó restricciones al derecho a huelga para evitar conflictos que perjudiquen la productividad del yacimiento Vaca Muerta.
Como el caso de los petroleros, hubo avances en otros rubros. En los puertos, los capitanes de ultramar aceptaron hace dos años perder beneficios salariales para favorecer el tráfico de buques internacionales con tripulación argentina. En la industria láctea, se convino con el gremio de ATILRA reducir de $3000 a $1500 el aporte patronal permanente que hacen los empresarios por cada trabajador para la obra social sindical. El ajuste fue aún mayor (de $3000 a $750) para las empresas más pequeñas.
Entre los desafíos urgentes que se trazó Sica, está convencer a Hugo Moyano de sumarse a un acuerdo para generar mayor competitividad en lo relativo al transporte de cargas y la logística. «Camioneros tiene el 93% del transporte interno. Se tiene que sentar en la mesa a negociar sí o sí», argumentan en el Gobierno. Se dio un primer paso: el flamante secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, se reunió hace dos semanas con Moyano y dos de sus hijos para recomponer el vínculo y reabrir un canal de diálogo.
En el país hay actualmente 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no tienen obra social ni derechos laborales. Si el Gobierno impulsa solo el blanqueo, quedarán relegadas las iniciativas más polémicas, que preveían cambios en el cálculo de las indemnizaciones y el regreso de las pasantías como vínculo laboral. De ahí la tarea de orfebre de Dante Sica, que no quiere hablar de «reforma laboral».