Los periodistas Jesse Drucker y Manuela Andreoni firman en el New York Times esta nota. Para sus lectores, es parte del fastidio que tiene ese prestigioso medio con el Donald. Para nosotros los argentinos tiene otro interés. No porque un ministro de este gobierno esté en el asunto. Como seguramente diría la actual Oficina de Anticorrupción «Técnicamente no es delito». El punto, para nosotros, es como la política y los negocios están indisolublemente mezclados en la sociedad moderna. Y las reglas y los controles deben adaptarse a eso.
PUNTA DEL ESTE, Uruguay — Eric Trump, uno de los hijos del presidente estadounidense Donald Trump, viajó en enero a Punta del Este, un sitio playero en una parte de la costa de Uruguay que sobresale hacia el Atlántico sur.
Eric Trump iba de camino a uno de los más ambiciosos proyectos de desarrollo que la empresa de la familia tiene en curso: una torre frente al mar de 156 condominios y 25 pisos, con una cancha techada de tenis, múltiples piscinas y un helipuerto en la azotea. “Es increíble”, dijo Eric Trump a los reporteros en el viaje. “Tenemos el mejor edificio que haya en todo Punta del Este y en toda América del Sur”.
Pero el rascacielos cilíndrico se está convirtiendo en el más reciente desastre de la extensa cartera de propiedades de la Organización Trump, una cuestión que involucra a una firma inmobiliaria argentina poco conocida cuya sede está en una ciudad fiestera y llamativa que ha sido destino para lavadores de dinero y evasores de impuestos.
Si todo sale a la perfección, la Trump Tower Punta del Este se terminará a finales de 2020, aproximadamente unos cuatro años después de lo programado. Sin embargo, la gente involucrada en el proyecto dijo no estar segura de que se termine ni de cuándo sucederá.
La construcción avanza a duras penas, en parte debido a que actualmente menos de un cuarto de los obreros necesarios están trabajando. La agencia inmobiliaria con sede en Miami que está a cargo de la venta de los condominios demandó al desarrollador local de Trump. Algunos compradores ahora están buscando vender sus unidades, lo cual posiblemente haría que los precios bajen justo cuando el proyecto necesita captar efectivo mediante la venta de nuevas unidades. La torre está deshabitada actualmente.
“Claro que no”, dijo Richard Sampallo, director del sindicato que representa al equipo de construcción, cuando se le preguntó si terminaría para la fecha contemplada de finales de 2020. Al ritmo actual, calcula que se necesitarían otros cuatro años, cuando se cumpliría casi una década desde que arrancó el proyecto.
Como sucede con otros desarrollos internacionales, la Organización Trump no es la que construye la torre de Punta del Este. Más bien otorgó la licencia de uso del nombre “Trump” a cambio de quedarse con una comisión de la venta de unidades.
Los problemas de la torre en Uruguay son un microcosmos de los retos que enfrenta la empresa del presidente estadounidense a medida que se juega su futuro en proyectos fuera de Estados Unidos. En febrero, la Organización Trump anunció que suspendería todos los proyectos de hoteles nuevos en su país. En consecuencia, la empresa depende más que nunca de proyectos internacionales a largo plazo, como los de Uruguay, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos.
Para una empresa cuyo propietario mayoritario es el presidente de Estados Unidos, esta estrategia centrada en lo internacional presenta riesgos.
Por ejemplo, según cuatro personas con conocimiento del tema, una figura clave en la concepción del contrato de Punta del Este —quien también trató de vender condominios en el inmueble– es el ahora ministro de Hacienda de Argentina. Ese ministro, Nicolás Dujovne, negoció el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (cuyo financiador más importante es el gobierno de Estados Unidos) un rescate para Argentina.
Además, algunas de las personas que han aceptado comprar condominios han enfrentado problemas jurídicos en sus países de origen, incluyendo acusaciones de evasión fiscal. Según registros inmobiliarios revisados por The New York Times, entre los compradores se encontraban al menos veintiún empresas anónimas registradas en jurisdicciones offshore, o con ventajas fiscales, como Panamá y Belice.
Una parte de las ganancias de cada venta van a la empresa de Trump, que por lo general cobra aproximadamente el cinco por ciento del precio de compra.
Otros desarrolladores internacionales de Trump también se han quedado sin combustible. Un proyecto de hotel y condominio planeado en Baja California, México, nunca pasó de los cimientos antes de ser abandonado en medio de una serie de demandas.
Otra torre en Bakú, Azerbaiyán, sigue sin abrir después de retrasos en la construcción y sobrecostos (los Trump se desvincularon del proyecto después de la elección presidencial de 2016, entre cuestionamientos sobre los vínculos políticos de su socio azerbaiyano). Al menos otros siete proyectos anunciados en otros seis países nunca despegaron.
Los representantes de la Organización Trump y su socio local, YY Development Group de Buenos Aires, se negaron a hacer comentarios.
